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Jueces para la Democracia: "La reforma del Código Penal responde a un modelo de organización social marcadamente autoritario"

6 de marzo de 2015

El Senado acaba de aprobar esencialmente el proyecto de ley de reforma del Código Penal, con la opinión contraria de los grupos parlamentarios de la oposición.

<p>TERCERA INFORMACION.- Se trata de una reforma de gran amplitud, que no ha sido consensuada por los representantes pol&iacute;ticos y que se ha llevado adelante tras un tr&aacute;mite precipitado, con omisi&oacute;n parcial de los dict&aacute;menes de los &oacute;rganos consultivos, sin que exista un estudio adecuado en materia de criminalidad que justifique estas modificaciones legales. Desde Jueces para la Democracia (JpD) recuerdan que desde la aprobaci&oacute;n del C&oacute;digo Penal en 1995 se han producido cerca de treinta reformas, basadas casi siempre en criterios inmediatos de oportunidad, lo cual resulta contrario a la estabilidad aconsejable de lo que suele considerarse la Constituci&oacute;n en negativo. JpD considera que los criterios generales de esta reforma resultan especialmente criticables. Desde una perspectiva formal, la elaboraci&oacute;n t&eacute;cnica de las modificaciones propuestas es marcadamente deficiente, como ha se&ntilde;alado la pr&aacute;ctica totalidad de la doctrina jur&iacute;dica. Por otro lado, en relaci&oacute;n con los principios b&aacute;sicos en los que se inspira esta reforma, la misma opta por un endurecimiento penal con medidas de todo tipo. Y lo hace sin considerar que, en el &aacute;mbito europeo, nuestro pa&iacute;s ya se encuentra en las tasas m&aacute;s altas por habitante de poblaci&oacute;n reclusa y que tambi&eacute;n cuenta con los tiempos m&aacute;s elevados de cumplimiento en las c&aacute;rceles, a pesar de que seguimos situados en los niveles m&aacute;s bajos de delincuencia. Por tanto, esta reforma no parte de un examen riguroso de las necesidades sociales a la vista de la evoluci&oacute;n de la criminalidad, ni tampoco de un an&aacute;lisis del conjunto del sistema penitenciario. La reforma introduce una versi&oacute;n de la cadena perpetua que resulta &ldquo;injustificada y que es contraria a la Constituci&oacute;n. Como otras medidas de severidad penal innecesaria que se han planteado, la nueva regulaci&oacute;n olvida la reinserci&oacute;n social. Y concibe la justicia como venganza, para adentrarse en los principios m&aacute;s reaccionarios del populismo penal con la finalidad de actuar como instrumento de manipulaci&oacute;n emocional y de satisfacer a determinados grupos de presi&oacute;n. Por otro lado, el anuncio de despenalizaci&oacute;n de las faltas es claramente falaz: muchas de ellas se convierten en delito; y otras conductas pasan a la Ley de Seguridad Ciudadana, con sanciones m&aacute;s elevadas, que se podr&aacute;n aplicar en un procedimiento administrativo sin las mismas garant&iacute;as que en el &aacute;mbito penal. Se contin&uacute;a el camino de la criminalizaci&oacute;n de la pobreza para dar una respuesta penal a situaciones que requieren fundamentalmente de una adecuada intervenci&oacute;n social. En cambio, desde los poderes p&uacute;blicos no se presta la necesaria atenci&oacute;n integral a la alta delincuencia econ&oacute;mica o a la corrupci&oacute;n pol&iacute;tica. Adem&aacute;s, la reforma contiene un endurecimiento considerable de todo el cap&iacute;tulo de los delitos contra el orden p&uacute;blico, hasta el extremo de llegar a castigar con prisi&oacute;n determinadas protestas pac&iacute;ficas en la sede de una persona jur&iacute;dica p&uacute;blica o privada. Tambi&eacute;n se pretende castigar con privaci&oacute;n de libertad la difusi&oacute;n en las redes sociales de consignas que inciten a alterar el orden p&uacute;blico. En la reforma abundan los elementos ambiguos y los conceptos jur&iacute;dicos indeterminados, lo cual resulta contrario al principio de legalidad. Y la culpabilidad se ve desplazada por criterios de peligrosidad y de riesgo que anticipan de manera arbitraria la respuesta del derecho penal. La reforma responde a un modelo de organizaci&oacute;n social marcadamente autoritario, de perfil represivo y de orientaci&oacute;n contraria a las libertades. No protege los bienes jur&iacute;dicos constitucionalizados, sino la particular visi&oacute;n del Gobierno sobre lo que deben ser elementos preferentes, centrados en una perspectiva obsesiva sobre la seguridad que se encuentra muy alejada de la realidad social. Desde Jueces para la Democracia mostramos abiertamente nuestra disconformidad con una modificaci&oacute;n legal impulsada por intereses coyunturales y que no est&aacute; legitimada por razones de necesidad, las &uacute;nicas que deben motivar una reforma penal.</p>

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