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Los presos, asignatura pendiente del Plan Nacional contra la Hepatitis C

28 de julio de 2015

Sólo el 2,8% han accedido a la terapia con los medicamentos de última generación. Desde 2006, se ha recortado un 48% el gasto en hepatitis C en las cárceles. Un proyecto piloto en Murcia facilitará información y el acceso a la nueva medicación.

EL MUNDO.- Meses y meses de 'batallas' por parte de los afectados por hepatitis C han logrado la constitución de un Plan Nacional (el pasado mes de abril) y el firme compromiso gubernamental de que, de forma progresiva, en los próximos tres años los pacientes con fibrosis en grado F4, F3 y F2 tendrán acceso al tratamiento de última generación, cuyas tasas de curación son superiores al 90% y en un plazo de entre tres y seis meses. Un precepto que, sin embargo, no se está cumpliendo en las cárceles, donde la tasa de infectados es hasta 13 veces superior a la del resto de la población (20% frente al 1,6%, aproximadamente).

Una paradoja muy desafortunada, sobre todo teniendo en cuenta que el propio Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C "dice que los internos son población de actuación preferente por tener un riesgo de transmisión muchísimo más alto", exponen fuentes de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (Sesp). Hay un "gran porcentaje de adictos a drogas y el virus de hepatitis C se transmite por vía intravenosa". En este contexto también se exponen a prácticas de riesgo como "la realización de tatuajes y piercings sin control médico".

Sin embargo, según datos facilitados por dicha sociedad, sólo alrededor del 2,8% de todos los reclusos en España (hay unos 65.000, de los cuales unos 13.000 están infectados por el VHC), están siendo tratados con los nuevos medicamentos, lo que supone unos 360. "Una cantidad ridícula", afirma Antonio Bernal, presidente de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (Fneth).

OBSTÁCULOS

Ya en 2012, "cuando se empezaron a aprobar los primeros fármacos de acción directa (telaprevir y boceprevir), a los médicos penitenciarios se nos prohibió taxativamente prescribir este tipo de terapias", cuenta uno de los galenos que prefiere quedar en el anonimato. Una restricción que hoy continúa vigente. "Es la única enfermedad para la que nuestra firma no vale, cuando yo he tratado a más de 500 pacientes con el anterior tratamiento a base de ribavirina e interferon, que es más difícil de controlar y con más efectos secundarios".

La orden, explica este experto, es que sea "un especialista quien indique la pertinencia de este tratamiento". Se trata sólo de "uno de los obstáculos que se han puesto para reducir el número de pacientes tratados" en las prisiones. En el entorno penitenciario, agrega el médico de la Sesp, "este tema se está llevando desde un punto de vista puramente económico (desde 2006 se ha recortado un 48% el gasto en hepatitis C), sin pensar en los pacientes". Por primera vez en la historia de la sanidad penitenciaria, continúa, "se ha perdido el concepto de equidad. No se está tratando igual a los presos que al resto de la población".

También lo denuncian desde la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFHC), aprovechando que hoy es el día mundial de esta infección. Así como en la población general, poco a poco, "los tratamientos se van administrando, el problema se da en las cárceles, donde los presos tienen serias dificultades para acceder a las nuevas terapias, incluso se les deniega", subraya Mario Cortés, ex presidente de Plafhc. Concretamente en Galicia, señala esta organización, sólo han recibido tratamiento con los nuevos antivirales 10 de los 700 reclusos. "Es urgente que se realicen las gestiones necesarias para que reciban los tratamientos farmacológicos adecuados, según el criterio de los médicos que les atienden".

¿QUIÉN PAGA?

El problema reside fundamentalmente en una cuestión: ¿Quién debe sufragar el coste del tratamiento de hepatitis C: Instituciones Penitenciarias o las Comunidades Autónomas? Argumentos aparte, independientemente de quién pague, el paciente recluso "tiene tanto derecho a las nuevas terapias como cualquier otra persona en libertad", recuerda Bernal.

En los últimos meses, dicha asociación estaba diseñando un programa de información y formación a los internos. "Es importante que conozcan las vías de contagio, cómo prevenir el virus de hepatitis C y explicarles las nuevas posibilidades de tratamiento". Sin embargo, ante la discrepancia existente entre organismos, apunta Bernal, "tuvimos que paralizar el proyecto, ya que no había garantía de que los presos afectados pudieran acceder a los fármacos de última generación. Les íbamos a causar más angustia al trasladarles que tienen la posibilidad de curarse, pero no el acceso, por una cuestión meramente económica".

La idea era esperar a que las comunidades autónomas se comprometieran a tratar a la población reclusa en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos. Dentro del Plan Nacional contra la Hepatitis C, Instituciones Penitenciarias ha hecho una propuesta de acuerdo. Consiste en que, de momento, "los sistemas de salud autonómicos se hacen cargo de los tratamientos hasta que se dirima judicialmente quién tiene que pagarlos", argumentan desde la Sesp. En Castilla y León, por ejemplo, "ya ha salido una sentencia que señala a las Instituciones Penitenciarias como responsables del coste de estas terapias".

COMUNIDADES QUE NO CUMPLEN

De forma progresiva "la mayoría de las regiones han ido aceptando este convenio, salvo algunas como Galicia y Madrid", según informa la Sesp a EL MUNDO. "Cataluña y País Vasco tienen transferidas las competencias en sanidad penitenciaria. Son los único sitios en los que se están cumpliendo la ley". No obstante, la Coordinadora estatal de VIH y Sida (uno de cada también está coinfectado por VIH) ha avisado de que Asturias, Castilla y León y la Comunidad de Madrid no están suministrando el tratamiento a los presos. (...)

 

(ARTICULO INTEGRO EN LINK A LA FUENTE) 

 

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