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Instituciones Penitenciarias impide por primera vez al Defensor del Pueblo Andaluz la entrada en la cárcel de Córdoba

25 de marzo de 2015

Los argumentos esgrimidos por la Secretaría General del Ministerio del Interior para rechazar el acceso a Jesús Maeztu aluden a que "no era conveniente alterar el régimen penitenciario habitual de los internos". El Reglamento Penitenciario dice que "las comunicaciones orales y escritas de los internos con el Defensor del Pueblo o sus Adjuntos o delegados o con instituciones análogas de las Comunidades Autónomas, Autoridades judiciales y miembros del Ministerio Fiscal no podrán ser suspendidas, ni ser objeto de intervención o restricción administrativa de ningún tipo". "Esto sería un escándalo en cualquier país europeo. Esperemos que de inmediato el Gobierno tome cartas en el asunto y ponga orden en el Ministerio del Interior", consideran desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).

<p>EL DIARIO (LUCRECIA HEVIA/JAVIER RAMAJO).- El pasado mes de octubre, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz organiz&oacute; un taller de trabajo en la sede del Parlamento de Andaluc&iacute;a con responsables de todos los sectores que tienen responsabilidad en la atenci&oacute;n sanitaria para personas enfermas mentales internos en centros penitenciarios. Entre las conclusiones de aquel encuentro se constat&oacute; la necesidad de que la instituci&oacute;n que dirige Jes&uacute;s Maeztu conociese de primera mano cu&aacute;l es la situaci&oacute;n real de estas personas a fin de mejorar sus circunstancias en prisi&oacute;n. Pero el Gobierno central, que gestiona los centros a trav&eacute;s de la Secretar&iacute;a General de Instituciones Penitenciarias (IIPP) del Ministerio del Interior, no quiere. El Gobierno, en una decisi&oacute;n sin precedentes conocidos, ha denegado al Defensor del Pueblo Andaluz el acceso a un centro penitenciario, en este caso al de C&oacute;rdoba. A finales de febrero, la Oficina del Defensor atendi&oacute; una llamada del Centro Penitenciario de C&oacute;rdoba advirtiendo de que hab&iacute;a recibido una comunicaci&oacute;n oficial de IIPP en la que denegaba la petici&oacute;n de que Jes&uacute;s Maeztu cursara visita el lugar con la citada finalidad. Los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo para rechazar el acceso alud&iacute;an a que "no era conveniente alterar el r&eacute;gimen penitenciario habitual de los internos", seg&uacute;n fuentes cercanas a estos hechos. El objetivo del Defensor era conocer el funcionamiento de los m&oacute;dulos especiales en los que los reclusos con trastornos mentales reciben la atenci&oacute;n y el tratamiento oportuno, despu&eacute;s de haber conocido m&aacute;s en profundidad su situaci&oacute;n durante la mencionada jornada de trabajo que acogi&oacute; el Parlamento. Adem&aacute;s, la intenci&oacute;n de la directora de la c&aacute;rcel cordobesa era que la ronda de visitas del Defensor empezara por su centro penitenciario, pero ha sido imposible. Instituciones Penitenciarias, por el momento, no ha querido aclarar las circunstancias de este rechazo. El Art&iacute;culo 49 del Reglamento Penitenciario ('Comunicaciones con autoridades o profesionales'), en su punto 2, dice claramente que "las comunicaciones orales y escritas de los internos con el Defensor del Pueblo o sus Adjuntos o delegados o con instituciones an&aacute;logas de las Comunidades Aut&oacute;nomas, Autoridades judiciales y miembros del Ministerio Fiscal no podr&aacute;n ser suspendidas, ni ser objeto de intervenci&oacute;n o restricci&oacute;n administrativa de ning&uacute;n tipo". El Defensor del Pueblo, que a nivel estatal dirige la exalcaldesa popular de Sevilla Soledad Becerril, consultado por este peri&oacute;dico acerca de la excepcionalidad de la circunstancia ocurrida en C&oacute;rdoba, no ha querido entrar a valorar la negativa a la entrada de la instituci&oacute;n dirigida por Maeztu, limit&aacute;ndose a decir que se trata de una cuesti&oacute;n entre IIPP y el Defensor Andaluz, sin querer comentar siquiera si ha ocurrido alguna circunstancia parecida en alguna otra comunidad aut&oacute;noma. "&iquest;QU&Eacute; TEMEN? &iquest;QU&Eacute; QUIEREN IMPEDIR?" El hecho de haber impedido la visita ha sorprendido a una de las asociaciones que particip&oacute; en aquel taller de trabajo en el Parlamento, la Asociaci&oacute;n Pro Derechos Humanos de Andaluc&iacute;a. La coordinadora del &aacute;rea de c&aacute;rceles de APDHA, Maribel Mora, califica como "muy grave" la negativa a la entrada en prisi&oacute;n del Defensor del Pueblo Andaluz, "que tiene reconocido tanto en el Reglamento Penitenciario como en la propia Ley del Defensor su competencia e imposibilidad de que se le restrinjan las comunicaciones con los presos que se encuentran en Andaluc&iacute;a". "Es incre&iacute;ble que en un estado democr&aacute;tico existan instituciones cada vez m&aacute;s cerradas, opacas y poco trasparentes que imposibilitan no solamente que la sociedad civil participe o fiscalice el cumplimiento de los derechos humanos sino incluso las instituciones creadas para tal fin", se&ntilde;ala Mora. "Es intolerable y el Gobierno debe tomar cartas en el asunto, excusarse y depurar responsabilidades", apunta. La responsable de APDHA considera que "en &eacute;poca de elecciones, donde todos han hablado de trasparencia, Instituciones Penitenciarias cada vez lo es menos". "Las personas presas son unos de los colectivos m&aacute;s indefensos de la sociedad y a los que m&aacute;s se dirigen a los colectivos defensores de derechos humanos e instituciones como del Defensor del Pueblo denunciando vulneraciones de derechos de todo tipo. &iquest;Qu&eacute; temen? &iquest;Qu&eacute; quieren impedir? Esto ser&iacute;a un esc&aacute;ndalo en cualquier pa&iacute;s europeo. Esperemos que de inmediato el Gobierno tome cartas en el asunto y ponga orden en el Ministerio del Interior. En caso contrario entendemos que es una ilegalidad intolerable que podr&iacute;a constituir incluso una infracci&oacute;n penal", concluye. No es la primera vez que el centro penitenciario cordob&eacute;s se ve envuelto en alg&uacute;n tipo de pol&eacute;mica. El pasado verano, APDHA denunci&oacute; que la prisi&oacute;n de C&oacute;rdoba incumpl&iacute;a su obligaci&oacute;n de velar por la salud de los presos y que no evit&oacute; la muerte violenta de un preso.</p>

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