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Instituciones Penitenciarias admite que hay comunidades que niegan los nuevos tratamientos a presos con Hepatitis C

9 de marzo de 2015

Según el Subdirector General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, José Manuel Arroyo "hay comunidades, como Valencia, que sistemáticamente se ha negado a dispensarlos". La Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria denuncia a la SER que a los médicos penitenciarios les han “prohibido prescribir los nuevos tratamientos”.

<p>CADENA SER (JAVIER BA&Ntilde;UELOS).- Ocurre lo mismo entre rejas, que fuera. Las restricciones en el acceso a los nuevos medicamentos contra la Hepatitis C (VHC) tambi&eacute;n est&aacute;n afectando a las c&aacute;rceles espa&ntilde;olas, en las que ahora mismo hay cerca 65.000 presos, seg&uacute;n el &uacute;ltimo censo de Instituciones Penitenciarias. Seg&uacute;n los &uacute;ltimos datos oficiales, recogidos en el &lsquo;Informe de Prevalencias de las infecciones de VIH y Hepatitis C en Instituciones Penitenciarias&rsquo; de 2013, en aquel a&ntilde;o, el &ldquo;21,3% de los presos espa&ntilde;oles ten&iacute;a el virus", una alta prevalencia, y un serio problema, porque adem&aacute;s, &ldquo;uno de cada tres infectados por VHC tambi&eacute;n est&aacute; infectado por el VIH&rdquo;. Sin embargo, a pesar de todo, seg&uacute;n admiten desde Instituciones Penitenciarias, de todos los reclusos que han dado positivo por Hepatitis C, solo est&aacute;n tratando al "2,8%", es decir, a "209 internos". &ldquo;Por primera vez, en la historia de la sanidad penitenciaria, se ha perdido el concepto de equidad, no se est&aacute; tratando igual a los presos que al resto de la poblaci&oacute;n. Y no se est&aacute; tratando, no porque no se prescriba el f&aacute;rmaco adecuado, sino porque ese f&aacute;rmaco no se da posteriormente&rdquo;, seg&uacute;n ha denunciado a la Cadena SER el doctor Pablo Saiz de la Hoya, que pertenece a la Sociedad Espa&ntilde;ola de Sanidad Penitenciaria. Este doctor ha manejado casos de pacientes con cirrosis (es decir, en la Fase 4), &ldquo;en concreto uno, ten&iacute;a marcadores tumorales muy elevados&rdquo;. Seg&uacute;n explica el doctor Saiz de la Hoya &ldquo;se le mand&oacute; a Madrid [para que le diesen los nuevos tratamientos]&rdquo;, pero este interno volvi&oacute; a la prisi&oacute;n de Alicante &ldquo;sin ser tratado&rdquo; porque &ldquo;Instituciones Penitenciarias no quer&iacute;a pagar el tratamiento&rdquo;. Ah&iacute; radica parte del problema, en el dinero. &ldquo;Simplemente, para evitar el coste se nos ha prohibido prescribirlo [los nuevos medicamentos]. Solo podemos tratar [a los pacientes] en las c&aacute;rceles si optamos por usar Interfer&oacute;n y Ribavirina (los medicamentos antiguos). El momento en el que queramos usar uno de los medicamentos nuevos, obligatoriamente tienen que ser trasladados a Madrid&rdquo;. En concreto, tienen que ser derivados a la Unidad de Custodiados del Hospital Gregorio Mara&ntilde;&oacute;n de Madrid (que cuenta con 370 metros cuadrados). As&iacute; lo fija una orden de Instituciones Penitenciarias. Pero el problema es lo que ocurre cuando los internos llegan a Madrid&ldquo;&iquest;qui&eacute;n debe pagar ese tratamiento?&rdquo;. Las administraciones no se ponen de acuerdo, y al final, los perjudicados son los propios pacientes. &ldquo;Los presos son pacientes de segunda que no tienen los mismos derechos que un paciente que est&eacute; en la calle. [En la c&aacute;rcel] No se est&aacute;n dando lo mismo tratamientos que en la calle. Y por lo tanto, el principio de equidad ha desaparecido&rdquo;, apunta el doctor Saiz de la Hoya. INSTITUCIONES PENITENCIARIAS ADMITE PROBLEMAS Desde Instituciones Penitenciarias niegan ese trato discriminatorio hacia los presos, "se les trata en las mismas condiciones que a cualquier otra personas", ha defendido ante la SER el Subdirector General de Coordinaci&oacute;n de Sanidad Penitenciaria, Jos&eacute; Manuel Arroyo, aunque no ha podido precisar cu&aacute;ntos presos han recibido hasta la fecha los nuevos medicamentos contra la Hepatitis C. Aunque se niega un problema general, s&iacute; se admite que "hay demoras" a la hora de recibir esos tratamientos. Es m&aacute;s, reconocen que "algunas comunidades han puesto impedimentos" para dar esos medicamentos. Es el caso concreto de "Valencia", seg&uacute;n Jos&eacute; Manuel Arroyo, "es una Comunidad que sistem&aacute;ticamente, adem&aacute;s de prescribir en abundancia estos tratamientos, se ha negado a dispensarlos". Para evitar ese trato discriminatorio, seg&uacute;n este responsable de Instituciones Penitenciarias, "hemos tenido que actuar para asegurar con nuestros medios propios". 