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Aprobado el Estatuto de la Victima que la habilita para recurrir los permisos y la libertad de los presos

17 de abril de 2015

El PP aprueba el estatuto de los damnificados entre críticas de una oposición que le acusa de dificultar la reinserción. PERMISOS: La oposición no ve con buenos ojos el artículo 13. Permite a la víctima recurrir cuando los beneficios penitenciarios, los permisos de salida y la clasificación en tercer grado afecten al límite de cumplimiento de condena. También podrán recurrir la puesta en libertad condicional si el preso ha sido condenado a más de cinco años de cárcel. Las víctimas no necesitarán abogado para anunciar la presentación del recurso, y dispondrán de cinco días de plazo. El artículo es aplicable a los damnificados por delitos de homicidio, contra la libertad, aborto forzado, lesiones, tortura y ataques contra la integridad moral, agresiones sexuales, robos con violencia o intimidación, terrorismo y trata de seres humanos. MEDIDAS DE SEGURIDAD: Podrán pedir “medidas o reglas de conducta” para una persona en libertad condicional al objeto de garantizar su seguridad. ENCUENTROS RESTAURATIVOS: Se promoverán experiencias de mediación si lo desean la víctima y el acusado.

NOTICIAS DE GIPUZKOA (MÍRIAM VÁZQUEZ).-  El Gobierno español ha dedicado guiños de calado a sus sectores más inflexibles en los últimos meses, la mayoría de ellos encaminados a que los presos, particularmente los de ETA, cumplan íntegramente sus condenas. Así, el gabinete de Mariano Rajoy se negó a descontarles la condena cumplida en Francia aunque lo haya pedido la Unión Europea, y ha impulsado la prisión permanente revisable para los delitos de terrorismo, una medida que la oposición interpreta como una cadena perpetua encubierta por mucho que se abra la puerta a estudiar la liberación del preso 25 o 35 años después de su encarcelamiento. El pasado 26 de marzo, el PP aprobó esa medida en el Congreso de los Diputados arropado por las víctimas que acudieron invitadas, entre ellas Mari Mar Blanco, la hermana del concejal del PP asesinado por ETA, Miguel Ángel Blanco. En ese contexto, el PP aprobó ayer el Estatuto de la Víctima, también con damnificados en el balcón de invitados, y con un polémico artículo 13 criticado por los partidos que permite a esas víctimas recurrir la aplicación de beneficios penitenciarios a los presos e incluso su libertad condicional aunque no estén personadas en la causa. El juez de Vigilancia Penitenciaria estará obligado a informarlas y a abrir un plazo de cinco días para recibir alegaciones antes de decidir.

La oposición coincidió en tener en cuenta a las víctimas pero dudó en concederles tantas atribuciones y temió que en realidad se vaya a dificultar la reinserción de los reos. El Estatuto de la Víctima no se ciñe a los afectados por ETA, sino que es mucho más amplio y es aplicable a todo tipo de homicidios, a las agresiones sexuales o los robos con violencia. La oposición no tenía demasiado que objetar al espíritu general de la norma, pero sí al artículo 13. Ese punto detalla la participación de las víctimas en la ejecución de la pena, y les permite recurrir un amplio catálogo de decisiones del juez de Vigilancia Penitenciaria. Podrán recurrir cuando los beneficios penitenciarios, los permisos de salida y la clasificación en tercer grado afecten al límite de cumplimiento de condena, y no a la suma de las penas impuestas, es decir, cuando la medida implique reducir el tiempo de estancia en prisión del preso. También podrán recurrir la puesta en libertad condicional del acusado si el preso ha sido condenado a más de cinco años de cárcel.

Las víctimas no necesitarán abogado para anunciar la presentación del recurso, y dispondrán de cinco días de plazo. El artículo es aplicable a los damnificados por delitos de homicidio, contra la libertad, aborto forzado, lesiones, tortura y ataques contra la integridad moral, agresiones sexuales, robos con violencia o intimidación, terrorismo y trata de seres humanos. Los damnificados también podrán pedir que se impongan “medidas o reglas de conducta” a una persona en libertad condicional para garantizar su seguridad.

El espíritu de la norma se corresponde con la política cicatera del Gobierno español a la hora de conceder permisos de salida a los presos, incluso a aquellos que se desmarcaron hace años de ETA y que han hecho autocrítica, como los agrupados en la vía Nanclares. Marcado por la presión de determinados colectivos de víctimas, el Ejecutivo, a través de Instituciones Penitenciarias, ha rechazado esos permisos. Los presos han tenido que acudir a los jueces, que en buena medida han concedido esas medidas. Ahora seguirá siendo el juez quien tenga la última palabra y podría seguir adoptando una posición flexible, por más que las modificaciones introducidas ayer pudieran suponer una presión añadida en la toma de la decisión. Hasta la fecha, era el fiscal quien recurría y se oponía a los beneficios penitenciarios. En las últimas jornadas, el juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha concedido un nuevo permiso de seis días al preso crítico Joseba Urrosolo Sistiaga. Las víctimas podrán recurrir esas medidas y la libertad condicional o el tercer grado, que posibilita al preso dormir en su domicilio los fines de semana y, entre semana, salir a trabajar y dormir en un centro de inserción social.

 

ENCUENTROS RESTAURATIVOS 

 

Lo más llamativo del Estatuto de Víctimas, que entra en contradicción con todo lo anterior y con la decisión del Gobierno español de congelar los encuentros entre víctimas y presos, estriba en que su punto 15 promueve los “servicios de justicia restaurativa” y la mediación entre damnificados y condenados. Según explica el texto, las víctimas podrán acceder a ese servicio con la finalidad de obtener una adecuada reparación material y moral cuando el infractor haya reconocido los hechos, la víctima y el acusado hayan prestado su consentimiento, y el procedimiento de mediación no entrañe un riesgo para la seguridad de la víctima o su integridad moral.

 

La norma cumplimentó ayer su último trámite, con el debate en el Congreso de las enmiendas introducidas en el Senado. La del artículo 13 la introdujo el PP y fue la única no aprobada por unanimidad. Entrará en vigor seis meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, mostró su satisfacción por la aprobación de la ley y porque atender a las víctimas será ahora “una obligación y no una opción política”. Según dijo, la norma ha sido fruto del contraste con asociaciones de víctimas del terrorismo, violencia machista o accidentes aéreos, algunas de las cuales estuvieron presentes durante el debate.

 

(...) ARTICULO ÍNTEGRO EN ENLACE A LA FUENTE

 

 

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