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La ONU advierte sobre torturas e impunidad en las cárceles brasileñas

14 de agosto de 2015

El organismo hizo la denuncia después de recorrer durante dos semanas sin aviso los centros penitenciarios del país. La información será volcada en un informe ante el Consejo de Derechos Humanos.

INFOBAE AMERICA.- La ONU advirtió este viernes que en Brasil existe un "alto nivel de impunidad" a la hora de investigar los casos de tortura en el sistema penitenciario, una práctica "estructural" que el organismo identificó al visitar varios establecimientos del país.

"Recibimos múltiples y creíbles testimonios de personas que fueron interrogadas bajo algún método coercitivo o incluso tortura en las etapas iniciales de su detención e interrogatorio" afirmó el relator especial de la ONU sobre la tortura Juan Méndez, en una conferencia de prensa en Brasilia.

Méndez viajó casi dos semanas por cinco estados brasileños y realizó inspecciones sin aviso en prisiones, comisarías, centros de detención juvenil e instituciones de salud mental.

En los testimonios, los detenidos relataron "golpes, a veces con cachiporras, en algunos casos electrocuciones con pistolas Taser, casos de asfixia, ya sea con agua o con bolsas en la cabeza", detalló.

El especialista advirtió en sus hallazgos preliminares -que serán profundizados un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU- que no hay evidencias de que los casos de tortura son debidamente investigados por el gobierno.

"Cuando te encuentras con varios casos creíbles y ves que no muchos se investigan -y mucho menos se presentan acusaciones o se castigan-, concluyes que hay un alto nivel de impunidad", aseguró Méndez.

La cantidad de testimonios recogidos le llevan a pensar que no es un fenómeno aislado, sino que "estructuralmente ocurre y es dejado impune por falta de acción para investigar".

Con más de 600.000 prisioneros, Brasil tiene la cuarta población carcelaria del mundo, integrada en su mayoría por jóvenes y afrodescendientes.

El Congreso brasileño estudia actualmente una propuesta para reducir de 18 a 16 años la edad de imputabilidad penal, iniciativa a la que se oponen el gobierno, la Iglesia católica y también el relator Méndez.

Además de violar estándares internacionales, juzgar a los adolescentes como adultos "sería un error desde una perspectiva práctica, porque sólo aumentaría la superpoblación" de las prisiones, señaló el relator.

Méndez visitó también centros de detención de adolescentes en Sao Paulo, y constató que no siempre reúnen las condiciones necesarias para cumplir con su función socioeducativa, sino que por el contrario, "se parecen a una prisión".

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