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SEGÚN EL SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

La cárcel de Badajoz tiene el ratio de ocupación 'mejor de su historia' con 600 presos en régimen ordinario y 58 abierto

27 de noviembre de 2014

DIRECTO EXTREMADURA -EUROPA PRESS.- El secretario general de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, Ángel Yuste Castillejo, ha conocido este jueves de primera mano la realidad de la cárcel de Badajoz, cuya ratio de ocupación, 600 internos de régimen ordinario y unos 58 de régimen abierto, la sitúa como la "mejor de su historia" y "dentro de unos estándares que admitirían su comparación ventajosa con las más avanzadas de Europa".

Para Ángel Yuste, el centro penitenciario pacense está "excelentemente gestionado" y actualmente cuenta por unos niveles de ocupación de unos 600 internos en régimen ordinario y unos 58 en régimen abierto "alejado de las cifras de casi 1.200 reclusos que tuvo en otro momento" en torno al año 2009 y con una ratio de unos 40 o 50 trabajadores por cada 100 reclusos.

Ha apostillado que tiene unas 400 celdas residenciales y que se entiende por "capacidad óptima" de un centro penitenciario cuando están duplicadas la mitad de las mismas, por lo que su capacidad máxima estaría "por encima" de 600 internos.

Así lo ha expresado Yuste Castillejo en una comparecencia de prensa acompañado del delegado del Gobierno en Extremadura, Germán López Iglesias, y del director de la cárcel de Badajoz, César Montero de Espinosa, que ha enmarcado en las visitas "normales" que realiza de forma periódica a los centros penitenciarios españoles para conocer su realidad "in situ" o "atender en la medida de lo posible las reivindicaciones de los profesionales".

INVERSIÓN DE 3 MILLONES DE EUROS

Este tipo de visitas también se llevan a cabo, ha agregado, para "comprobar" que los esfuerzos inversores de la Secretaría General "cumplen los objetivos que justificaron estas decisiones", ante lo cual ha cifrado en unos 3 millones de euros la inversión destinada a esta cárcel, un "importe ya comprometido" desde junio de este año para resolver "problemas endémicos" como los vertidos de la depuradora o atender "reivindicaciones históricas de la plantilla y de los directivos del centro que mejoran la calidad de vida de los reclusos y de los funcionarios".

Al respecto ha concretado que estos trabajos que en su mayoría concluirán el próximo año han consistido en la instalación de interfonía por 454.382 euros, de detección de incendios y extracción de humos por 685.328 euros y de agua de consumo humano y caliente sanitaria por 914.012 euros, así como en la reforma de la estación depuradora por 717.700 euros y un contrato complementario a esta última obra de 73.741 euros para "necesidades que no se habían puesto adecuadamente en el proyecto".

Igualmente, el secretario general de Instituciones Penitenciarias ha explicado que en su visita a Badajoz también mantendrá encuentros con responsables de la junta de personal de dicha cárcel para abordar los problemas que les preocupan, algunos de ellos "consecuencia de una coyuntura más general como son la evolución de las plantillas" y cómo las sucesivas leyes de presupuestos reflejan una oferta de empleo público "que es más amplia que otros colectivos" pero que "obliga también a hacer un esfuerzo de imaginación para gestionar mejor los recursos".

REALIDAD PENITENCIARIA

En este sentido ha calificado la realidad penitenciaria como "testaruda" y ha explicado que desde el año 2009 se está produciendo un descenso "progresivo y sistemático" de la población reclusa en España que ha cifrado en unos 9.000 internos menos que en dicho año, así como una evolución del modelo que "acerca más a Europa" con medidas como la sustitución de penas cortas "que se abordan suspendiéndose o buscando fórmulas más eficientes de cara a la reincidencia".

Ante ello ha puesto como ejemplo que el pasado año se ejecutaron 160.000 resoluciones relativas a trabajos en beneficio de la comunidad o penas sustituidas, a la vez que ha achacado la citada disminución de internos a factores como la última reforma del Código Penal que disminuye las penas a colectivos con "mayor peso" en la administración penitenciaria, la reducción de internos extranjeros o la "apuesta más generosa" o "muy fuerte" de la legislación española por la sustitución de penas cortas y la búsqueda de alternativas a la prisión.

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