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FIES, de la excepción a la norma

23 de marzo de 2015

Los Ficheros de Internos de Especial Seguimiento se crearon en los 90 por normativa interna. El Tribunal Constitucional ha degradado el derecho de reinserción y lo ha convertido en simple “principio inspirador”.

<p>DIAGONAL (JORGE OLLERO PER&Aacute;N, Mediador Penal en la Federaci&oacute;n Enlace).- La imposici&oacute;n de unas medidas excepcionales de control a unos internos determinados para su inocuizaci&oacute;n supuso la culminaci&oacute;n de un camino regresivo que traicion&oacute; el espir&iacute;tu reinsertador que inspir&oacute; la legislaci&oacute;n penitenciaria en sus or&iacute;genes. Los Ficheros de Internos de Especial Seguimiento (FIES) fueron creados en los 90 por medio de normativa interna penitenciaria con la intenci&oacute;n declarada de recopilar de manera pormenorizada datos espec&iacute;ficos sobre internos que, por su conducta, tipolog&iacute;a delictiva u otras &ldquo;caracter&iacute;sticas especiales&rdquo;, representaran un riesgo elevado para la seguridad de los centros penitenciarios. Sin embargo, la mera inclusi&oacute;n en dichos ficheros supone la aplicaci&oacute;n de medidas de control exhaustivas y restrictivas de derechos, como el propio Tribunal Supremo reconoci&oacute; en 2009, obligando a la administraci&oacute;n penitenciaria a modificar la regulaci&oacute;n sobre los FIES. En 2011, se reform&oacute; el Reglamento Penitenciario para avalar la existencia de estas medidas de seguridad m&aacute;s intensas. Lo que hab&iacute;a empezado siendo una excepci&oacute;n acab&oacute; convirti&eacute;ndose en norma, el c&iacute;rculo se hab&iacute;a cerrado. Que el Reglamento Penitenciario haya tenido que ser modificado para incluir mayores medidas de control &ldquo;frente a las amenazas y los riesgos&rdquo; de determinados grupos de internos es la constataci&oacute;n de que el modelo de c&aacute;rcel que se pretendi&oacute; construir con la Ley Org&aacute;nica General Penitenciaria de 1979 ha sido abandonado y, en su lugar, la c&aacute;rcel se consolida como un lugar de almacenamiento y neutralizaci&oacute;n del &ldquo;enemigo&rdquo;. En efecto, la lucha de la sociedad civil organizada &ndash;presos incluidos&ndash; durante los a&ntilde;os previos a la Transici&oacute;n consigui&oacute; que la Constituci&oacute;n recogiera, entre los derechos con mayor nivel de protecci&oacute;n, el famoso art&iacute;culo 25.2, que, lleno de confianza y buenismo, glosa que las penas &ldquo;estar&aacute;n orientadas hacia la reeducaci&oacute;n y reinserci&oacute;n social&rdquo;. Esta pretensi&oacute;n &ndash;quiz&aacute;s ingenua, pero bienintencionada&ndash; de que las prisiones pudieran ser instituciones donde las personas condenadas mejoraran sus carencias y salieran mejor de lo que entraron ha sido deconstruida y vaciada de contenido a lo largo de la vigencia de esta ajada Constituci&oacute;n. Como ha sucedido con otros muchos derechos con reconocimiento constitucional, las herramientas usadas para vaciar de contenido el derecho a la reinserci&oacute;n han sido, en mi opini&oacute;n, tres. Por un lado, las interpretaciones del Tribunal Constitucional, cada vez m&aacute;s regresivas. El Constitucional ha degradado el derecho al tratamiento reinsertador y lo ha convertido en simple &ldquo;principio inspirador&rdquo; de la labor penitenciaria, reconociendo que el objetivo de la prisi&oacute;n ha de ser, al menos, que los condenados no salgan mucho peor de lo que entraron. En segundo lugar, las sucesivas reformas del C&oacute;digo Penal han ido todas &ndash;sobre todo la LO 7/2003 y la reforma que se nos viene encima este a&ntilde;o&ndash; en la l&iacute;nea de un paradigma incapacitador, securitario y de control, buscando aligerar los miedos de la opini&oacute;n p&uacute;blica &ndash;previamente potenciados&ndash; mediante la imposici&oacute;n de mano dura a diversos chivos expiatorios. Por &uacute;ltimo, la escasez presupuestaria. Se dise&ntilde;a un modelo reinsertador en el que juristas, psic&oacute;logos, educadores y trabajadores sociales han de acompa&ntilde;ar al penado en su proceso de autonom&iacute;a y crecimiento, pero se contrata a un n&uacute;mero irrisorio de estos profesionales y se hacina a los internos en macroc&aacute;rceles donde se imposibilita la intervenci&oacute;n personalizada. Estamos asistiendo as&iacute; a la piedra angular del vaciamiento de derechos: nombrar los derechos pero no poner medios para que se cumplan. La reforma del art&iacute;culo 135 de la Constituci&oacute;n es la vuelta de tuerca neoliberal de este m&eacute;todo. La creaci&oacute;n de los FIES en los 90 era entendida como una anomal&iacute;a, una excepcionalidad en un sistema que aspiraba a ser garantista y resocializador. Hoy, la regresi&oacute;n ideol&oacute;gica que venimos viviendo permite que se acepte que la inocuizaci&oacute;n securitaria es la norma y el tratamiento individualizado es la excepci&oacute;n. El nuevo ciclo pol&iacute;tico que se ha abierto en Grecia y que puede abrirse en Espa&ntilde;a quiz&aacute;s traiga la posibilidad de repensar a qu&eacute; intereses sirve la pol&iacute;tica de la segregaci&oacute;n y el miedo. LAS C&Aacute;RCELES EN LAS ELECCIONES A pesar de que varias organizaciones y el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos han denunciado que el r&eacute;gimen FIES favorece la pr&aacute;ctica de la tortura dentro de los centros penitenciarios, la situaci&oacute;n de las c&aacute;rceles contin&uacute;a fuera de la agenda de cara a las elecciones. Hasta ahora, la &uacute;nica menci&oacute;n relacionada con el &aacute;mbito de las prisiones en los programas de los distintos partidos pol&iacute;ticos ha sido respecto a la pol&iacute;tica de dispersi&oacute;n que desde hace 26 a&ntilde;os se aplica a los presos vascos.</p>

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