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Vigilantes privados en las cárceles por 48 millones de euros

20 de febrero de 2015

Guardia Civil, Policía, funcionarios y escoltas critican el plan del Gobierno. Denuncian trato de favor hacia las empresas licitadoras. El Ejecutivo alega que las incorporaciones son 'refuerzo', no sustitución. El 'servicio de apoyo' se implantó primero en 21 cárceles y luego, a las 67 dependientes de Interior.

EL MUNDO (JOSE MARÍA ROBLES).- En la prisión de Cáceres hay dos personas en un puesto exterior y ningún jurista. En Pamplona sólo disponían de un médico hasta hace unas semanas. En Albacete prácticamente no tenían ni para sillas nuevas. Son algunas situaciones precarias que contrastan con los más de 33 millones de euros presupuestados por el Gobierno para la segunda fase de la privatización de la seguridad exterior penitenciaria, que comenzó el pasado 1 de octubre. Guardia Civil, Policía, funcionarios y escoltas critican la contratación de vigilantes en las cárceles y denuncian trato de favor hacia las empresas licitadoras.

"La privatización de la vigilancia exterior de los centros penitenciarios representa un dispendio económico enorme y sin ningún sentido, ya que supone duplicar un número de servicios que hasta ahora eran realizados por un agente público (policía o guardia civil) y ahora se realizarán por el mismo más el vigilante de la empresa privada", rechaza Juan Ángel Figueroa, vicepresidente nacional de ACAIP (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias).

El sindicato se opone desde el inicio al proceso de privatización de la vigilancia perimetral promovido por el Ejecutivo a través de la Ley de Seguridad Privada, ya que "no responde al interés general a favor de la seguridad, sino que se hace para mejorar los beneficios de las empresas privadas. De todos es conocida la vinculación de personas importantes dentro del partido del Gobierno (PP) con empresas de ese ramo. Para ello no se ha dudado en modificar la Ley de Seguridad Ciudadana".

A 48 millones de euros asciende ya el presupuesto del 'servicio de apoyo a la seguridad en centros penitenciarios' contemplado en el nuevo marco legal (Ley 5/2014, de 4 de abril). 7.391.547,57 euros fueron desembolsados en un 'proyecto piloto' en 21 cárceles. Comenzó en mayo de 2013, empleó a 254 vigilantes y, aunque estaba previsto que durase nueve meses, acabó prolongándose ocho más. A ello se añaden los 33.387.743,03 euros invertidos en una segunda fase en las 67 prisiones dependientes del Ministerio del Interior el pasado 1 de octubre. Dicha fase, que se traducirá en 550 nuevas contrataciones, durará un año y podría ser prorrogada otros 12 meses.

PRECEDENTES

En España ya están subcontratados la limpieza de dependencias de funcionarios (interiores y exteriores), el catering de las comidas de los reclusos en algunos centros, el mantenimiento integral de las instalaciones y la asistencia sanitaria especializada.

Contra estas incorporaciones, que desde el Gobierno se defienden como "refuerzo" y no como "sustitución", se posicionan no solamente los funcionarios de prisiones. También la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, profesionales que ven cómo las tareas derivadas de la vigilancia desde puestos fijos o garitas, el control de personas, vehículos y mercancías, y la observación y manejo de circuitos cerrados de televisión son asumidas por vigilantes.

Ello a pesar de que el artículo 63 del Reglamento Penitenciario especifica que "la seguridad exterior de los establecimientos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) o, en su caso, a los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas". Además, temen que en una tercera fase se produzca la reducción de efectivos en algunos centros y el cambio forzoso de destino para los afectados.

"En principio el Gobierno esgrimió tres pretextos para llevar a cabo esta privatización: recolocación del personal de seguridad privada que prestaba servicio de escolta en el País Vasco y Navarra, reubicación de los guardias civiles y policías destinados en las prisiones en labores de seguridad ciudadana y ahorro económico", desgrana en nombre de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) Rafael Sánchez, quien califica ese primer argumento de "rotunda mentira".

