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Interior presume de "transparencia" en las cárceles mientras impide que diputados las visiten

14 de julio de 2015

Amaiur le pide explicaciones a Instituciones Penitenciarias tras el veto a la visita de diputadas del PSdeG a cárceles gallegas. El Gobierno central asegura que las prisiones españolas gozan de la "mayor transparencia" e insiste en la prohibición.

EL DIARIO (DAVID LOMBAO).- El pasado abril el Ministerio del Interior impedía que una delegación de diputadas del PSdeG en el Parlamento de Galicia visitara varias cárceles gallegas para "conocer directamente las quejas" de la población reclusa y evaluar el estado general de los centros penitenciarios. Entre los argumentos esgrimidos por Instituciones Penitenciarias para sustentar la prohibición figuraba estos centros ya "son visitados por diputados y senadores nacionales cuando así lo solicitan". La explicación sorprendió en el Congreso de los Diputados, a algunos de cuyos miembros también se les vienen aplicando vetos parecidos. Tras una nueva pregunta Interior presume de "transparencia" en las cárceles, pero insiste en el veto a los diputados.

La publicación de la información en eldiario.es sobre esta prohibición a las socialistas gallegas fue recogida por Jon Iñarritu, diputado de Amaiur, formación que se dirigió formalmente a Interior por considerar "extraña la afirmación de Instituciones Penitenciarias" sobre las supuestas visitas de miembros de las Cortes a las prisiones, toda vez que "diputados y senadores de Amaiur en numerosas ocasiones hemos solicitado tanto visitar centros penitenciarios como a internos y en todos los casos se nos negó esa posibilidad, e incluso alguna de nuestras solicitudes quedó sin respuesta". Además, indicó Iñarritu en su escrito, el Ministerio le prohibió al Defensor del Pueblo Andaluz visitar la cárcel de Córdoba para "interesarse por la situación de los internos que padecen enfermedad mental".

Estos impedimentos, profundiza Iñarritu, se producen en una situación en la que "los parlamentarios autonómicos y estatales no son los únicos que se han encontrado ante situaciones de este tipo". Así, por ejemplo, recuerda, "el 27 de junio de 2013 varios europarlamentarios intentaron visitar sin éxito el centro penitenciario de Logroño y al preso vasco Arnaldo Otegi". En aquella ocasión la dirección de la cárcel "argumentó a los eurodiputados que no existía constancia de ninguna petición" y, después "de una hora haciendo gestiones, un mando de la Guardia Civil les comunicó que no podían efectuar la visita y procedió a identificarles", hecho que "chocó sobremanera a los miembros del Parlamento Europeo".

Ante todas estas prohibiciones, sufridas también por "jueces, fiscales, miembros de organizaciones internacionales" e incluso del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa" Iñarritu reclamó que el Gobierno de España aclarara las razones por las que "dificulta o impide" todas estas visitas. Exigió, además, que el ministerio aclarara por qué "faltó a la verdad" al "señalar a varias parlamentarias gallegas que los centros son visitados por diputados y senadores nacionales cuando así lo solicitan" y "cuál es la razón por la que se impidió la visita de la delegación del Parlamento de Galicia a cárceles de Galicia". "¿No estima el Gobierno que tiene un problema de transparencia y de opacidad en relación a los centros penitenciarios, de retención y de detención?", cuestionó.

LOS ARGUMENTOS DEL GOBIERNO

La respuesta a estas preguntas llegó a finales del pasado junio. En su escrito Interior comienza especificando que sólo Catalunya tiene transferidas las competencias en materia penitenciaria, mientras que "en la Comunidad Autónoma de Galicia no se encuentra transferida", por lo que "los miembros de las Cámaras Autonómicas carecen de prerrogativas para fiscalizar una actividad estatal". "Por análogo motivo -afirma- los defensores del pueblo de las comunidades autónomas" carecen, a su juicio, de "facultades" para realizar esta labor a no ser que lo hagan "en coordinación y con el apoyo del Defensor del Pueblo nacional".

"El control de la actividad de la Administración Penitenciaria se realiza a través de diversas instancias", tanto por parte de "organismos encargados de la defensa de los derechos humanos" como por parte de la judicatura y de la Fiscalía, señala. Además, el Ministerio asegura que "existe un control por parte de diputados y senadores", si bien, al contrario de lo respondido a las parlamentarias gallegas, matiza que lo hacen "de conformidad con lo establecido en los Reglamentos de las Cámaras".

En este escenario Instituciones Penitenciarias concluye que "se puede afirmar que la gestión y el desarrollo de la actividad penitenciaria goza de la mayor transparencia". La española, afirma, "es una de las legislaciones que más controles contemplan en el ámbito de la Unión Europea, existiendo una gran injerencia por parte de las diversas instituciones". Los diputados y diputadas, en cualquiera caso, seguirán teniendo prohibido el acceso.

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