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¿El recorte a las personas presas es de izquierdas?

15 de abril de 2015

"El SOAJP vuelve a prestarse, lo que es un triunfo de la sociedad civil, que acredita la utilidad de la movilización ciudadana para realizar transformaciones sociales y la creación de la sociedad andaluza que queremos, más allá de votar exclusivamente cada cuatro años. Sin embargo, la euforia no pudo ser completa, pues el servicio que se reestablece no es ni mucho menos el que había".

EL DIARIO (Mª DEL ROSARIO BAUTISTA, miembro del Área de Cárceles, y Maribel Mora, coordinaroda de Cárceles de APDHA).- ¿Qué conocemos de prisión? ¿Algún familiar o amigo cercano nos ha contado su experiencia? Probablemente no, porque la población que la padece procede en sus tres cuartas partes de barrios excluidos. No es extraño que varios miembros de una misma familia pasen un tiempo e incluso coincidan en el interior de la prisión. Algunas familias son tradicionalmente de abogados o médicos y otras de presos. 

 

A pesar de la evidencia de los datos, tenemos una falsa creencia del sistema penal. La enorme expectación que genera en la sociedad -lo atestiguan series como Prison Break o la inminente Vis a Vis y películas como Celda 211 o Cadena Perpetua- es adulterada por la imagen que trasladan los poderosos medios y sus indocumentados tertulianos. La imagen de hoteles con TV de plasma y piscina poco casa con la entrada en una institución donde se pierde el control sobre muchos aspectos de la vida. Estar preso en un establecimiento penitenciario implica que el contacto con el mundo exterior está siempre mediatizado por terceras personas, funcionarios, familiares o abogados, entre otros.

Las organizaciones de DDHH intentamos sensibilizar a la ciudadanía, rompiendo los falsos estereotipos creados, y denunciar que es uno de los espacios donde, por su opacidad, las vulneraciones de derechos humanos se producen con mayor habitualidad, y con mayor dificultad de control social e institucional. Malos tratos, abusos sexuales, atención sanitaria deficiente o muertes en prisión innecesarias son, entre otros, algunos temas preocupantes.

Los contrapesos del sistema son maniatados, cuando no expulsados del mismo. Así, en el último mes  se le intentó privar al Defensor del Pueblo Andaluz de su competencia para vigilar prisiones y con anterioridad se expulsó en diferentes ocasiones a esta Asociación defensora de los derechos humanos de algunas prisiones andaluzas.

Por todo ello, cobraba una utilidad especial la creación de un Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP): abogados/as independientes de la institución penitenciaria para las necesidades de defensa que surgieran en la prisión, así como en la ejecución de las condenas. Es preciso recordar que, en su mayoría, las personas presas carecen de capacidad económica para costear una asistencia letrada, por lo que la intervención del abogado de oficio finalizaba con la sentencia de pena de prisión. A partir de aquí si un preso o presa necesitaba un/a abogado/a debía costearlo por su cuenta. En definitiva, la justicia se detenía en la puerta de las prisiones.

En el 2001 se crearon en Andalucía los SOAJP, como un servicio más de justicia gratuita, prestado por los Colegios de Abogados, remunerado e independiente, después de años de reivindicaciones de colectivos de DDHH para conseguir que el derecho de defensa y tutela judicial efectiva de las personas presas fuera real. Una Orden de la Consejería de Justicia estableció este servicio y, tras la firma de un convenio bilateral entre la Dirección de Instituciones Penitenciarias y los Colegios de Abogados, comenzaron a funcionar hasta 2008, en que el sistema de convenio cambia a convenio tripartito, entrando también la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía.

LOS "OÍDOS SORDOS" DEL CONSEJERO DE JUSTICIA

Este convenio, firmado el 11 de marzo de 2008, se suscribió para tres años, quedando a partir de mayo de 2012 suspendido por la Junta, bajo la excusa de ésta de la negativa del Ministerio del Interior a firmar nuevo convenio tripartito. Pero la realidad era otra, era la forma de ahorrar del Gobierno Andaluz, que es quien pagaba este servicio. Uno más de los recortes "solapados" que en teoría no se han realizado en Andalucía, que podía ser imperceptible ante la falta de voz de las personas privadas de libertad. Entre garantizar los DDHH de presos/as y el ahorro, un Gobierno autodenominado "de izquierdas" elegía el recorte de derechos.

Se volvía así a la situación anterior a 2001 en la que si se necesitaba un abogado en la prisión o se pagaba o no se tenía asistencia letrada, sin que las Asociaciones tuviéramos la capacidad o la responsabilidad atribuida de realizar dicho servicio público profesional.

La APDHA presentó quejas a los Defensores del Pueblo Andaluz y Estatal, contactando con los grupos del Parlamento Andaluz. Hasta en siete ocasiones entró en el orden del día del Parlamento, debiendo dar explicaciones el consejero de Justicia en cinco ocasiones, siendo aprobadas hasta tres Proposiciones No de Ley, donde se le exigía al Gobierno Andaluz la restauración de los SOAJP en Andalucía por su importancia. A pesar de ello, el consejero de Justicia hizo oídos sordos a este mandato durante tres años.

El  restablecimiento del servicio que se produce ahora se ha hecho sospechosamente inmersos en campaña electoral, después de una intenso trabajo de presión social realizado por colectivos sociales andaluces y los letrados del SOAJP del Colegio de Abogados de Sevilla, organizado en torno a la campaña Reanudación SOAJP YA. La Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española, el Defensor del Pueblo Andaluz y, como no, el trabajo de algunos medios de comunicación como eldiario.es que no han dejado que este problema dejara de tener actualidad, han tenido un papel relevante.

El SOAJP vuelve a prestarse, lo que es un triunfo de la sociedad civil, que acredita la utilidad de la movilización ciudadana para realizar transformaciones sociales y la creación de la sociedad andaluza que queremos, más allá de votar exclusivamente cada cuatro años.  

Sin embargo, la euforia no pudo ser completa, pues el servicio que se reestablece no es ni mucho menos el que había. El recorte brutal del presupuesto, que pasa de los 397.600 € anuales del 2012 a 139.932 € anuales, determinará un recorte del número de días de asistencia letrada, de abogados, de su remuneración y en definitiva del tiempo que pueda dedicarle a cada persona que solicite la asistencia con la correlativa disminución de la calidad del servicio. Los Colegios deberán luchar por una recuperación económica que garantice la calidad.

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