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50 presos españoles continúan en la cárcel un año después de cumplir su condena

25 de agosto de 2015

Fueron detenidos en Ecuador por tráfico de drogas. Una reforma de la ley les beneficia, pero doce meses después aún no se les ha aplicado.

EL CONFIDENCIAL DIGITAL.- En agosto de 2014 entró en vigor el nuevo Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, que modula las penas por tráfico de estupefacientes de forma proporcional. En función del peso y tipo de droga portados en el momento de la detención, las penas han disminuido a casi una tercera parte de lo que estipulaba la legislación anterior. Condenas de más de ocho años se han reducido en la mayoría de los casos españoles a menos de tres.

Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes oficiales, al menos 50 del centenar de españoles juzgados por este motivo en Ecuador durante los últimos años pueden beneficiarse de esta nueva ley, aplicable con carácter retroactivo. 

La Fundación Abogacía Española comenzó a trabajar, en colaboración con varios bufetes españoles, en octubre de 2014, para intentar agilizar la puesta en libertad de los españoles presos, tanto en el país latinoamericano como en España.

Además de reunirse con autoridades políticas y judiciales y visitar a presos españoles en cárceles ecuatorianas, el organismo impulsó una campaña de asesoramiento e información a través de los Servicios de Orientación Jurídica Penitenciaria y los Colegios de Abogados.  El objetivo: que los ciudadanos españoles presos en cárceles españolas solicitaran el tercer grado, mientras las autoridades ecuatorianas completaba la revisión de sus condenas.

Sin embargo, un año después de la entrada en vigor de la ley, estos 50 presos (40 en España y 10 en cárceles ecuatorianas) continúan a la espera de la aplicación del nuevo reglamento.

Según explican desde la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, el motivo de la dilatación del proceso está claro: “la complejidad del sistema establecido por Ecuador para revisar las sentencias y la pasividad de las autoridades de ambos países, está propiciando que varias decenas de ciudadanos españoles sigan en prisión”.

A día de hoy, al menos 29 de estos españoles que actualmente cumplen su condena en cárceles españolas han solicitado en sus respectivos centros la revisión de su régimen penitenciario, amparándose en estas circunstancias.

Sin embargo, según datos facilitados por la Fundación de la Abogacía Española, tan solo 2 han conseguido la libertad definitiva y 4 el régimen abierto (tercer grado), tras recurrir al juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Este organismo denuncia “la lentitud y escasa atención de las autoridades ecuatorianas y españolas hacia estas personas, que se hayan despojadas de una tutela judicial efectiva, realizada en plazo y con la debida diligencia, y en justa atención a la importante entidad de los derechos afectados”, encontrando como única causa de esta “desatención”, una “completa muestra de desidia”.  

Por ello, solicitan al Gobierno español que haga cuantas gestiones sean necesarias con las autoridades ecuatorianas para que “agilicen la puesta en libertad de los presos que han cumplido sus condenas” en base a lo que legalmente les corresponde.

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