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Interior apela a la confidencialidad para ocultar los contratos de vigilancia privada de las cárceles

7 de marzo de 2015

<p>www.grupotortuga.com - CUARTO PODER (LUIS DIEZ).- El ministro del Interior, Jorge Fern&aacute;ndez D&iacute;az, ha apelado a la confidencialidad de los contratos para negar al Congreso de los Diputados la informaci&oacute;n sobre las condiciones que han de cumplir las empresas privadas de seguridad a las que ha adjudicado la vigilancia de las c&aacute;rceles. La misma &ldquo;confidencialidad&rdquo; que la derecha pol&iacute;tica reprocha al profesor y dirigente de Podemos Juan Carlos Monedero en sus contratos privados para realizar estudios e informes t&eacute;cnicos para clientes extranjeros le sirve ahora al Ejecutivo del PP para esquivar el control parlamentario sobre la privatizaci&oacute;n de la seguridad de las prisiones. La cuesti&oacute;n de fondo es que al menos una de las empresas se beneficia de las contratas carcelarias mientras despide a los trabajadores. Los portavoces socialistas de Interior, Antonio Trev&iacute;n, y de Justicia, Rosa Aguilar, se han visto burlados en su pretensi&oacute;n de obtener las cl&aacute;usulas de los contratos de Interior con las empresas privadas de seguridad a las que se ha adjudicado la vigilancia del per&iacute;metro y las entradas de los centros penitenciarios, que hasta ahora realizaba la Guardia Civil. Interior ha extendido la confidencialidad a las llamadas &ldquo;cl&aacute;usulas administrativas particulares&rdquo; en las que se recogen &ldquo;los derechos y obligaciones de las partes&rdquo;. No argumenta motivos de seguridad, sino &ldquo;razones t&eacute;cnicas&rdquo;, para fundamentar esa decisi&oacute;n en la que ahora se apoya para negar la informaci&oacute;n al Parlamento. Tambi&eacute;n considera confidencial el pliego de condiciones t&eacute;cnicas que deben regir la realizaci&oacute;n de los servicios y los medios empleados en su ejecuci&oacute;n. De este modo, el ministro Fern&aacute;ndez D&iacute;az escamotea la petici&oacute;n de responsabilidades pol&iacute;ticas ante los incumplimientos de las empresas. &iquest;Ten&iacute;a la empresa Ombuds el compromiso de mantener el empleo con el nuevo cometido en las prisiones? El ministro no lo aclara. La entidad que preside Rodrigo Cortina L&oacute;pez, hijo del exdirector de la Agrupaci&oacute;n Operativa de los servicios secretos, juzgado y absuelto de su participaci&oacute;n en el golpe de Estado del 23-F, es una de las m&aacute;s favorecidas por las adjudicaciones de Interior desde la primera fase del plan de privatizaci&oacute;n de la vigilancia de las c&aacute;rceles. En concreto, Ombuds ha obtenido un tercio de los 33 millones de euros en juego, dedicados en 2014, a las contratas carcelarias. De los cuatro lotes en los que se dividi&oacute; el plan, la empresa de los Cortina obtuvo uno presupuestado en 7.671.805 euros y parte de otro, al que concurri&oacute; en uni&oacute;n temporal con Eul&eacute;n y otras, por valor de 9.853.429,59 euros. Interior no aclara qu&eacute; centros penitenciarios le adjudic&oacute; ni si la empresa ha cumplido sus compromisos. Los diputados s&oacute;lo han podido saber a trav&eacute;s de los representantes sindicales que en 2014 los jefes de Ombuds plantearon un Ere y echaron a 151 trabajadores a la calle. Se da la circunstancia de que entre los argumentos que utiliz&oacute; en su d&iacute;a el ministro Fern&aacute;ndez D&iacute;az para justificar su plan de privatizaci&oacute;n de la &ldquo;seguridad exterior&rdquo; de las prisiones figuraba la necesidad de mantener el empleo en las empresas de seguridad que daban servicio de escolta a los cargos p&uacute;blicos y dirigentes del PP amenazados por ETA. Ombuds figuraba entre las m&aacute;s solicitadas y beneficiadas, acaso por los antiguos v&iacute;nculos de Jos&eacute; Luis Cortina Prieto con el presidente fundador del PP, Manuel Fraga. En 2007 recibi&oacute; de Interior, con el Gobierno del PSOE, m&aacute;s de 30 millones de los 90 destinados a aquel servicio espec&iacute;fico de protecci&oacute;n. En el caso de esa empresa, que tambi&eacute;n presta el servicio de protecci&oacute;n y vigilancia en el Metro de Madrid, el argumento del titular de Interior ha quedado en entredicho por el ERE y los despidos. Otras empresas beneficiadas para &ldquo;salvar&rdquo; el empleo, tambi&eacute;n han ajustado sus plantillas, aunque de forma menos traum&aacute;tica. No era sensibilidad social precisamente, sino af&aacute;n de beneficio a costa de lo p&uacute;blico lo que, como va quedando de relieve, lat&iacute;a tras el plan privatizador del ministro. Pero para evitar que le exijan responsabilidades pol&iacute;ticas, he ah&iacute; su portazo a la transparencia.</p>

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