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La falta de atención psiquiátrica, tras los suicidios de la cárcel de Mahón

14 de septiembre de 2015

El Defensor del Pueblo denuncia 'fallos en la detección de situaciones de riesgo' psíquico. El centro penitenciario sólo contaba con un médico. En 2013 se quitaron la vida dos reclusos.

EL MUNDO (LAURA JURADO).- Un mes después de que el juez sobreseyera el caso de los dos suicidios ocurridos en la prisión de Mahón, el Defensor del Pueblo añadió nuevas incertidumbres sobre lo sucedido. Tras una inspección sorpresa realizada al centro, denunció «fallos en la detección de situaciones de riesgo» en trastornos psicológicos de los reclusos. El órgano que dirige Soledad Becerril remitió un informe a la Fiscalía General del Estado en el que, incluso, relacionaba estas deficiencias con las muertes registradas en 2013.

El suceso, dos suicidios en el centro penitenciario de Menorca en apenas seis meses, puso en tela de juicio el funcionamiento de esta prisión, inaugurada en 2011. El PSOE llegó a reclamar la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para aclarar la situación de la prisión, mientras se solicitaba que Instituciones Penitenciarias abriera una investigación sobre los hechos.

Cuatro meses después de la segunda muerte, el Defensor del Pueblo realizó dos inspecciones sorpresa al centro -24 y 25 de marzo de 2014- para examinar las condiciones de los reclusos. Tras la investigación, el órgano denunció graves deficiencias en la atención sanitaria del centro, con hasta ocho irregularidades detectadas.

El resultado incluía «posibles fallos en la detección de situaciones de riesgo vinculadas a ciertos trastornos psiquiátricos». La Fiscalía General del Estado se hacía eco hace sólo unos días del informe remitido entonces por el Defensor. En su memoria para 2014, el Ministerio Público recoge que la «falta» de recursos en materia de salud mental «podía haber propiciado fallos en la detección [...] como el caso de los dos suicidios del año 2013».

La inspección llegó un mes después de que el Juzgado número 2 de Mahón sobreseyera la causa por el suicidio del primer preso, ocurrida en abril de 2013. El juez eximió a los trabajadores de la prisión, ya que aseguró que en la muerte «no tuvo incidencia penal alguna lo hecho por acción u omisión por el personal».

La familia del segundo fallecido, un joven de 31 años al que encontraron muerto en su celda en octubre de 2013, renunció a llevar el caso a los tribunales después de las explicaciones facilitadas por el propio centro y del anuncio de Instituciones Penitenciarias de que abriría una investigación al respecto. La dirección reconoció entonces que no había activado el protocolo antisuicidio porque no había ninguna señal que alertara de que fuera necesario. A final de año, era cesado el entonces director, José Alfredo Fernández, aunque desde Interior separaban esta decisión de las trágicas muertes.

El mismo mes de la inspección de Becerril, la prisión de Mahón aprobaba un nuevo protocolo de actuación para el acompañamiento de reclusos en celda en situaciones que debían «ser vigiladas», y no sólo cuando representaran un riesgo de suicidio o autolesión alto.

Sin embargo, ésta no era la única deficiencia denunciada por el Defensor del Pueblo. El informe incluía que sólo una de las cuatro plazas de médicos estaba cubierta -el centro respondió que convocaría una más-, que se hacía un manejo terapéutico de los internos sin recursos especializados o que los partes de lesiones no incluían con detalle las causas referidas por los internos. Además, la inspección subrayó que la enfermería estaba «inoperativa», ante lo que se alegó que la escasez de internos susceptibles de ingresar hacía más conveniente que se valorara su traslado a Mallorca si era necesario.

Más allá de las irregularidades en la asistencia médica, la investigación denunció también que algunos funcionarios no llevaban su identificación, que el sistema de vigilancia «no se adecuaba a los criterios de la institución» o que el espacio en los módulos resultaba «insuficiente».

'La actuación de los trabajadores fue correcta'

L. J. PALMA El secretario de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, fue el primero en defender la actuación de los empleados de la cárcel de Mahón tras las dos muertes registradas. Así, después de reunirse con la senadora por Menorca, Juana Francis Pons Vila, Yuste aseguró que los trabajadores habían reaccionado de forma «correcta» y negó que se hubieran producido anomalías en los procedimientos. En febrero de 2014, el juzgado número 2 de Mahón coincidía con esta explicación, y sobreseía la causa por la muerte del segundo recluso. Así, el juez eximió a los trabajadores de la cárcel, asegurando que el suicidio «tuvo como única causa la decisión voluntaria de este preso de quitarse la vida» y no la acción u omisión del personal. De hecho, destacaba que los funcionarios habían intervenido de forma «diligente y veloz» después de descubrir al recluso, que se ahorcó en su celda pero que falleció días después en el hospital Mateu Orfila. En este mismo sentido, y según recogía la agencia Efe, el juez consideraba que el relato de otros presos resultaba «contradictorio» y, en algún caso, provisto «de una clara intencionalidad o subjetividad que hace que deban ser valorados con mucha cautela». La aclaración se relacionaba con las denuncias realizadas por varios reclusos del centro penitenciario de Mahón, que iniciaron una huelga de hambre tras la segunda muerte -ocurrida en octubre de 2013- para denunciar que sufrían malos tratos físicos y psicológicos por parte de algunos funcionarios. Asimismo, aseguraban que el fallecido había sufrido amenazas del personal. Era la segunda huelga por esta causa en el año.

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