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¿Eutanasia a violadores y pederastas?

3 de octubre de 2014

DEIA (JAVIER ALONSO).- FRANK Van Den Bleeken nació en el seno de una familia numerosa con escasos recursos económicos. Por ello pasó gran parte de su infancia y adolescencia en centros de acogida. Desde los 6 años fue víctima de abusos sexuales y a los 15 fue violado. Ahora, a los 52 años, lleva los últimos treinta en centros de internamiento belga, siempre con un único horizonte temporal: la cadena perpetua. Su carrera de delitos sexuales se interrumpió por primera vez a los 20 años cuando fue detenido por tres violaciones -de una brutalidad abominable-, una de ellas a una niña de 11 años. Padecía -y aún padece- un trastorno mental por el que entonces fue declarado no responsable de sus actos y recluido en un centro psiquiátrico penitenciario. Una medida destinada a proteger a la sociedad de sus atrocidades y a ofrecerle los cuidados necesarios de cara a su hipotética reinserción. Transcurridos siete años, y al considerar que reunía los requisitos, se le concedió la libertad condicional. El experimento fue un fracaso que se saldó con la violación y el asesinato de una joven de 19 años. No ha vuelto a disfrutar de una nueva oportunidad y solo ha abandonado su minúscula celda, vigilada constantemente para evitar cualquier tentativa de suicidio, con motivo del funeral de su madre.

Es el arquetipo de agresor agredido en su infancia, un violador y asesino incurable que no ha vuelto a aceptar una reevaluación de su causa de cara a obtener una reducción de condena argumentando que no desea “arriesgarse a provocar nuevas víctimas”. Su única alternativa era intentar un tratamiento psiquiátrico, pero la precariedad de este tipo de recursos en Bélgica lo hacía inviable. Los tribunales europeos de Derechos Humanos han criticado a este país en múltiples ocasiones por las malas -apocalípticas según algunos- condiciones en las que vive la población reclusa, situación que incide especialmente en aquellos que padecen enfermedades mentales: edificios obsoletos en los que el hacinamiento es la regla y que carecen de personal y recursos imprescindibles para los tratamientos.

PENA DE MUERTE VOLUNTARIA

Un escenario que motivó, hace tres años, la solicitud de su traslado a un centro holandés especializado donde sí era posible recibir la terapia que precisaba. Añadió, además, una condición que podría ser tildada de manipulativa si no fuera por la gravedad que implicaba sus consecuencias: en caso de que no se le concediera el traslado demandaba que se le aplicara la eutanasia, ya que era “incapaz de tolerar el sufrimiento psicológico que le generaba su privación de libertad en condiciones inhumanas”. La Justicia belga se declaró no competente para decidir sobre el traslado por lo que de facto le condenó a una pena de muerte voluntaria.

Durante el pasado año se realizaron cinco eutanasias diarias en Bélgica. 1.800 personas que, amparándose en la estricta reglamentación que la regula, pusieron fin a su vida por sufrir un padecimiento físico o psíquico constante e insuperable ocasionado por una condición patológica grave e incurable. Van Den Bleeken es el primer preso que lo solicita, alegando sufrimiento psicológico: “Soy un ser humano y con independencia de lo que he hecho, sigo siendo un ser humano. Dadme la eutanasia”.

Hasta ahora las razones psíquicas habían amparado tres casos: los de dos hermanos sordomudos ante la perspectiva más que cierta de perder la visión, lo que conllevaría una pérdida total de autonomía, y el de una mujer transexual que no aceptaba los resultados de la cirugía de cambio de género a la que se había sometido.

Como ellos, Frank será conducido a un hospital para que pueda liberarse de su tormento. Los tres psiquiatras que le exploraron consideraron que reúne las condiciones para ser candidato a la eutanasia por sufrimiento psicológico, aunque uno de ellos manifestó sus dudas acerca de la etiología de ese sufrimiento, más achacable, según él, a las pésimas condiciones penitenciarias que a su enfermedad mental. Padece un trastorno de personalidad antisocial que es muy difícil de tratar y en el que las terapias aplicadas durante la condena, ya sean psicológicas o de castración química, obtienen escasos resultados. Un argumento que ha propiciado que en algunos países -afortunadamente pocos- se mantenga la pena de muerte o la cadena perpetua sin posibilidad de redención.

Esta frustración por los escasos resultados ha impulsado un nuevo abordaje del problema que ejemplifica un conocido-mediático- psicólogo, quien afirmó recientemente que a “algunos de sus pacientes violadores en serie y pederastas les había planteado la posibilidad del suicidio como un salida ética, consigo mismos y con la sociedad”. Pronto matizó sus palabras, acosado por el escándalo profesional que suscitó y, sobre todo, porque incitar al suicidio es un delito.

PSICOLOGÍA Y MORAL

El daño ya estaba hecho. Para muchas personas, un psicólogo con autoridad había sido capaz de expresar lo que su moral les dictaba: la tendencia incorregible a causar daño infinito en seres vulnerables y el “no haber pagado consigo mismo o con la sociedad” solo se podía saldar con su aislamiento total -y perpetuo- de la sociedad o la solución final de su eliminación física.

Primero se les sustraerían las oportunidades de reinserción, después se les negaría la dignidad y finalmente se les recomendaría que solicitaran la eutanasia o que se suicidaran. Aunque, ya puestos, ¿por qué no podría ser la Justicia quien tomara la decisión en su lugar? Una pendiente resbaladiza que nos abocaría a justificar la pena de muerte.

Autorizar la eutanasia -suicidio asistido- en el caso del violador belga o recomendárselo a pederastas y violadores reincidentes obliga a elucidar inequívocamente que el sufrimiento psicológico que le atenaza es debido únicamente a su enfermedad mental o a su remordimiento y no derivado de la precariedad carcelaria. En caso contrario, nos encontraríamos en una coyuntura comparable a la de una víctima que implora a su torturador que acabe con su vida. Todos los agentes implicados deben respetar el derecho a morir con dignidad de todas las personas pero sin autorizar -justificar, recomendar- un suicido como salida ética (aberrante) o como respuesta a unas carencias estructurales que la misma sociedad ha favorecido.

Después de eliminar estas y agotar todas las posibilidades terapéuticas, si no se consigue la reinserción será necesario articular medidas judiciales que aíslen a la sociedad del peligro que representan en libertad.

La eutanasia no esta destinada a resolver sufrimientos enmendables. Estamos muy alejados social y culturalmente de Bélgica, donde ha sido aprobada para menores de edad y donde la Sociedad Belga de Cuidados Intensivos acaba de solicitar que se pueda acortar con medicamentos el proceso final de la vida aunque no exista sufrimiento, pero la distancia no nos protege. Si allí se abre la puerta a esta pena de muerte encubierta, el utilitarismo liberal dominante nos acabará colando cientos de razonamientos que justificarán, argumentando sufrimiento psicológico, la liquidación de otras personas que resulten socialmente incómodas.

La situación de Frank Van Den Bleeken es escandalosa. Los progresos que se han conseguido con la regulación de la eutanasia desaparecerían cuando su aplicación sea consecuencia de la desidia de la Justicia o de la carencia de medios para aplicar una terapia adecuada.

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