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El juez mantiene la imputación contra dos altos cargos de instituciones penitenciarias

10 de septiembre de 2015

Rechazan el sobreseimiento de la causa pedido por la Abogacía del Estado.

EL MUNDO (RAMÓN RAMOS).- El Juzgado de Instrucción 6 de Granada mantiene la imputación contra Ángel Yuste, director general de Instituciones Penitenciarias entre 1996 y 2004, y Enrique Caracuel, actual subdirector de Servicios Penitenciarios, por su presunta implicación en el caso de los vertidos continuados y sin control de la prisión provincial de Albolote, en Granada, que causaron daños medioambientales en el entorno y riesgos para la salud de las personas, según acreditan distintos informes periciales adjuntados a la causa.

Un auto del titular del Juzgado, el magistrado Miguel Ángel del Arco, rechaza la petición de sobreseimiento que solicitaba la Abogacía del Estado para los dos altos cargos de Instituciones Penitenciarias o, en su caso, su derivación de la jurisdicción penal en la que han sido denunciados a la de responsabilidad administrativa. A ambas peticiones se opone el magistrado, que abrió causa judicial a raíz de la denuncia presentada en 2010 por la propietaria de una finca colindante con la prisión. En la causa se investiga si los vertidos de la depuradora del centro penitenciario produjeron daños en el Cortijo Las Torres, así como en la flora y fauna del entorno, por donde discurre el arroyo Juncal. Además de Yuste y Caracuel, están imputados otros altos cargos de la delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por posibles delitos medioambientales y de prevaricación omisiva. En la causa está pendiente de examen por el Tribunal Supremo la directora Mercedes Gallizo, dada su actual condición de aforada.

El auto judicial, de 34 folios y fecha del 2 de septiembre, detalla multitud de comunicaciones y correos internos en los que responsables de la prisión provincial y de Instituciones penitenciarias admiten los múltiples fallos que registró la estación depuradora de aguas prácticamente desde el mismo día de la inauguración de la prisión y, como consecuencia, la existencia de vertidos y malos olores en el propio centro y su entorno, del que se quejaban tanto presos como funcionarios.

Las deficiencias de la depuradora se desprenden de multitud de informes periciales y de comunicación interna (por ejemplo: "solo traslada los residuos de los pozos a la acequia sin ningún tipo de tratamiento, el mal olor ha dado lugar a quejas generalizadas, tanto de internos como de funcionarios, se producen actos de protesta", "atascos que producen inundaciones y puede dar lugar a serios problemas de índole sanitario", "no se llevan a cabo los análisis mensuales de las muestras", "la mayoría de las instalaciones están fuera de servicio y los análisis de vertido presentan parámetros por encima de lo establecido...") que, en distintos años, califican de "desalentador" su estado, detectan elementos fuera de uso, apuntan "escasos automatismos" en su servicio o "una gran cantidad de grasas acumulada en los canales de desengrasado. el sistema no opera adecuadamente", entre múltiples fallos, según Emasagra -empresa de aguas de Granada- o "el elevado grado de deterioro de las instalaciones", que aprecia el Seprona de la Guardia Civil, entre otros.

EL DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA DEPURADORA

El defectuoso funcionamiento de la depuradora era conocido por los máximos responsables de Instituciones Penitenciarias, según la "ilustrativa referencia documental" que enumera el auto judicial en distintas fechas y años, que dan fe de los continuos requerimientos y expedientes que pesan sobre los vertidos de la prisión, así como del centro penitenciario y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). En la propia tramitación de la autorización de los vertidos por la CHG "se aprecian posibles irregularidades administrativas y legales" que "probablemente" vulneraron el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, según el auto.

Con tales premisas, el juez señala que indiciariamente tales conductas pueden ser constitutivas de presuntos delitos, ante una actuación que consistió "en no hacer nada, en no crearse problemas para que todo siga igual, por permitirse la realización de emisiones de vertidos ilegales, así como de poner en peligro la salud de las personas que viven y trabajan en la zona, y que se abastecen de nacimientos de agua contaminados, o con grave riesgo de estarlo, dados los resultados de las distintas analíticas".

Los vertidos de aguas residuales sin depurar procedentes de la cárcel de Albolote, que de modo rutinario se produjeron durante más de diez años sobre el arroyo Juncal, "suponen un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas", según el informe elaborado por el Instituto de Medicina Legal de Valencia, a instancias del Juzgado. El informe da por acreditados los vertidos sin depurar del centro penitenciario granadino desde su construcción y los daños sobre la integridad del ecosistema acuático y sobre los cultivos. "Los resultados contenidos en los informes remitidos evidencian una serie continuada de vertidos de elevada carga contaminante en materia orgánica al cauce público".

Este informe se suma al elaborado -también a instancias del Juzgado- por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, con sede en Sevilla, que indica que el 83 por ciento de las muestras recogidas en el entorno de la prisión de Albolote incumple los valores establecidos y "supera los parámetros tolerables para la salud humana", con un riesgo "grave para los ecosistemas y el uso de las aguas".

 

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