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Entrevista a Endika Zulueta, abogado de movimientos sociales: “El estado español va a contar con el Código Penal más duro de la llamada cultura occidental”

4 de febrero de 2015

La finalidad de las penas es, teóricamente, la reinserción social del ciudadano objeto de condena. Además, hay evidencias de ello, la elevación de las penas no influye en la disminución de delitos. Tampoco la pena de muerte. Sin embargo, con la próxima reforma, “el estado español va a contar con el Código Penal más duro de la llamada cultura occidental”, afirma el activista y abogado vinculado a los movimientos sociales desde hace décadas, Endika Zulueta. “España es uno de los países con menor índice de criminalidad de la Unión Europea y, sin embargo, el que tiene las prisiones más saturadas”, agrega. Zulueta es miembro de la Asociación Libre de Abogados (ALA) y de la Comisión Legal del 15-M de Madrid. Ha escrito también numerosos artículos sobre la actualidad jurídico-política en revistas y páginas Web especializadas.

REBELION (ENRIC LLOPIS).-

P.- El “derecho penal del enemigo”, término establecido por el jurista alemán Günther Jakobs en 1985, se aplicó en Estados Unidos a raíz de los atentados del 11-S de 2001, especialmente contra migrantes “irregulares” y sospechosos de terrorismo. ¿En qué consiste esta doctrina? ¿Desde cuándo se aplica en el estado español? ¿Puede observarse en la “Ley Mordaza” y en la reforma del Código Penal?

R.- España es pionero en el tratamiento del “derecho Penal del enemigo”. La legislación antiterrorista ha sido siempre ejemplo de ello. Ciertamente, los atentados del 11-S aceleraron su práctica en EEUU y en toda la Unión Europea. Del “derecho penal del enemigo” podemos resaltar cinco características: 1) Los tipos penales anticipan la punibilidad a actos que sólo tienen el carácter de preparatorios de hechos futuros y que en muchas ocasiones serían impunes, por ejemplo, el propósito de criminalizar la visita de las páginas Web que el Gobierno considere “yihadistas”; 2) una desproporción en la aplicación de las penas: por un lado se penaliza igual el supuesto acto preparatorio que la comisión del delito ; por otra parte, se penaliza la pertenencia a la organización con altísimas penas (como si fuera un homicidio) y se suma la pena a imponer por el acto realizado; 3) la legislación se fundamenta en un lenguaje bélico, no se enjuicia a ciudadanos sino a enemigos en guerra, y por tanto no merecedores de garantía alguna.

4) Se restringen derechos fundamentales; así, la versión policial es la incuestionable versión oficial sin presunción de inocencia, sin derecho a la intimidad; se “normaliza” también el secreto de las actuaciones procesales, se incomunica como norma a los detenidos, se amplían sus plazos de detención, etcétera; 5) Se endurecen las condiciones en prisión (FIES), se dificultan los beneficios penitenciarios y se hacen más difíciles las salidas; 6) Se trata de un derecho penal de autor, pues no se juzgan hechos (como en un sistema democrático) sino supuestas personalidades (sistemas autoritarios), llegándose a criminalizar el pensamiento, aunque no se materialice en actos, al estilo orwelliano.

P.- El juez de la Audiencia Nacional Gómez Bermúdez ordenó la detención de 11 personas de ideología anarquista el 16 de diciembre en Barcelona (siete de ellas entraron después en prisión), por supuesta pertenencia a organización terrorista. Fue la llamada “operación Pandora”. ¿A qué responden estas detenciones selectivas de militantes anarquistas?

R.- Desde hace más de un siglo el Estado siempre ha criminalizado el anarquismo identificándolo con actividades delictivas de la forma tan vaga y ambigua como parece que ha sucedido en este asunto. Poner seriamente en cuestionamiento el orden socio-económico establecido, aún sin el uso de la violencia, supone ganarse la enemistad del Estado y, en ese contexto, es lógico que éste criminalice, y de la forma más rotunda posible (vinculándolo con el terrorismo) a quien más le inquieta, realizando redadas indiscriminadas, haciendo registros en Centros Sociales, y abriendo procesos judiciales con dudoso fundamento fáctico y jurídico.

