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La prisión de Ibiza es de las pocas de España que aún tiene celdas colectivas

27 de febrero de 2015

El Defensor del Pueblo denuncia que la cárcel es una de las tres del país con habitaciones compartidas por dos, tres o más reclusos.

DIARIO DE IBIZA (RAÚL SÁNCHEZ).- ­El Defensor del Pueblo denuncia en su informe anual de 2014 que la prisión de Ibiza es una de las tres de España en las que aún se utilizan celdas colectivas, con dos, tres o más reclusos en cada una, situación que también se produce en los centros penitenciarios de San Sebastián y Melilla.

El órgano que se encarga de velar por los derechos constitucionales sigue trabajando para que se acabe con este problema, de forma que ninguna celda sea habitada por tres o más internos. El objetivo ideal, según se recoge en la legislación penitenciaria, es el alojamiento individual, es decir, un solo interno en cada dependencia.

El motivo por el que se produce esta masificación es el fuerte incremento de la población penitenciaria en los años 80, que se prolongó durante tres décadas. Este tendencia se ha invertido y moderado en los últimos años, aunque lo habitual es que las celdas de las prisiones españolas sean dobles, según explica el Defensor del Pueblo. Las colectivas, las ocupadas por tres o más personas, son calificadas como «un caso extremo» en la memoria, que sin embargo es lo habitual en la cárcel de la isla.

Otro problema que denuncia el órgano dirigido por Soledad Becerril es la insuficiente dotación de medios humanos de varios registros civiles, lo que ha provocado quejas de los ciudadanos en algunos como el de Ibiza, Inca (Mallorca), Illescas (Toledo) y San Javier (Murcia). El Defensor del Pueblo asegura que han aceptado la mayoría de sus recomendaciones y que se han producido mejoras en registros concretos, pero que no se ha resuelto la situación general debido a las restricciones presupuestarias y a las limitaciones para reponer las plantillas de funcionarios.

La situación es muy desigual, dependiendo del registro civil y de la comunidad autónoma. En el caso del de Vila, el problema se ha trasladado de las antiguas dependencias en el edificio judicial de la avenida de Isidor Macabich al Cetis, donde se encuentra ahora.

En la memoria, el órgano que vela por que se respeten los derechos recogidos en la Carta Magna denuncia la situación de «provisionalidad normativa que adolecen los registros civiles», que redunda en su colapso. En los informes inciden en que la situación se agrava en las comunidades autónomas que en su día asumieron las competencias para la dotación de medios humanos y materiales.

Tras la aprobación de la nueva ley del Registro Civil, cuya entrada en vigor se viene aplazando, las funciones del registro dejarán de ser desempeñadas por los juzgados.

Esta norma ha provocado bastante protestas de los funcionarios, encabezadas en el caso de Ibiza por sus representantes sindicales.

DEMORAS EN LOS EXPEDIENTES

Por último, el Defensor del Pueblo explica que la insuficiente dotación de medios humanos afecta, sobre todo, a la accesibilidad, atención presencial, telefónica y telemática, provoca demoras en la tramitación de los expedientes matrimoniales, de nacionalidad, de rectificación de errores en las inscripciones y de resolución de los recursos.

En cuanto a los datos generales del archipiélago, el Defensor del Pueblo recibió el año pasado 342 quejas de entidades y particulares de Balears, desde donde también se plantearon a este organismo seis solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad. En 2014 tramitó 21.600 quejas de todo el país, el 1,5% desde Balears.

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