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Madrid se declara ajeno a los fallos de Europa contra el alejamiento

14 de abril de 2015

El Gobierno español explica en una respuesta parlamentaria que no se siente vinculado por las dos condenas europeas recientes a Rusia y Ucrania por alejar a presos. Alega que las situaciones son distintas y que el número es escaso.

GARA (RAMÓN SOLA).- El Gobierno español vuelve a situarse enfrente de la doctrina europea con su política carcelaria. En esta ocasión, por la dispersión aplicada sistemáticamente a los presos vascos. Y es que en el último año y medio la cuestión del alejamiento de los prisioneros ha sido abordada y condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un doble caso en Rusia y un tercero en Ucrania. Interpelado por ello en el Congreso, recurre a dos excusas: que las situaciones de los países son distintas y que no hay un «número significativo de sentencias» en esta línea.

El interrogante fue trasladado por el diputado de Amaiur Jon Iñarritu, que preguntó al Gobierno Rajoy si «tiene conocimiento de que hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que establecen el derecho de las personas presas a cumplir condena cerca de sus domicilios porque así lo exige el derecho a la vida familiar». Se refiere al fallo relativo primero a los oligarcas rusos Jodorkovski y Lebedev y al que dio la razón después a un ciudadano ucraniano apellidado Vintmant, muy diferentes en sus características pero idénticos en cuanto al sentido de la sentencia de Estrasburgo.

En su respuesta, el Gobierno alega primero que «entiende que las sentencias que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dicte en los asuntos en que son parte estados distintos de España no son en principio directamente extrapolables a España, pues se fundan en supuestos concretos, legislaciones y decisiones administrativas o judiciales internas extranjeras que pueden ser muy distintas a las españolas».

Esta respuesta remite a la que dio hace dos semanas el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, tras conocer que la Audiencia Nacional había denegado el traslado a Zaballa a 30 presos dentro de la iniciativa de EPPK. Afirmó que la situación en Euskal Herria no puede equipararse a la de otros puntos de Europa porque aquí la dispersión forma parte de una «política antiterrorista», que mantiene vigente aunque ETA abandonara la lucha armada hace ya casi tres años y medio.

En la segunda parte de su réplica, el Gobierno asume que «cuando un criterio interpretativo sobre un mismo precepto se reitera de manera coincidente en un número significativo de sentencias, sirve como doctrina judicial orientativa». Pero no ve que sea el caso, por lo que concluye que los dos fallos «no pueden extrapolarse, en principio, a otro estado miembro».

JODORKOVSKI, EL OLIGARCA ENCERRADO EN SIBERIA

El caso de Mijail Jodorkovski y Platon Lebedev es muy conocido. Fueron altos directivos de Yukos, una de las grandes petroleras rusas, donde amasaron una fortuna. La ambición del primero chocó con Vladimir Putin, que forzó su detención y condena por delitos como evasión fiscal. En 2005, tras ser condenado a nueve años, fue encerrado en la antigua cárcel de Kasnokámensk, en Siberia, a más de 6.000 kilómetros de Moscú, y Lebedev, a unos 3.000. Ambos llevaron a Estrasburgo todo el caso y Europa no les dio la razón en las cuestiones principales, pero sí en lo relativo al alejamiento. Fue en octubre de 2013. Dos meses después, Putin indultaba a Jodorkovski, que hoy vive en Suiza. Lebedev también está libre.

VITMANT, A 700 KILÓMETROS CON LA EXCUSA DE SU PELIGROSIDAD

El caso «Vintmant contra Ucrania» fue fallado a favor del primero en octubre del pasado año. Se trata de un preso común ucraniano, condenado por robo y homicidio, que fue encerrado en una prisión situada a 700 kilómetros de su domicilio habitual, una media similar al alejamiento que sufren los presos vascos. Yevgeni Vintmant tiene sobre sus espaldas una cadena perpetua y el Gobierno ucraniano argumentó que acumulaba además numerosas vulneraciones del reglamento penitenciario, por lo que se le había tenido que aplicar un régimen de especial seguridad. En opinión de Estrasburgo, nada de ello justifica un alejamiento que impedía a su madre, anciana y con salud precaria, poder visitarle.

UNOS 200 PRESOS VASCOS ESTÁN MÁS LEJOS DE CASA QUE EL UCRANIANO

Sostiene el Gobierno español que la situación en Euskal Herria no resulta equiparable a la de Rusia o Ucrania. Y efectivamente así es en lo que respecta a la política carcelaria, porque aquí el alejamiento de los presos no es puntual ni individual, sino sistemático y colectivo. De hecho, el informe elaborado por Etxerat hace unos pocos meses sobre la dispersión constataba que cerca de 200 presos vascos están tan o más lejos de casa que el ucraniano Yevgeni Vintmant, cuya denuncia ha prosperado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El cálculo que realizó el colectivo de familiares, en un momento en el que había 455 presos vascos en las cárceles españolas y francesas, ponía de manifiesto que más del 40% de ellos se encuentran a una distancia superior a los 800 kilómetros (64 a más de mil kilómetros y otros 122 a entre 800 y 1.000). Otro tercio, concretamente el 36,5% (166 prisioneros), se halla alejado a entre 500 y 800 kilómetros. Luego hay 31 presos a entre 400 y 500. Y únicamente 67 (el 14,7%) están a menos de 400 kilómetros de sus localidades.

Esta constatación objetiva la despeja el Gobierno español de un plumazo en su respuesta a Amaiur. Se escuda en que no hay sentencias europeas directas sobre la dispersión en el Estado español, obviando que el alejamiento sí que está siendo abordado en sus tribunales. La AN ha rechazado 30 de las cerca de 60 quejas planteadas en esta fase, después de que el pasado año la Administración penitenciaria dependiente del Gobierno rechazara los cientos de peticiones de traslado a Zaballa.

El Ejecutivo Rajoy trae a colación que en diciembre el Consejo de Europa certificó que «el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha encontrado que España haya vulnerado el Convenio Europeo sobre la base de que los prisioneros españoles no estén recluidos en instituciones penitenciarias cercanas a sus familiares». Se trata una media verdad, porque lo cierto es que Estrasburgo no ha tenido que posicionarse sobre la cuestión, dado que para llegar a esa instancia hay que agotar el recorrido jurídico en cada estado. Tras los recursos en marcha ante la sección superior de la Audiencia Nacional, luego tendría que posicionarse todavía el Tribunal Constitucional antes de abrir la vía europea.

Como se recordará, la «doctrina Parot» no fue anulada por Europa hasta siete años y medio después de la sentencia pionera. Para entonces, algunos presos habían purgado seis años «extras».

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