P.- El 12 de enero, en la llamada “operación mate” fueron detenidas 16 personas (12 de ellas abogados) en el País Vasco, acusadas de fraude fiscal y señaladas como parte del entramado de apoyo a ETA. ¿Cómo interpretas estas detenciones, en un momento en que han finalizado los atentados?

R.- Las actuaciones policiales y judiciales llevadas a cabo con la detención de doce abogados y abogadas el día que comenzaba un juicio en el que actuaban como defensores ha resultado preocupante a muchos agentes sociales y jurídicos, incluido el Consejo General de la Abogacía Española. Cuando se limita la actividad profesional de un defensor, se está vulnerando el derecho de defensa de sus clientes, y quien está abocado a realizar dicha limitación debe tener contundentes pruebas de cargo para ello, y, al menos por lo que se ha filtrado hasta este momento, existen serias dudas de que ello suceda así en el presente caso. Además, en el auto de libertad el juzgado indica a los defensores la forma y el contenido de las entrevistas que deben tener con sus clientes, bajo amenaza de ser ingresados en prisión, lo que resulta una intromisión inadmisible por parte de un juez en el derecho de defensa. No recuerdo haber visto nada parecido anteriormente. La Comisión de Defensa de la Asociación Libre de Abogados (ALA) va a formular la correspondiente protesta por ello.

P.- ¿Crees que el atentado contra el seminario satírico “Charlie Ebdo”, que se saldó con 12 muertos, puede marcar un punto de cambio en la criminalización de la disidencia y en una deriva autoritaria? De entrada, Hollande (presidente de la República francesa por el partido socialista) ha disparado sus indicadores de popularidad por la gestión de la crisis…

R.- El atentado de París, rotundamente condenable desde cualquier perspectiva desde la que se quiera analizar, y las posiciones que al respecto van adoptando los diferentes agentes sociales abre paso a múltiples reflexiones. Es una paradoja que los mandatarios de un gran número de países en los que cotidianamente se vulneran los derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión, encabezasen una manifestación en defensa del derecho que ellos reprimen.

Se nos dice que ha sido un ataque a nuestra civilización y ya se preparan actuaciones y legislaciones contra el terrorismo, y en defensa de nuestra seguridad. Se manipula nuestro miedo y parece que podemos echarnos a temblar; no olvidemos que con la excusa de la defensa de nuestra seguridad y en el contexto de la llamada guerra al terrorismo, nuestra civilización ha protagonizado aberrantes actos de terror: se han bombardeado países, se ha matado a cientos de miles de personas, se han destruido culturas milenarias, se han construido cárceles secretas, se ha legitimado la tortura, se han creado “Guantánamos” y, en múltiples países, se han potenciado legislaciones penales regidas por un “derecho penal de enemigo”, en los que la ciudadanía está sometida a un férreo control social…. Todo ello por la seguridad, sí, pero por la seguridad económica de las empresas petrolíferas y de armamento que son las que sacan rédito económico de tanto sufrimiento.

P.- En el Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el gobierno del PP ha llegado a proponer la ampliación de los supuestos en que la policía puede intervenir las comunicaciones sin autorización judicial. ¿Qué supondría esta medida, y qué subyace a la misma?

R.- Ese tipo de medidas, y el repetitivo y constante control de las nuevas comunicaciones, entra dentro del contexto en el que analizamos todo lo demás. Es un intento de formalizar el Estado policial, evitar en la medida de lo posible el control judicial que debe regular las garantías de la ciudadanía en el sistema penal de un estado democrático, y dejar al más puro arbitrio policial la limitación de derechos fundamentales, como el de la libertad de expresión, la intimidad o el secreto de las comunicaciones.

P.- ¿Y en cuanto a la “prisión permanente revisable”? ¿Qué se esconde tras este eufemismo?

R.- España es uno de los países con menor índice de criminalidad de la Unión Europea y, sin embargo, el que tiene las prisiones más saturadas. El índice de “prisionización” (el tiempo medio que el preso está privado de libertad) también es el mayor de la Unión Europea. Sin dud,a tenemos uno de los Códigos Penales más duros y, sin embargo, y poco antes de finalizar la legislatura, el PP se ha empeñado en aprobar un Código Penal que endurece el anterior, una nueva vuelta de tuerca. (...)

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Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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