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El Gobierno Vasco propone “el primer paso” para la reinserción de presos por delitos de terrorismo

3 de octubre de 2014

Jonan Fernández presenta el programa ‘Hitzeman’, que pide al reo un compromiso por la paz y la convivencia.“Se valorará si se da un razonamiento opuesto a cualquier vulneración de derechos humanos” “Entre nuestras competencias, damos un paso para abrir una vía, pero no hay garantías”.

NOTICIAS DE NAVARRA (J. ARRETXE).- El Gobierno Vasco presentó ayer el programa Hitzeman, de “apoyo a los procesos legales de resocialización de personas presas”, con el que pretende impulsar la reinserción de los reos en prisión por delitos de terrorismo. El borrador, presentado por el secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, es el “primer paso” o el “punto de partida” previo al diálogo con agentes políticos y sociales que se desarrollará en los próximos cinco meses “prorrogables”.

Con una “cobertura institucional de dos años”, según explicó Fernández, el programa propone que el recluso firme, de manera “personal y voluntaria”, una declaración -“una puerta de entrada de trámite, normal”- que refleje “un compromiso de contribución la consolidación definitiva de la paz y la convivencia”.

A partir de ahí, una comisión gestora creada por el Gobierno Vasco y “compuesta por un grupo de personalidades de trayectoria plural, multidisciplinar y reconocida” propondrá al reo, según su propio perfil y situación personal, uno de los cuatro recorridos prefijados, que es donde Fernández puso la importancia del programa, y que girarán en torno a compromisos académicos, asociativos, institucionales o solidarios.

A partir de ese momento, el recluso contará “con el apoyo de la institución o entidad que patrocina el itinerario”, con una persona responsable a su cargo. Desde el Gobierno Vasco, el reo puede recibir -si las necesita- ayuda psicológica, para la reinserción laboral o para la búsqueda de vivienda.

Al final del proceso, deberá realizar un proyecto “a modo de conclusión” y que constituya “una aportación constructiva a la sociedad”. Según explicó Fernández, la comisión gestora elaborará después un dictamen -favorable o desfavorable- cuya “referencia básica será valorar si el compromiso asumido con la paz y la convivencia conlleva un razonamiento opuesto a cualquier vulneración de derechos humanos del pasado, del presente o del futuro”. Más aún, es al final de este trayecto cuando el recluso debería expresar “un reconocimiento autocrítico del daño causado a las víctimas”. Conseguido el visto bueno, el Gobierno Vasco trasladaría la certificación “a las instituciones competentes”.

REALIDAD COMPLEJA

Fernández, que anunció que ahora comenzarán los “contactos oficiales” con agentes políticos y sociales, asociaciones de víctimas, asociaciones de presos, personalidades y expertos -un plazo de cinco meses “prorrogables” para mejorar el programa- no ocultó de que Hitzeman, que recoge y sistematiza experiencias anteriores -entre ellas, la Vía Nanclares-, se topará con la realidad penitenciaria más pronto que tarde.

El secretario general de Paz y Convivencia reconoció que “el Gobierno Vasco no puede ofrecer ninguna garantía porque no está en su mano. Ofrece un recorrido cuyo punto de llegada se queda a la puerta de donde se toma la decisión: en buena medida, en las juntas de tratamiento de las cárceles y donde los jueces de Vigilancia Penitenciaria. Ocurre lo mismo con presos condenados por otro tipo de delitos. Nosotros, con nuestras competencias, damos un paso para abrir una vía y avanzar. Decimos: se ha seguido este proceso y es nuestra opinión”.

Fernández, que insistió en que “no es una fórmula mágica, ni pretende crear expectativas falsas de solución a una problemática muy compleja y poliédrica”, defendió que se trata de una “vía legal”, fundamentada en el “principio de reinserción y resocialización de las penas que la Constitución española consagra en su artículo 25.2” y en directivas europeas como la 2012/29/UE y del Consejo del 25 de octubre de 2012 sobre víctimas. Más en un contexto en el que la amenaza de la violencia, y la hipotética reincidencia de estos condenados, ha desaparecido.

El secretario general de Paz y Convivencia aclaró que Hitzeman “no es una condición para que el preso acceda a beneficios penitenciarios que le corresponden por ley, independientemente de su posición y situación. Otra cosa es que si se quiere impulsar un proceso de resocialización, hay que impulsar este tipo de iniciativas”.

Cuestionado por si los presos navarros condenados por delitos de terrorismo podrían acogerse, Fernández avanzó que “es una vertiente de tipo jurídico-administrativo que tendríamos que estudiar”. Dijo, eso sí, que el programa está “abierto a cualquier preso de cualquier cárcel. No puede ocultar que en determinadas circunstancias que eso añadirá dificultades, pero se ofrece de manera universal. La política penitenciaria no será una política estática y esperamos que haya modificaciones en el futuro, que favorezcan algo de sentido común y legal : la reinserción”.

RESPUESTA DE RAJOY

El programa estuvo en la mesa en la reunión del lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente español, Mariano Rajoy. La respuesta de este último, como en todos los demás ámbitos: “Que ya lo estudiaría”. Aun así, Fernández avanzó que “aunque el Gobierno Vasco no tenga esa competencia concreta en sus manos (en referencia a la penitenciaria), tratará de llevar el programa adelante sea el que sea el obstáculo”.

Según explicó Fernández, “la gestión de un programa como este sería más fácil disponiendo de la competencia de la política penitenciaria, pero no disponiéndola, este programa no deja de ser un proceso que trata de abrir camino en una dirección”.

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