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El culebrón de la guerra entre Junta de Andalucía y Gobierno central provoca la desatención jurídica de presos durante tres años

11 de febrero de 2015

El Ministerio del Interior afirma que la Junta de Andalucía aún no le ha remitido el borrador de convenio. Quince mil presos siguen entre tanto totalmente indefensos sin atención jurídica penitenciaria.

INFO APDHA.- Casi tres años después que la Junta de Andalucía decidiera el fin del SOAJP de manera unilateral, este sigue sin reanudarse, privando de un servicio público esencial a uno de los colectivos más desfavorecidos de la sociedad. Todo sigue sin resolverse pese a haber anunciado públicamente en varias ocasiones su reanudación. Ninguna Comunidad Autónoma ha eliminado este servicio, solo el pretendido gobierno de izquierdas de la Junta de Andalucía.

Ambas organizaciones se pasan la pelota de un tejado a otro y al final la cárcel sigue sin barrer. El Consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha provocado esta situación al no permitir un convenio directo entre abogados y Junta de Andalucía como se vino haciendo entre los años 2001 y 2008 por intereses meramente partidistas y de recorte. Servicio por cierto, de una eficacia alabada por todos los grupos parlamentarios, incluido el propio Consejero, en el Parlamento.

Finalmente, en contra de la opinión reiterada del Parlamento Andaluz en dos proposiciones no de ley, tras ocho iniciativas parlamentarias en el mismo sentido, éste manifestó en septiembre de 2014 que continuaba siendo necesaria la participación del Gobierno Central, asegurando haber conseguido que el Ministerio aceptara firmar.

A día de hoy, el Defensor del Pueblo estatal ha archivado la queja interpuesta por nuestro colectivo al afirmar que el Ministerio no ha recibido ninguna propuesta de Convenio desde la Junta.

Como quiera que a la APDHA le consta que esta información es incierta ha pedido al Defensor Estatal que continúe con la queja, toda vez que el Ministerio había confirmado por otros cauces diferentes que sí lo había recibido.

Es la segunda vez que el Ministerio del Interior, ya ocurrió en el 2013, pretendía tramitar este convenio, si bien en aquella ocasión, tras varios meses y una recomendación del Defensor Estatal de mayor agilidad, decidió no firmarlo. La situación vuelve a repetirse en lo que a la tardanza se refiere y son los presos los principales perjudicados de este despropósito que ya dura tres años.

Existe una corresponsabilidad entre ambas administraciones para que se produzca esta situación. En primer lugar un pulso político que no acaba entre PP y PSOE, demostrado por los cambios reiterados del Ministerio en firmar, no firmar y sí firmar demorando de forma innecesaria las decisiones; y de la Junta que requería la firma del Ministerio de forma innecesaria, ya que jamás antes había existido dicha firma, para responsabilizar a éste de la no continuación del SOAJP.

De igual modo, se constata que el PSOE andaluz solo ha pensando en medidas electorales, conscientes de que los presos no son un tema que venda ni preocupen al día de hoy a la sociedad, recortando los derechos de los más desfavorecidos (en torno al 80% son pobres y provienen de barrios desfavorecidos y de exclusión). No en vano el Sr. De Llera ha mantenido y sigue manteniendo que no se trataba de una cuestión de recorte presupuestario con los más desfavorecidos. Pero frente a ello, nos encontramos que se ha ahorrado ya en estos 3 años un millón de euros y que reducirá un 66% el coste del servicio en el futuro, no garantizando la mínima calidad exigible para el mismo.

Los 396.000 euros anuales para la atención de las 13.000 personas presas se verán reducidos a una cantidad que parece que no llegará a la mitad. Inicialmente se han presupuestado 130.000 euros para toda Andalucía.

Se reducirá tanto el número de letrados como el importe de las asistencias. Antes asistía de media un abogado diario en la mayoría de las provincias, ahora se reducirán a la mitad, lo que determinará a buen seguro que el tiempo de que dispondrán los abogados para cada uno de los presos será insignificante. Si antes se atendían en muchas prisiones a 7 presos en dos horas, ahora probablemente serán 10. La calidad se reducirá necesariamente.

A su vez, se abonará por asistencia la mitad de lo que se abonaba antes de su suspensión. ¿Cuántos letrados pueden estar dispuestos a desplazarse 130 kilómetros, estar una mañana y trabajar y seguir cada una de las encomiendas jurídicas que le hagan los presos por alrededor de 60 euros?

Finalmente, el servicio que la Consejería de Justicia quiere retomar, que no sabemos si vera luz algún día, es completamente distinto al anterior, pues se tratará de un mero dispensario de consejos o recomendaciones, frente al servicio extinto que garantizaba que cualquier reclamación del preso iba a ser acompañada desde el principio hasta el final en los tribunales con la asistencia del abogado especialista. Incumple igualmente así lo acordado en el Parlamento de Andalucía en ambas proposiciones no de ley.

Del mismo modo, el PSOE andaluz se está apartando de la dirección nacional del PSOE que en agosto de 2014 en el marco de la tramitación en el Congreso del proyecto de justicia gratuita ha interesado una enmienda para que los servicios de atención en prisión formen parte de Justicia Gratuita. Así ha sido en Andalucía hasta que el Consejero ha decidido lo contrario. De hecho en el Convenio está excluido como de Justicia Gratuita.

Ahora que estamos en campaña electoral ¿seguirá manteniendo el PSOE que es el partido que garantiza los derechos y la igualdad de todos los andaluces?

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