'TIR&Oacute;N DE OREJAS' DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO La Defensora del Pueblo advierte que los nuevos medicamentos incluidos en la &lsquo;triterapia&rsquo;, como Sofosbuvir (Sovaldi) Simeprevir (Olysio) y Ribavirina, "no estar&iacute;an llegando a los presos&rdquo;. As&iacute; se recoge en su informe anual, en el que desvela que &ldquo;hay un cierto n&uacute;mero de internos&rdquo; a los que les han sido prescritos estos f&aacute;rmacos por los especialistas, pero que &ldquo;no lo estar&iacute;an recibiendo&rdquo;. El motivo, seg&uacute;n la Defensora del Pueblo es el dinero, &ldquo;pues la Administraci&oacute;n penitenciaria considera que el importe econ&oacute;mico ha de ser satisfecho por las comunidades aut&oacute;nomas, toda vez que se trata de f&aacute;rmacos de dispensaci&oacute;n hospitalaria&rdquo;. Interior se niega a pagar, las Comunidades tampoco quieren asumir ese coste, y el problema es que la Administraci&oacute;n penitenciaria emprende un periplo judicial, dejando al margen a los propios pacientes. Mientras se resuelve la situaci&oacute;n &ldquo;entretanto, los internos enfermos no reciben el tratamiento prescrito y su estado de salud se deteriora&rdquo;. Ante esta situaci&oacute;n, la Defensora del Pueblo, alegando &ldquo;motivos humanitarios&rdquo;, pide a Instituciones Penitenciarias que &ldquo;proceda al pago de tales f&aacute;rmacos sin perjuicio de que paralelamente se inicien actuaciones judiciales&rdquo;. La Defensora del Pueblo tambi&eacute;n reprende a Instituciones Penitenciarias porque &ldquo;ha negado el f&aacute;rmaco a los reclusos coinfectados con hepatitis C y VIH, ampar&aacute;ndose en que la ficha t&eacute;cnica de los medicamentos no lo contempla&rdquo;, pero la propia Defensora del Pueblo recuerda que &ldquo;la Agencia Espa&ntilde;ola del Medicamento advierte de que en esas circunstancias es m&aacute;s necesario todav&iacute;a&rdquo;. "Nos proh&iacute;ben prescribir los nuevos medicamentos" La queja de la Defensora del Pueblo viene avalada por la denuncia que han hecho los propios m&eacute;dicos penitenciarios que han sufrido este bloqueo. INTERIOR OBLIGADA A PAGAR, V&Iacute;A SENTENCIAS Pero hay sentencias que obligan a Instituciones Penitenciarias a pagar estos tratamientos. Eso es a lo que oblig&oacute;, por ejemplo, el Juzgado Contencioso Administrativo N&uacute;mero 2 de Valladolid en diciembre de 2014. Este tribunal tumb&oacute; la demanda que el Ministerio del Interior hab&iacute;a presentado contra la Consejer&iacute;a de Castilla y Le&oacute;n, gobernada tambi&eacute;n por el Partido Popular. Interior, pretend&iacute;a que fuese esta Comunidad Aut&oacute;noma la que pagase los medicamentos porque &ldquo;son de uso hospitalario&rdquo; (es decir, de competencia regional). Sin embargo, el juez le recuerda al Ministerio del Interior que &ldquo;la Agencia Espa&ntilde;ola del Medicamento en ning&uacute;n momento ha calificado estos medicamentos como de uso hospitalario&rdquo;, sino que son de &ldquo;dispensaci&oacute;n hospitalaria&rdquo;, es decir, se consiguen en los hospitales, pero se pueden recibir o bien en los domicilios, o en las prisiones en caso de los reclusos. En resumen, &ldquo;la dispensaci&oacute;n y el pago, en ambos casos, el obligado es la Administraci&oacute;n Penitenciaria, que debe dispensar esos medicamentos, dado que las competencias no han sido transferidas a las Comunidades Aut&oacute;nomas&rdquo;. Seg&uacute;n figura en la memoria de Instituciones Penitenciarias, el gasto en tratamientos de Hepatitis C ha ca&iacute;do un 26,04%, entre 2013 y 2012. Ese recorte es incluso mayor, un 48% menos, si lo comparamos con el gasto que Instituciones Penitenciarias hizo en 2006, entonces se dedicaron 2.706.255,73 euros.</p>

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