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El Grupo de Estudios de Política Criminal rechaza el nuevo Código Penal por su endurecimiento injustificado de las penas

5 de marzo de 2015

La introducción de la cadena perpetua como vértice del sistema de penas abandona dramáticamente cualquier finalidad de reinserción social y se utiliza exclusivamente con fines propagandísticos.

<p>LAWYERPRESS.- Ante la reforma penal emprendida por el Gobierno el Grupo de Estudios de Pol&iacute;tica Criminal considera necesario manifestar p&uacute;blicamente su rechazo tanto al contenido como a la forma. El Grupo de estudios de Pol&iacute;tica criminal est&aacute; constituido por cerca de dos centenares de penalistas con una doble procedencia, catedr&aacute;ticos y profesores permanentes de derecho penal de universidades espa&ntilde;olas, y jueces y magistrados activos en los diversos niveles de la jurisdicci&oacute;n penal espa&ntilde;ola. Constituido en 1989 como un grupo permanente de trabajo dedicado a desarrollar e impulsar investigaciones y propuestas pol&iacute;tico-criminales a partir de presupuestos progresistas &ndash; v&eacute;ase Declaraci&oacute;n program&aacute;tica incluida en los Estatutos originales- ha ampliado con el paso del tiempo su actividad a labores de promoci&oacute;n de sus propuestas en el debate ciudadano y en el &aacute;mbito pol&iacute;tico. Desde este colectivo de profesionales se insiste en que &ldquo;no hay derecho&rdquo; puesto que en esta reforma se da un salto cualitativo en el endurecimiento de la respuesta penal sin que exista ning&uacute;n estudio riguroso previo de la situaci&oacute;n del sistema penal espa&ntilde;ol ni justificaci&oacute;n racional para ello. A tal efecto se&ntilde;alan que &ldquo;Las tasas de poblaci&oacute;n penada y penitenciaria en el Estado espa&ntilde;ol son extremamente altas cuando las tasas de delincuencia son inferiores a la media europea. El endurecimiento de las penas no determina una mayor seguridad de las personas puesto que &eacute;sta depende en mayor medida de otros factores.&rdquo; Estos expertos recuerdan que ya el actual C&oacute;digo penal vigente contempla penas de duraci&oacute;n superior a los c&aacute;nones europeos, permitiendo ya en la actualidad cumplimientos de hasta cuarenta a&ntilde;os de efectiva estancia en prisi&oacute;n. La introducci&oacute;n de la cadena perpetua como v&eacute;rtice del sistema de penas abandona dram&aacute;ticamente cualquier finalidad de reinserci&oacute;n social y se utiliza exclusivamente con fines propagand&iacute;sticos. Penas de mayor duraci&oacute;n no suponen obtener mayor seguridad pero s&iacute; provocan, sin duda, supuestos de una crueldad absolutamente innecesaria. De la misma forma, la calificaci&oacute;n como delitos de las infracciones hasta ahora consideradas como faltas representa una exacerbaci&oacute;n de la respuesta penal injusta y desproporcionada. Para estos juristas la reforma peca de ambig&uuml;edad, dejando a los Tribunales la tarea de definir las respuestas que deber&iacute;an ser establecidas en sede parlamentaria. En esta l&iacute;nea las sucesivas referencias a un evanescente criterio de peligrosidad esconden un cambio de concepci&oacute;n jur&iacute;dico penal que camina de juzgar el hecho y la culpabilidad del sujeto a pretender juzgar al propio sujeto, en l&iacute;nea con antiguas leyes de peligrosidad social de nefasto recuerdo. PELIGROSO PACTO PP-PSOE ANTITERRORISTA En este sentido merecen destacarse especialmente, de un lado, el pacto PP-PSOE en materia terrorista donde -frente a medidas mucho m&aacute;s eficaces como la inteligencia, la cooperaci&oacute;n o la pol&iacute;tica internacional- se huye al derecho penal, por un lado, tipificando conductas que ya eran consideradas delictivas con una clara finalidad exclusivamente propagand&iacute;stica, y por otro, difuminando el concepto de terrorismo, criminalizando la libertad de pensamiento, creando delitos de sospecha y conductas indeterminadas inaceptables en un Estado de derecho. Por otro lado, la reforma penal &ndash; en sinton&iacute;a con el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana- criminaliza la protesta ciudadana con el fin de disuadir a los muchos colectivos de ciudadanos indignados de expresar p&uacute;blicamente su rebeld&iacute;a contra una pol&iacute;tica que destruye los cimientos del Estado del bienestar y aprovecha a quienes en buena medida han provocado la crisis econ&oacute;mica y siguen benefici&aacute;ndose de ella a juicio de estos expertos. Un Estado democr&aacute;tico no puede asumir que el Derecho Penal se convierta en un instrumento de exclusi&oacute;n social, sanci&oacute;n de la pobreza y control indeterminado de la ciudadan&iacute;a en manos de unos pocos. A todo lo anterior a&ntilde;aden los m&uacute;ltiples y variados errores t&eacute;cnicos de que adolece la reforma, puestos insistentemente de manifiesto no s&oacute;lo por expertos en la materia, sino tambi&eacute;n por las m&aacute;s altas instituciones llamadas a pronunciarse -desde El CGPJ, al Consejo de Estado, pasando por el Consejo Fiscal-, cuyas opiniones no han sido atendidas en la medida en que merec&iacute;an serlo. La precipitaci&oacute;n en la reforma y la ausencia de otra justificaci&oacute;n que no sea la mera propaganda determinan que nos veamos en la obligaci&oacute;n de calificar el texto como muy deficiente t&eacute;cnicamente, lo que producir&aacute; sin duda problemas de interpretaci&oacute;n y aplicaci&oacute;n que derivan en mayor inseguridad de la ciudadan&iacute;a sobre el espacio de actuaci&oacute;n penal. Adem&aacute;s, el Gobierno, sacando adelante a toda costa su reforma, ha ignorado esas voces y la del resto de Grupos Parlamentarios, olvidando que el consenso en materia penal forma parte inescindible de su legitimaci&oacute;n intr&iacute;nseca. &ldquo;No es un C&oacute;digo penal de todos.&rdquo;</p>

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