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¿Qué oculta el Gobierno en las prisiones?

28 de mayo de 2015

Recientemente, un diputado del Bundestag, que participa habitualmente en expediciones internacionales de supervisión de asuntos penitenciarios, me indicaba que en sus misiones le había sido más fácil entrar incluso en las cárceles turcas que en las españolas. Lo cierto es que esa dificultad la hemos vivido también los representantes parlamentarios de Amaiur, en nuestros intentos de visitar prisiones como a personas internas, pero no somos los únicos como veremos a continuación.

NAIZ (JON IÑARRITU, Diputado de Amaiur).- El pasado mes de abril, numerosos diarios gallegos informaban que el Gobierno había denegado la autorización para que una delegación de parlamentarios de Galicia visitara los centros penitenciarios de su Comunidad, con el fin de conocer su estado y el tratamiento de la población reclusa. Instituciones Penitenciarias (IIPP) les informó que no se autorizaban dichas visitas porque «la actividad penitenciaria es competencia del Estado» y, además, «se realiza en abierta colaboración con las diversas autoridades judiciales, especialmente con los juzgados de vigilancia penitenciaria y la Fiscalía, al igual que con el Defensor del Pueblo». Indicó también que «los centros son visitados por diputados y senadores nacionales cuando así lo solicitan».

Pero como mencionaba anteriormente, los diputados y senadores de Amaiur en las diferentes  ocasiones que hemos solicitado, tanto visitar diferentes centros penitenciarios como a personas presas, en todos los casos se nos ha negado esa posibilidad, incluso algunas de nuestras solicitudes han quedado sin respuesta, por lo que el Gobierno mintió en su respuesta al Parlamento de Galicia al señalar que los diputados y senadores visitan las cárceles cuando lo requieren.

Por si fuera poco, los parlamentarios autonómicos y estatales no son los únicos que se han encontrado ante situaciones de este tipo. En junio de 2013, varios europarlamentarios intentaron visitar el Centro Penitenciario de Logroño y al preso vasco Arnaldo Otegi. A pesar de que los trámites para la visita se efectuaron el 5 de junio, la dirección de la cárcel no respondió y el día 27, a las puertas de la prisión, un mando de la Guardia Civil  indicó a los europarlamentarios que no existía constancia de ninguna petición y procedió a identificarles. Un hecho que chocó sobremanera a los miembros del Parlamento Europeo, quienes denunciaron que semejante obstrucción a su labor parlamentaria no la habían visto en ningún Estado miembro de la UE.

Estos hechos contrastan con situaciones como las narradas en la biografía de Nelson Mandela ‘El Largo camino hacia la libertad’, en el cual señala que, en la década de los 60, en la Sudáfrica del Apartheid, a pesar de que él y los presos del Congreso Nacional Africano y de Umkhonto we Sizwe (La Lanza de la Nación) eran presos con medidas restrictivas, recibían visitas de diputados sudafricanos, sin contar estos con ninguna restricción. ¿Lo que era posible en la Sudáfrica del Apartheid no es posible en un Estado miembro de la Unión Europea en pleno siglo XXI? 

Esta obstaculización para poder visitar los Centros Penitenciarios del Estado por parte de los parlamentarios, se la han encontrado también jueces, fiscales y miembros de Organizaciones Internacionales (OOII) a la hora de visitar centros de detención o retención. Cabe destacar que en mayo de 2013 y 2014 el Ministerio del Interior no permitió la visita de numerosos jueces y fiscales al Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco. Un hecho que fue denunciado por ser una falta de transparencia y una notable opacidad.

De igual forma, se ha conocido que, el pasado mes de abril, IIPP rechazó la solicitud del Defensor del Pueblo Andaluz de visitar la cárcel de Córdoba, con la finalidad de interesarse por la situación de los internos que padecen enfermedad mental, alegando que no resultaba conveniente alterar el régimen penitenciario actual de los internos.

Por último, cabe recordar que en el informe del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa, publicado en 2013, se informa que durante su sexta visita periódica a España, entre mayo y junio de 2011, el Comité incluye una queja expresa por los problemas que encontró para acceder a la Unidad de Detención del Servicio de Información de la Guardia Civil en la Dirección General del instituto armado, en la calle Guzmán el Bueno de Madrid. En la página 10 del dictamen, señala que tras llegar al lugar la delegación, «durante algo más de una hora, oficiales de la Guardia Civil negaron el acceso a la zona de detención, aduciendo que el edificio estaba fuera de uso». «Dado que prácticamente todas las personas detenidas a las que se aplica el régimen de incomunicación son trasladadas a estas dependencias, este argumento no es válido», replica el CPT. La Guardia Civil indicó a los enviados europeos que no había llaves del edificio. Finalmente, el Comité explica que «la delegación consiguió encontrar una puerta trasera, que les abrió desde dentro un encargado de la limpieza».

En definitiva, es una evidencia que el Gobierno dificulta o impide la visita de prisiones, centros de detención y centros de retención a los diputados, senadores, parlamentarios autonómicos, europarlamentarios en el ámbito de su labor parlamentaria y a defensores del pueblo, fiscales, jueces y representantes de OOII en el ámbito de sus funciones. Para ello, el Gobierno no duda en utilizar todo tipo de excusas y mentiras por lo que cabe preguntarse: ¿Qué ocultan?

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