"El número de ex escoltas que ha prestado servicio en el País Vasco y ha sido contratado por las empresas de seguridad en los 21 centros penitenciarios alcanzó la cifra de 95 personas, que sobre un total de 254 vigilantes representa un 37,40% del total. Porcentaje que se reduce al 10% en la segunda fase", saca la calculadora Figueroa.

Vicente de la Cruz, presidente de la Asociación Española de Escoltas(ASES), confirma que la presencia de guardaespaldas al otro lado de los tornos es "meramente testimonial" y matiza que tampoco existe entre la profesión "una demanda significativa" de los servicios ahora ofertados en la cárcel. "Los escoltas que protegían directamente a objetivos terroristas (unos 3.500) están en un 97% en situación de desempleo o han buscado opciones de autoempleo, a veces en otros sectores o en el extranjero, normalmente en zonas de riesgo. Un número significativo (unos 2.000) continúa prestando servicio activo en la clásica protección de ejecutivos, personalidades, etc.", hace balance.

No obstante, De la Cruz detecta entre sus colegas "cierta frustración", ya que "todos los partidos políticos a los que se prestó servicios de protección frente al terrorismo afirmaron públicamente la obligación moral de reconocer y premiar nuestra labor". "La realidad", prosigue en sintonía con Sánchez, "es que a quienes ha beneficiado este proceso ha sido a las empresas de seguridad que tenían asignados servicios de escolta en el País Vasco y Navarra, que como 'compensación' han obtenido estos contratos".

INTERIOR DEFIENDE LA 'OPTIMIZACIÓN EN LA GESTIÓN"

La Secretaría de Estado de Seguridad aduce que "al inicio de este modelo el 40,6% de los vigilantes que prestaba servicio habían sido escoltas en el País Vasco o Navarra, si bien la selección del personal para garantizar el servicio en los puestos contratados es competencia exclusiva de las empresas adjudicatarias, bajo criterios sometidos a la legislación propia sobre la materia, tanto en las nuevas incorporaciones como en la subrogación de los servicios que se venían prestando".

"Se ha hecho todo con un oscurantismo y falta de transparencia poco usual", enjuicia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) por boca de Adolfo Pérez la decisión del departamento de Francisco Martínez Vázquez de resolver la adjudicación de la vigilancia perimetral en el 'proyecto piloto' mediante procedimiento negociado sin publicidad. Esto es, mediante invitación directa a empresas que ya trabajaban para la Administración, y no como concurso público abierto a otras compañías del sector. Se alegaron "circunstancias excepcionales" para la seguridad para justificar la elección de este formato.

"En los últimos años ha habido una disminución de la oferta pública de empleo en todo el ámbito de la Administración Pública. Esto ha obligado a hacer una mayor optimización en la gestión de los servicios de seguridad, entre los que se encuentra la vigilancia de los Centros Penitenciarios", expone la Secretaría de Estado de Seguridad. "El criterio de adjudicación previsto es el de la oferta económicamente más ventajosa para la Administración, por lo tanto han sido los licitadores que presentaron una mejor oferta los adjudicatarios del contrato".

En la segunda fase, la UTE (Unión Temporal de Empresas) constituida por Ombuds, Eulen, Prosetecnisa, Sabico, Garda, Vinsa y Casesa se adjudicó el Lote 1 (prisiones de Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla, con un coste de 9.853.429,59 euros) ofertado por Interior en la mesa de contratación celebrada el 30 de julio de 2014.

Securitas obtuvo el Lote 2 (Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja, con un coste 8.551.283,55 euros), mientras que Ombuds en solitario presentó la propuesta más ventajosa en relación al Lote 3 (Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, con un coste de 7.671.805,51 euros) y la UTE formada por Coviar y Segur Ibérica se hizo con el Lote 4 (Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra, con un coste de 7.311.224,38 euros).

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