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Una ONG malagueña suspende por impagos la atención a enfermos mentales presos

18 de enero de 2015

El 50% de ellos ingresa en Alhaurín sin diagnóstico, según la federación de discapacitados

MALAGA HOY (CELINA CLAVIJO).- Tras más de una década atendiendo aproximadamente a un centenar de reclusos y excarcelados -para evitar la reincidencia- la Federación Malagueña de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual (Amadpsi) se ha visto obligada a suspender el programa que desde entonces venía desarrollando. Y es que, según explicó a este periódico la gerente, Carmen Martín, su situación económica ha llegado al límite. "Nos estamos endeudando por culpa de la administración autonómica. Somos una ONG y no podemos mantener el sistema sin recursos. No son casos puntuales los que atendemos, sino que el volumen es importante", se lamentó.

El proyecto dejó de funcionar el pasado 31 de diciembre después de que el ejercicio cerrara sin haber recibido la resolución con la ayuda que se le debería otorgar. "Ese documento es el único que nos da garantía de que el dinero será nuestro. Hay un compromiso verbal pero no por escrito. La Junta de Andalucía ha hecho que tengamos que pararnos en seco después de 10 años", recalcó la portavoz de la asociación. No obstante, la conciencia moral del equipo le lleva a seguir atendiendo, al menos, las consultas que se registran. "La gente sigue llamando. Podemos facilitar una información o hacer una gestión a nivel de entidad social, pero la administración no entiende que nuestras actuaciones son necesarias", afirmó.

Y para demostrarlo, tira de cifras. "Un 50 ó 60% de los enfermos mentales que entran en Alhaurín de la Torre no están diagnosticados. Es un problema. Y ahora estamos dejándolos desvalidos", aseveró la gerente. La labor del colectivo, que pertenece a la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps), en la prisión con los discapacitados mentales se basa en intervenciones individuales de rehabilitación y reinserción. Los técnicos contribuyen además a la adaptación de los internos al centro penitenciario y a facilitar la obtención del certificado de minusvalía.

Evitar el cumplimiento de condenas de estos enfermos a través de una red de acogida alternativa, caso de centros ocupacionales, es otro de sus caballos de batalla. "Además de los talleres que impartimos varios días a la semana, a nivel de juzgados hacemos un trabajo muy bueno. Intervenimos con jueces y fiscales. A veces, estas personas, que tienen sus facultades mentales mermadas, no son conscientes de los delitos que cometen", aseguró Martín. Su vulnerabilidad, denunció, le lleva a ser víctimas de abusos de distinta índole. "Es fácil que otros presos se aprovechen de los discapacitados, por ejemplo, para que pasen la droga. Necesitan apoyo y a alguien que dé respuesta a sus necesidades", sentenció la responsable, quien detalló que la mayoría de ellos están privados de su libertad por robos con violencia, tráfico de drogas y, en algún caso, homicidio.

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