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La jueza de Vigilancia Penitenciaria ve "disparatado" que Sevilla-I limitara a 40 minutos las comunicaciones con los abogados

11 de marzo de 2015

Estima la queja interpuesta por el Colegio de Abogados porque se hace una interpretación incorrecta del reglamento. - - - - - - - - - - - - - - - NOTA DEL EQUIPO EDITOR.-Se adjunta en fichero adjunto el texto del auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

<p>DIARIO DE SEVILLA - EUROPA PRESS.- El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria n&uacute;mero 2 ha estimado la queja interpuesta por el Colegio de Abogados de Sevilla contra las "restricciones" de la direcci&oacute;n de la c&aacute;rcel de Sevilla-I a las comunicaciones entre abogados e internos y ha declarado ileg&iacute;tima por "disparatada" su pretensi&oacute;n de limitar a 40 minutos semanales las comunicaciones entre ambos colectivos. En un auto, la juez de Vigilancia Penitenciaria estima as&iacute; la queja presentada por las letradas coordinadoras del Servicio de Orientaci&oacute;n y Asistencia Jur&iacute;dica Penitenciaria del Colegio de Abogados contra esta "exigencia" comunicada por la direcci&oacute;n de la c&aacute;rcel al Decanato de la instituci&oacute;n colegial, como es la referida a la duraci&oacute;n de las comunicaciones. En este caso, seg&uacute;n la juez, "se suscita una interpretaci&oacute;n incorrecta y sesgada del Reglamento, ya que se est&aacute; advirtiendo que las comunicaciones con abogados se sujetan a una duraci&oacute;n de 40 minutos semanales, y que su c&oacute;mputo se har&aacute; en detrimento de las comunicaciones ordinarias con familiares a las que tiene derecho". "Esta interpretaci&oacute;n resulta a todas luces disparatada", critica la juez, que pone de manifiesto que "resulta arbitrario computar las comunicaciones de este tipo de letrados y procuradores en detrimento de las comunicaciones familiares y de amigos", por lo que establece que la comunicaci&oacute;n de abogados y procuradores con los internos "no se sujeten a una duraci&oacute;n m&aacute;xima de 40 minutos semanales" y que su c&oacute;mputo "no podr&aacute; hacerse en detrimento de las comunicaciones ordinarias con familiares a las que tiene derecho". En el auto, la juez tambi&eacute;n establece que las comunicaciones entre abogados e internos "no podr&aacute;n supeditarse a la determinaci&oacute;n en el volante o pase de la identificaci&oacute;n del tipo de procedimiento y registro de causa" cuando el abogado "haya sido llamado para asumir la defensa o la representaci&oacute;n en causa penal por el interno o por los familiares". Tambi&eacute;n determina, en este sentido, que la comunicaci&oacute;n "no podr&aacute; supeditarse a la determinaci&oacute;n en el volante o pase de la identificaci&oacute;n del tipo de procedimiento y registro de causa" cuando el letrado "haya sido llamado por el interno o familiares para asesoramiento por motivos diferentes a causa penal". "No asistimos a queja de interno alguno, pero se aporta denuncia de unos hechos que pueden incidir restrictivamente en el derecho de defensa de los reclusos y al asesoramiento profesional en garant&iacute;a de sus derechos", asevera la juez, quien concreta que en este caso "se denuncia una decisi&oacute;n administrativa que puede restringir derechos fundamentales y derechos ciudadanos, lo que obliga al Juzgado a ser especialmente escrupuloso en el examen de la cuesti&oacute;n planteada". El decano del Colegio de Abogados de Sevilla, Jos&eacute; Joaqu&iacute;n Gallardo, aport&oacute; a la causa tres oficios de la direcci&oacute;n de la c&aacute;rcel, todos ellos del a&ntilde;o 2014, donde en relaci&oacute;n con los volantes "se afirma que no se considerar&aacute;n en ning&uacute;n caso v&aacute;lidos aquellos en los que no conste expresamente el n&uacute;mero de la causa en la que se encuentra incurso el recluso", as&iacute; como volantes f&iacute;sicos expedidos por otros colegios de abogados, de C&oacute;rdoba, Jerez de la Frontera y M&aacute;laga, "en los que no se aportan datos de identidad de causa". A ello se suma, seg&uacute;n la juez, que los volantes expedidos electr&oacute;nicamente -v&aacute;lidos para toda Espa&ntilde;a- "no establecen la exigencia imperativa de identificaci&oacute;n de causa, sino que los letrados la consignan cuando lo estimen oportuno". "La cuesti&oacute;n suscitada por las novedosas exigencias de la direcci&oacute;n del centro penitenciario de Sevilla han removido pr&aacute;cticas inveteradas sostenidas en este centro desde su inauguraci&oacute;n en 1988, y que de hecho puede constatarse resultan m&aacute;s restrictivas que las vigentes en otros centros penitenciarios, al establecerse exigencias que del contenido de los volantes aportados no rigen en otros centros penitenciarios", asevera. A juicio de la juez, "no puede discutirse que tiene la raz&oacute;n la direcci&oacute;n al establecer la vigencia de la exigencia de identificaci&oacute;n de causa en la que el letrado act&uacute;a como defensor, y con el procurador que la representa", tal y como establece el art&iacute;culo 48.1 del Reglamento Penitenciario, pero "la cuesti&oacute;n se suscita, por el contrario, respecto de las exigibles con los abogados y procuradores cuando, antes de personarse en la causa como defensores o representantes, hayan sido llamados expresamente por los internos a trav&eacute;s de la direcci&oacute;n del establecimiento o por los familiares de aqu&eacute;llos". Y es que, "aunque en apariencia rigen las mismas condiciones, es lo cierto que cuando sin estar personado a&uacute;n en la causa, es llamado expresamente por los internos a trav&eacute;s de la direcci&oacute;n o por los familiares de &eacute;stos, el letrado y el procurador no tienen por qu&eacute; conocer la causa para la que se les llama a efectos de asesoramiento y designaci&oacute;n; es m&aacute;s, puede ser llamado para causas respecto de las que no se encuentra el interno internado, y sin embargo activas, cuyo registro puede adem&aacute;s ser desconocido en el detalle ni por el interno, y menos a&uacute;n por sus familiares". Por ello, sostiene la juez, "la exigencia de identificaci&oacute;n de causa en estos casos no puede extenderse, so pena de limitar el derecho de defensa del recluso", a&ntilde;adiendo que "lo mismo puede predicarse de un asesoramiento general del interno por el letrado, llamado por el interno o bien por los familiares, como por ejemplo, cuando quisiera solicitarse asesoramiento respecto de un futuro procedimiento civil, por ejemplo en materia de familia, extranjer&iacute;a, o bien en materia de resoluciones de desamparo de un menor". En estos casos, "el asesoramiento y el derecho a la defensa lo tiene el recluso, y el requisito de identificaci&oacute;n de causa, aparte de innecesario, es inexigible". El decano de los abogados sevillanos, Jos&eacute; Joaqu&iacute;n Gallardo, ha explicado que ninguna de estas restricciones llegaron a ser efectivas ni afectaron a ninguna comunicaci&oacute;n entre letrados e internos y se quedaron en exigencias transmitidas por escrito, que motivaron la queja interpuesta y ahora aceptada por la juez.</p>

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