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ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS

¿A quién le importan los presos?

23 de mayo de 2015

La política penitenciaria, dependiente del Ministerio de Interior salvo en Catalunya, sigue siendo la gran olvidada de los programas electorales.

DIAGONAL (DANIEL MORGADO, TER GARCÍA).- Si en alguna ocasión se mencionan las cárceles en los programas electorales es de manera coyuntural, como reflejo de la utilización del Código Penal y el endurecimiento de las penas de prisión con el objetivo de ganar votos”, explica Paz Francés Lecumberri, abogada y miembro de Salhaketa. Aunque el ámbito de la Justicia ha sido uno de los protagonistas de la actual legislatura, con la aprobación de las últimas reformas del Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana o la de Enjuiciamiento Civil, las políticas penitenciarias rara vez son mencionadas en los programas y campañas electorales, y, cuando lo son generalmente es para prometer penas más largas o la construcción de más centros penitenciarios –en la presente legislatura se han construido siete nuevos centros penitenciarios que se sumaron a los 60 levantados entre 1997 y 2012, años de la burbuja de la construcción. Muchos de ellos permanecen cerrados porque no hay dinero para su apertura–.

En las pasadas elecciones generales de 2011, el PSOE prometía modernizar las instalaciones penitenciarias y potenciar las condenas de corta duración y de beneficios a la comunidad. Por su parte, el Partido Popular ya avisaba en su programa electoral de su política de mano dura y anunciaba que introduciría la prisión permanente revisable en nuestro ordenamiento. La candidatura de Rajoy también prometía dar más vía libre a los funcionarios de prisiones a la hora de decidir sobre las condiciones en los centros penitenciarios, aunque no decía nada de la Ley de Seguridad Privada aprobada en abril de 2014 y con la que se abrió la puerta a la privatización de la seguridad exterior en los centros penitenciarios, beneficiando a las grandes compañías de seguridad como Prosegur o Eulen.

Para las elecciones de 2011, Izquierda Unida se limitaba a apostar por la lucha contra la homofobia en los cárceles, aunque en el programa de 2008 había presentado unos objetivos más amplios en cuanto a política penitenciarias que incluía el acercamiento de los presos a sus lugares de origen o residencia o regular penas alternativas a la prisión.

En las elecciones generales de 2011, ninguno de los partidos políticos con representación a nivel estatal mencionó en su programa electoral las cifras de muertes en prisión, las torturas a las personas presas o el régimen de Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES), a pesar de que desde las organizaciones civiles se ha denunciado cómo este sistema facilita la práctica de la tortura.

A día de hoy, el sistema penitenciario, dependiente del Ministerio de Interior –salvo en el caso de Catalunya, donde depende del Departament de Justícia–, sigue fuera de las agendas de los partidos políticos.

La única mención hasta el momento a la política penitenciaria en los programas electorales para las elecciones que se celebrarán este año ha sido por parte de Podemos y sólo en relación a la dispersión de los presos vascos, aunque desde el partido no han concretado aún si, en el caso de que consigan la mayoría en las elecciones generales de noviembre, pondrán fin a la política de dispersión que ha cumplido ya 25 años.

 

 

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