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Un zaragozano tiroteado por un preso en tercer grado exige 235.000 euros al Estado

9 de marzo de 2015

La Audiencia Nacional acaba de admitir a trámite la reclamación. El Ministerio del Interior se negó a indemnizar al herido por no considerarse responsable.

<p>HERALDO (M.A. COLOMA).- La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional acaba de admitir a tr&aacute;mite la reclamaci&oacute;n patrimonial de un zaragozano al que tirotearon y apu&ntilde;alaron dos hermanos que cumpl&iacute;an condena en el centro penitenciario de Zuera. Los hechos se produjeron el 8 de julio de 2010 en el barrio de Las Fuentes, puesto que Jos&eacute; Luis y Antonio Ariza L&oacute;pez disfrutaban aquel d&iacute;a de sendos permisos carcelarios. Sin embargo, la v&iacute;ctima considera que el responsable &uacute;ltimo de esta tentativa de homicidio fue el Estado, dado que ambos agresores, en su calidad de reclusos, segu&iacute;an bajo la custodia de la Secretar&iacute;a General de Instituciones Penitenciarias. De ah&iacute; que sea a esta a la que el demandante exige el pago de 253.461 euros en concepto de indemnizaci&oacute;n. El abogado del perjudicado, Jos&eacute; Cabrejas, ya intent&oacute; en su d&iacute;a que el Estado fuera declarado responsable civil subsidiario. Pero la Audiencia Provincial de Zaragoza tan solo conden&oacute; a los autores materiales de las lesiones: a Jos&eacute; Luis Ariza L&oacute;pez le impuso doce a&ntilde;os de prisi&oacute;n por disparar y herir en la pierna al ahora demandante; y a Antonio Ariza L&oacute;pez le castig&oacute; con cinco a&ntilde;os por clavarle un objeto cortante. Sin embargo, en su sentencia, el tribunal dejaba la puerta abierta a la v&iacute;ctima para que reclamase da&ntilde;os y perjudicados por la v&iacute;a administrativa. Que es lo que hizo cuando el Supremo declar&oacute; firme el fallo, en abril de 2013. Lo primero que hizo la v&iacute;ctima del tiroteo fue plantear la reclamaci&oacute;n patrimonial ante el propio Ministerio del Interior. En su escrito, el zaragozano recordaba que result&oacute; herido con arma de fuego en el muslo derecho, con orificio de entrada y salida en caras posterointerna y externa, con trayecto trasversal y con par&aacute;lisis del nervio ci&aacute;tico popl&iacute;teo externo. La v&iacute;ctima tambi&eacute;n sufri&oacute; una herida incisa superficial por arma blanca en fosa il&iacute;aca derecha y trastorno por estr&eacute;s postraum&aacute;tico. Precis&oacute; para su curaci&oacute;n de tratamiento m&eacute;dico, farmacol&oacute;gico, rehabilitador y ortop&eacute;dico, por lo que tard&oacute; en recuperarse 561 d&iacute;as (554 impeditivos para su actividad habitual). El demandante intent&oacute; hacer ver a la administraci&oacute;n p&uacute;blica que la agresi&oacute;n de la que fue v&iacute;ctima podr&iacute;a haberse evitado. Seg&uacute;n este, habr&iacute;a bastado con que la direcci&oacute;n de la c&aacute;rcel de Zuera hubiera sido m&aacute;s rigurosa a la hora de conceder sendos permisos a los hermanos. Seg&uacute;n su abogado, la concesi&oacute;n de los beneficios penitenciarios fue "manifiestamente inadecuada", generando con ello "una situaci&oacute;n de riesgo a&ntilde;adida" por la que se vio perjudicado su cliente y "por la que ha de responder el Estado". UNA PROGRESI&Oacute;N "PRECIPITADA" Para Cabrejas, la progresi&oacute;n a tercer grado de Jos&eacute; Luis Ariza L&oacute;pez fue "precipitada", puesto que se le concedi&oacute; la semilibertad pese a no haber dado muestras de empat&iacute;a o arrepentimiento respecto a la v&iacute;ctima del homicidio por el que cumpl&iacute;a condena (como qued&oacute; patente en un informe psicol&oacute;gico). En cuanto a su hermano, Antonio, tres meses antes de la agresi&oacute;n se le abri&oacute; expediente por colarse en la celda de otro recluso y agredirle, lo que deber&iacute;a haberle supuesto la suspensi&oacute;n del permiso ordinario. Sin embargo, se archiv&oacute; el expediente y se le autoriz&oacute; a salir seis d&iacute;as de la prisi&oacute;n. Pero ninguno de estos argumentos fueron admitidos por la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, que el pasado 9 de octubre dict&oacute; una resoluci&oacute;n desestimando la reclamaci&oacute;n patrimonial. De ah&iacute; que el perjudicado haya recurrido ante la Audiencia Nacional, que ha admitido a tr&aacute;mite su recurso y ha requerido ya al Ministerio del Interior para que aporte todos los expedientes del caso.</p>

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