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Juan Luis Ibarra, Presidente del TSJ del Pais Vasco: “La aplicación de la cadena perpetua va a ser una pena cruel"

11 de abril de 2015

El presidente del Tribunal Superior de Justicia vasco cree que "sería un error que no se produjera el acercamiento si los presos de ETA aceptaran la socialización asumiendo las responsabilidades por los delitos cometidos".

EL DIARIO (AITOR GUENAGA).- Juan Luis Ibarra (Sopelana, 1948) se presenta a la reelección al frente del Tribunal Superior de Justicia vasco con parte de sus objetivos cumplidos. Las relaciones institucionales con el Gobierno vasco han mejorado, los jueces ya no están lastrados por la amenaza terrorista “ni presionados” por ETA en su trabajo. El magistrado Ibarra defiende el trabajo “serio y exhaustivo” del juez del ‘caso de Miguel’, criticado por el PNV, y cuestiona que Euskadi sea un oasis en la lacra de la corrupción. "Si realmente fuéramos un oasis en el tema de la corrupción no hubiéramos permitido durante 30 años la extorsión a los empresarios por la organización terrorista ETA", asegura en esta entrevista justo antes de que se inicie el próximo 15 de abril el plazo para optar a la reelección en el cargo, algo que todas las fuentes judiciales consultadas dan prácticamente por hecho.

¿El objetivo es que en esta legislatura Donostia tenga finalmente la Nueva Oficina Judicial (NOJ)?

Así es. El problema es que el nivel de coordinación necesario entre los Gobiernos central y vasco es lo que hace que se retrase. Pero también de infraestructuras. La infraestructura informática ha sido nuestro gran tropezón. Lo que descubrimos en las primeras implantaciones de la oficina judicial es que no íbamos a tener el expediente informático, y deben de ir juntos. Y no lo vamos a tener en los próximos cinco años.

El anterior Gobierno llevó a la Fiscalía la no entrega de las aplicaciones informáticas pagadas con dinero público. La Fiscalía entendió que no había delito.

Sobre lo que pasó es muy sencillo, los aplicativos estaban contratados y no se entregaron. Para la NOJ necesitábamos una actualización en el sistema operativo propio que tenemos en Euskadi. Y tenían que estar hace cinco años. Y al retraso hay que unir la falta de interoperabilidad de los jueces con la Fiscalía, la del ministerio público con las comisarías policiales y la relación de todos los juzgados vascos con los de otras comunidades.

¿Esto está produciendo fallos en el sistema?

La realidad es que la interoperabilidad entre la base de datos de la Ertzaintza y de la Policía no existe. Ambos sistemas informáticos no se hablan. Lo intentaremos solucionar con una oficina judicial, de forma que será un funcionario de la Administración de Justicia el que mantenga en contacto a las policías.

¿Cómo está la plantilla de jueces en Euskadi?

En ese ámbito, no tenemos grandes expectativas de que crezca el número de órganos judiciales, pero sí la plantilla de jueces. Nuestra plantilla orgánica tiene 196 órganos judiciales y la de personal judicial son 230 jueces. De ellos, 10 responde a la figura de jueces de adscripción territorial, es decir, que no son titulares de un órgano judicial y va a ir en aumento. Y están adscritos a la presidencia del TSJPV que los distribuye de la manera más conveniente. Aquí es la Sala de Gobierno la que decide. En Madrid o Andalucía son 50 o muchos más. El problema es que la inamovilidad, al no estar adscritos a un juzgado, la tienen tocada. Aquí se está produciendo un corte generacional que va a ser muy importante de aquí a unos años. Hemos absorbido la caída de jueces sustitutos, que han caído empicado. Hasta 2012 teníamos en Euskadi 1,1 millón de euros para jueces sustitutos, ahora son 400.000 euros, así que mensualmente nos podemos gastar 30.000 euros mensuales en sustituciones.

¿Y cómo consiguen mantener el nivel de resolución de sentencias por juez?

No se consigue. Lo que haces es frenar la bajada, porque bajar, bajas. Hay una semana sin señalamientos y el juez la dedica a cubrir las sustituciones que haya que cubrir de sus compañeros. Hay menos señalamientos. La calidad no ha bajado, pero sí el número de sentencias que dictan los jueces. No se ha notado tanto en las estadísticas porque el efecto de las tasas ha sido demoledor en algunas jurisdicciones. Pero al final del año queda sin resolver el último trimestre

Usted ha dicho que Alberto Ruiz Gallardón no ha sido un buen ministro de Justicia.

Ahora no tiene mucho sentido personalizar, pero esta legislatura desde el punto de vista de la Administración de Justicia ha sido una legislatura perdida. En el 2002 hubo un Pacto por la Justicia y en esta legislatura no se ha cumplido ninguno de sus objetivos. El Pacto de Estado por la Justicia ha muerto. Abogados, procuradores, fiscales, jueces, secretarios, todos coincidimos en que nos ha resultado ciega.

Todos esos operadores jurídicos son los que han estado detrás de las pancartas contras las tasas, etc.

De pronto hemos entrado en la oscuridad y han pasado cosas que solo podemos valorar por sus resultados. Por ejemplo, la imposición de un sistema desproporcionado de tasas, que ha sido demoledor en algunas jurisdicciones, que ahora el nuevo ministro reconoce sin ambages.

El magistrado Juan Luis Ibarra, en su despacho del Tribunal Superior de Justicia vasco.

¿Qué casualidad que sea ahora, no?

Esa es la realidad. Y se nos dijo que con ese dinero se iba a nutrir el derecho a la asistencia jurídica gratuita y al final de la legislatura se nos dice: “la verdad es que no tenemos ni idea a dónde ha ido el dinero de las tasas”.

Usted ha censurado los efectos que va a tener la privatización de los registros decidida por el PP.

Al final van a estar en manos de los registradores de la propiedad mercantil en junio.

¿El presidente Rajoy es registrador de la propiedad, no?

Pues sí. Pero no hay tantos registradores mercantiles, así que serán los de la propiedad. Y aunque son funcionarios públicos viven del arancel, no viven de los presupuestos del Estado.

Alguien tendrá que pagar entonces ese servicio.

Son los ciudadanos los que lo tienen que pagar. Tienen un compromiso de que sea gratuito, pero ese compromiso se podrá mantener solo cierto tiempo. No van a asumir ese servicio para perder dinero. Además, para junio es imposible que los registros vayan a ser gestionados por los registradores. Y además no se ha evaluado el coste del servicio. (...)

 (ENTREVISTA COMPLETA EN ENLACE A LA FUENTE)

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