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El PP de Andalucía pide a la Junta la reanudación "real y efectiva" del servicio de asistencia jurídica penitenciaria

12 de octubre de 2014

ENTORNO INTELIGENTE - EUROPA PRESS.- El Partido Popular quiere que la Junta incluya una partida específica en los Presupuestos de la Comunidad de 2015 para garantizar la reanudación "real y efectiva" de la prestación del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria en Andalucía, que ya fue reclamado por el Parlamento autonómico en mayo de 2013.

Así lo reclama a través de una proposición no de Ley registrada para su debate en la Comisión de Justicia e Interior , en la que expresa además su rechazo a la gestión del departamento que dirige Emilio de Llera "en la resolución de este problema" y propone que el Parlamento "desapruebe la actitud" de su titular.

En la iniciativa, consultada por Europa Press, el PP−A señala en primer lugar que la Comisión de Justicia ya aprobó el 28 de mayo de 2013 una proposición no de ley que instaba a la Junta a restituir este servicio para evitar los "perjuicios" ocasionados a las personas presas por la decisión "unilateral" de la administración andaluza de suspenderlo desde mayo de 2012.

Según los 'populares', la argumentación de la Consejería de Justicia e Interior para dicha suspensión relativa a la necesidad de suscribir un convenio con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias , dependiente del Ministerio del Interior, "no era sino una excusa para mantener este impasse, por cuanto el convenio necesario se reduce, como en el resto de comunidades autónomas donde existe este servicio, a un convenio bilateral entre Junta de Andalucía y Colegio de abogados".

Junto a ello, el PP−A también recuerda que en octubre de 2013 se aprobó otra proposición no de Ley en comisión en la que se instaba a la Junta a incorporar una partida específica en los Presupuestos de la Comunidad para 2014, "de manera que se contemplaran los créditos suficientes para reanudar así el Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria y garantizar y respetar el derecho fundamental a la defensa en el ámbito penitenciario andaluz".

En su opinión, "todo ello ha puesto en evidencia la falta de voluntad política y de sensibilidad social por parte de la administración andaluza en relación al Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria".

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