Skip navigation.

M.I. Colegio de Abogados de PamplonaM.I. Colegio de Abogados de Pamplona
M.I. Ilustre colegio de abogados de pamplona
Derecho penitenciario
Bibliografía Centros penitenciarios Enlaces
La WebPresentaciónNormativaJurisprudenciaOrganismos internacionalesDoctrinaEncuentrosNoticias
Derecho Penitenciario > Noticias

Noticias

AÑOS DE PRISIÓN CUMPLIDOS EN CÁRCELES GALAS

Un Supremo dividido aplaza al próximo año la decisión sobre el cómputo de penas

17 de diciembre de 2014

Supone un desaire para el Ejecutivo del PP, que pidió una postura firme e inmediata que revocara la libertad de Arrospide.

NOTICIAS DE NAVARRA (JAVIER NÚÑEZ).- Cinco horas de reunión no fueron suficientes para que los quince magistrados que componen el pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo adoptaran una decisión sobre las reclamaciones de los presos de ETA para que se computen los años de prisión cumplidos en cárceles galas. En un principio los magistrados debían decidir sobre un caso en concreto, el de Kepa Pikabea, a quien la Audiencia Nacional negó esta posibilidad de computar el tiempo que pasó en cárceles francesas. Al final, y por unanimidad, la Sala de lo Penal del alto tribunal decidió requerir la posición sobre este asunto tanto a la Fiscalía como al propio Pikabea. Una vez que cuenten con ambos informes, se volverán a reunir el próximo 13 de enero, fecha en la que darán a conocer su decisión final. Según afirmaron desde el Supremo, el motivo clave de este aplazamiento es evitar la indefensión del miembro de ETA.

Lo cierto es que lo sucedido ayer refleja la total división que reina en el seno del pleno de la Sala de lo Penal del Supremo. La directriz europea permitiría restar a los presos el tiempo transcurrido en prisiones de otros países de la Unión Europea. Sin embargo, la reciente Ley 7/2014, que entró en vigor el pasado 3 de diciembre gracias a la mayoría del PP en el Congreso de los diputados, contiene una Disposición Adicional Única que señala que “en ningún caso serán tenidas en cuenta” para su aplicación “las condenas dictadas por un tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010”.

Así, mientras unos jueces consideran que la aplicación de la directriz europea es de obligado cumplimiento, otros se escudan en la Disposición Adicional para negar un nuevo cómputo de penas a los presos que así lo han solicitado bajo el argumento de que sus condenas en el Estado francés se dictaron con anterioridad al 15 de agosto de 2010.

Implícitamente, esta no decisión del Tribunal Supremo supone, además, un desaire para el Ejecutivo del PP. Tras la excarcelación de Santiago Arrospide, Santi Potros, tanto el ministro de Justicia, Rafael Catalá, como la propia vicepresidenta del Gabinete Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, mostraron su disconformidad con la decisión adoptada por la sección Primera de la Audiencia Nacional, que fue la que puso en libertad tanto a Arrospide como a Alberto Plazaola. De hecho, Catalá afirmó que esperaba una contundente decisión por parte del Tribunal Supremo que implicara la vuelta a prisión de los dos presos ya en libertad.

La postura de los dos destacados miembros del Ejecutivo español tuvo una rápida respuesta por parte de los magistrados del alto tribunal, que denunciaron las “injerencias políticas” y también negaron la posibilidad de que fuera el Gobierno de Mariano Rajoy quien marcara los tiempos judiciales.

MEDIO CENTENAR

Tras la puesta en libertad de Carmen Gisasola, Santiago Arrospide y Alberto Plazaola -la primera es un referente de lavía Nanclares-, un total de 57 reclusos han reclamado que los jueces realicen un nuevo cómputo de sus penas y se tenga en cuenta los años de prisión que cumplieron en cárceles francesas. Sin embargo, ninguno de estos reclusos cumple la transposición aprobada en el Congreso de los diputados gracias a la mayoría del PP, por la que se debe tener en cuenta un requisito esencial, que la sentencia cumplida en el Estado francés fuera dictada con posterioridad al 15 de agosto de 2010.

De las 57 solicitudes, los jueces han dado respuesta a ocho casos. Además de la puesta en libertad de Gisasola, Arrospide y Plazaola, la judicatura ha adecuado la pena a Joseba Urrosolo y Rafael Caride Simón -ambos encuadrados en la vía Nanclares- y Francisco Mujika Garmendia Pakito, quien formaba parte del colectivo Artapalo, la considerada dirección de ETA que fue detenida en Bidart en 1992. Por contra, los magistrados de la Audiencia Nacional se negaron a descontar los años en prisión en Francia a otros dos reclusos: Iñaki Bilbao y Kepa Pikabea, cuyo caso fue el que estudió ayer el pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Entre los reclusos que han solicitado la adecuación de sus penas se encuentran históricos de la organización armada como Julen Atxurra Pototo, que pasó 17 años en cárceles galas; Juan Ramón Karasatorre, que estuvo once años; Xabier García Gaztelu Txapote, que pasó nueve; José Antonio Erostarbe Fiti, que estuvo ocho años; José Javier Zabaleta Baldo, que estuvo ocho años, o Juan Carlos Iglesias Chouzas Gadafi, que estuvo cinco años.

PROTESTA DE SORTU

En este contexto, el portavoz de Sortu, Pernando Barrena, aseguró ayer que es el momento de utilizar “todos los recursos” a su alcance para conseguir acabar con la actual política penitenciaria “vulneradora de derechos humanos básicos” . Barrena realizó estas declaraciones en la concentración que llevó a cabo Sortu en la plaza del Buen Pastor de San Sebastián bajo el lema Stop a la política penitenciaria criminal. Presos y presas a casa. En la movilización, que la formación abertzale también celebró en otras 60 localidades vascas, estuvieron presentes entre otros Rufi Etxeberria y Hasier Arraiz.

Barrena denunció que el Gobierno del PP utiliza “diferentes recursos a su alcance” para poner en marcha medidas que “en absoluto tienen que ver con el cumplimiento de la legalidad vigente” y criticó que “incluso fabrican nuevas leyes para aplicarlas de manera retroactiva”.

© M. I. Colegio de Abogados de Pamplona - Iruñeko Abokatuen Elkargo T. Arg. - Avenida del Ejército, 2 - Planta 10ª, 31002 Pamplona