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Un segundo informe acredita los vertidos de la prisión de Albolote

31 de agosto de 2015

Se refiere a las aguas sin depurar arrojadas al arroyo Juncal durante diez años. Según el escrito, éstas supusieron "grave riesgo para la salud de las personas". Halladas en las muestras virus de la hepatitis y distintas bacterias infecciosas. El juez imputa a dos ex directores generales de Prisiones y a varios ex altos cargos.

EL MUNDO (RAMÓN RAMOS).- Los vertidos de aguas residuales sin depurar procedentes de la cárcel de Albolote, que de modo rutinario se produjeron durante más de diez años sobre el arroyo Juncal, «suponen un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas», según el informe elaborado por el Instituto de Medicina Legal de Valencia, a instancias del titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco.

El informe, al que ha tenido acceso EL MUNDO y que firma Luis Burillo Borrego, ecotoxicólogo forense del Instituto de Medicina Legal de Valencia, es contundente en sus conclusiones respecto a losanálisis realizados en el entorno del centro penitenciario granadino: da por acreditados los vertidos sin depurar del centro penitenciario granadino desde su construcción y los daños sobre la integridad del ecosistema acuático y sobre los cultivos. «Los resultados contenidos en los informes remitidos evidencian una serie continuada de vertidos de elevada carga contaminante en materia orgánica al cauce público».

Para los redactores del informe, la presencia de limos y fangos microbianos en el cauce del arroyo Juncal supone un riesgo para la salud de las personas que puedan exponerse a las aguas o los fangos extraídos del cauce, por cuanto estos medios permiten la persistencia de determinados organismos patógenos que el estudio enumera: «virus de la hepatitis infecciosa, bacterias del género salmonella (S. typhi y S. paratyphi), responsables de las fiebres tifoideas y del género shigella, causante de la disentería, así como vibrio cholerae y leptospira icterohaemorrhagiae y las esporas de bacillus anthrax son frecuentes en estos medios y su capacidad infecciosa ha sido probada». Por otro lado, los lodos de depuradora, incorrectamente tratados conservan además formas resistentes de schistosoma, taenia y acaris responsables de diversas patologías humanas.

En la causa judicial, abierta a raíz de la denuncia presentada en 2010 por la propietaria de una finca colindante con la prisión, se investiga si los vertidos de la depuradora del centro penitenciario produjeron daños en el Cortijo Las Torres, así como en la flora y fauna del entorno, por donde discurre el arroyo Juncal. Están imputados dos ex directores generales de Instituciones Penitenciarias junto a otros altos cargos de este organismo del Estado, así como de la delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por posibles delitos medioambientales y de prevaricación omisiva.

Se trata del segundo informe pericial que sitúa el origen del deterioro medioambiental en la depuradora del centro penitenciario y su falta de rendimiento, unas deficiencias en el proceso de depuración que han afectado a la calidad de sus vertidos «y, consecuentemente, en la calidad del ecosistema que alberga el arroyo Juncal, contribuyendo al deterioro apreciado en la calidad biótica de las aguas del río Colomera», según establece el informe en sus conclusiones.

Además, la modificación de la escorrentía superficial generada por la construcción de la prisión supuso «una modificación sustancial del funcionamiento hídrico de su área de influencia», contribuyendo de modo simultáneo a la erosión hídrica «acelerada e irreversible» de la cuenca del arroyo Juncal y a la desecación del sistema lagunar situado al sur de centro penitenciario.

Este informe se suma al elaborado -también a instancias del Juzgado- por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, con sede en Sevilla, que indica que el 83 por ciento de las muestras recogidas en el entorno de la prisión de Albolote incumple los valores establecidos y «supera los parámetros tolerables para la salud humana», con un riesgo «grave para los ecosistemas y el uso de las aguas». Los dos informes han sido adjuntados a la causa. Este segundo informe detecta, además, que la actual gestión del proceso de depuración «está lejos de considerarse como óptima», pese a las reformas realizadas en las instalaciones y, por otro lado, apunta a otra carencia del sistema de depuración: el proyecto preveía la instalación de «una fase final de cloración» para reducir la carga de patógenos del agua de vertido «que no ha sido instalada».

Así, el informe, que ha sido elaborado a raíz de la visita de inspección que una comisión judicial giró al centro penitenciario y el Cortijo las Torres, apunta a «una ausencia de control eficaz» sobre el funcionamiento de la depuradora, tanto por parte de los servicios de inspección de las administraciones competentes, como desde el punto de vista de los encargados de su gestión: el 54% de los análisis de control de salida realizados incumplieron alguno de los parámetros de calidad. El seguimiento analítico realizado durante estos años merece, de este modo, un duro juicio de los redactores del informe: «No sólo incumple lo estipulado en la autorización de vertido sino que constituye una imagen maquillada de la realidad del vertido».

 

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