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Las cárceles españolas se desmasifican

23 de agosto de 2015

El recluso tipo es un varón, español, de entre 41 y 50 años, y que cumple condena definitiva por un delito contra el patrimonio.

LA RIOJA - COLPISA.- O las fuerzas de seguridad son cada vez más efectivas en la prevención de los delitos o los españoles y los extranjeros que residen en España se comportan cada vez mejor. Sea por una cosa o por la otra, o por la suma de ambas, el caso es que España se ha convertido en un verdadero caso de estudio penal en los países occidentales, según apuntan los expertos de diferente signo. España encabeza, con mucho, el descenso de la población penitenciaria entre los países de la UE y otros de similar nivel socio-económico.

El anuario estadístico del Ministerio del Interior, el más exhaustivo análisis de la radiografía de las cárceles nacionales, fue publicado hace solo unos días. Y el estudio pormenorizado confirma las buenas noticias: las cárceles están en una crisis profunda. Si las prisiones fueran un negocio privado, desde luego a los empresarios carcelarios les esperaría un futuro, cuanto menos, gris. El año pasado se cerró con 65.017 personas entre rejas en los centros penitenciarios del país. Y lo que es mejor, desde 2009, cuando los centros españoles llegaron a la cifra récord de 76.079 presos, la cantidad no ha hecho más que disminuir, un 13% en solo cinco años. Una caída media de 1.500 internos al año. Solo entre 2013 y 2014, la colonia penitenciaria se redujo en 1.748 personas.

O lo que es lo mismo, cada día del año pasado los penales de país perdieron a 4,5 de sus residentes. «Vivimos en una situación impensable hace solo unos años, cuando cada doce meses aumentaba la población en casi 4.000 personas. Pasamos veinte años sin lograr frenar ese crecimiento y ahora llevamos seis años de descenso imparable», apunta uno de los responsables de Instituciones Penitenciarias.

España se ha vuelto a situar en niveles de ocupación penitenciaria de 2006, con una población global mucho mayor y mejor infraestructura que por aquel entonces, cuando comenzaron a terminarse los grandes y modernos centros modulares, que sustituyeron a las viejas cárceles de pabellones.

Si positivos son los datos generales, también lo son las cifras más detalladas. La caída de los internos es generalizada en todos los niveles. Menos jóvenes, menos viejos, menos hombres, menos mujeres y menos extranjeros. En los centros nacionales había a 31 de diciembre del año pasado 60.040 varones (1.642 menos que en 2013) y 4.977 mujeres (106 menos que a finales de 2013).

El descenso de los presos foráneos, si cabe, es mucho más marcado. Desde que en 2009 la población extranjera alcanzara su máximo con 27.162, este colectivo ha caído un 28% en apenas cinco años, hasta las 19.697 personas. La fuerte caída de los reclusos no españoles, muy por encima del descenso de los nacionales, ha hecho, además, que los extranjeros pierdan peso proporcional en las prisiones. Hace un lustro los foráneos eran el 35,7% de la colonia penitenciaria. Ahora ese porcentaje se ha reducido al 30,3%.

VARÓN Y ADULTO

Pero más allá de la confirmación de que las prisiones viven, afortunadamente, su crisis más profunda desde la llegada de la democracia, el estudio de Interior analiza, como nunca antes, el perfil de esas decenas de miles de personas que en España viven privadas de libertad. Empezando por el perfil tipo del recluso español. Se trataría de un varón, español, de entre 41 y 50 años, y cumpliendo condena (no preventivo) por «delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico» del nuevo Código Penal (el de 1995).

Por partes. La radiografía por edades de los presos españoles arroja datos muy concluyentes. Tres de cada cuatro internos penados (71,2%,) tiene edades comprendidas entre los 31 y los 60 años de edad. La población juvenil prácticamente es residual (0,7%), y de adultos jóvenes (15,4%) tampoco es significativa. La edad media del recluso ya condenado en España es de 39,7 años. Esta edad baja a 37,8 en el caso de los preventivos.

En España, no hay demasiados presos pendientes de juicio en comparación con los países de su entorno. Y, a pesar de la lentitud de la justicia, el porcentaje cada vez es menor. El 85,9% de la población reclusa está condenada a penas de prisión (1,9 puntos porcentuales más que el año anterior) y el 13,2% se encuentran en situación preventiva (0,7 puntos porcentuales menos que el año anterior).

La inmensa mayoría de los reclusos españoles no puede abandonar la prisión, pero tampoco vive aislado. Esto es, el 81,1% de los internos ya condenados está clasificado en segundo grado de tratamiento. El 16,7% de los presos sí que puede abandonar la cárcel durante el día por estar en el tercer grado. El pasado año, en España había solo 1.103 reclusos en primer grado, lo que suponía en muchos casos su incomunicación e interceptación de comunicaciones por considerarlos muy peligrosos. En primer grado hay grandes delincuentes como homicidas reincidentes, violadores, miembros de banda organizada y terroristas. Este último colectivo, el de los terroristas, al que el Ministerio del Interior dedica un apartado específico, esta compuesto por 471 personas (404 hombres y 67 mujeres). En las cárceles españolas hay 376 miembros de ETA, 51 yihadistas, 21 grapos, 8 miembros de bandas independentistas gallegas y quince de otras organizaciones armadas.

Un dato muy destacado es que en España, obviamente, cada vez quedan menos internos juzgados por el Código Penal de 1973. Entre rejas solo hay 329 reclusos (un 0,6% del total) que no han sido castigados con la reforma de la ley penal de 1995. Y todos, obviamente, por delitos muy graves por los que están cumpliendo una pena de más de dos décadas de reclusión. De los juzgados tras la reforma del Código Penal de hace 20 años, más de la tercera parte de los presos, un 37,7%, está entre rejas por «delitos contra el patrimonio». Es decir, mayoritariamente, robos, asaltos o atracos.

El peso de esta tipología delictiva, no obstante, va cayendo año a año, como también va lentamente descendiendo el porcentaje de reclusos del segundo grupo más numeroso, el de los condenados por delitos «contra la salud pública».

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