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El Gobierno privatiza la seguridad de todas las cárceles

1 de octubre de 2014

A partir del 1 de Octubre un total de 67 Centros Penitenciarios contarán con vigilancia privada en todos los Establecimientos Periféricos dependientes de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, excluyendo los Centros de Inserción Social.

LA PLANA AL DIA.- Se cumplen de este modo las previsiones de CSI•F sobre los nefastos efectos económicos y de seguridad que conllevaría la privatización de los exteriores de las cárceles que ya criticó cuando se eligió Castellón como provincia piloto sustituyendo a la Benemérita por empresas de seguridad privada en 2013.

En 2013 se contrató por parte del Ministerio del interior a 250 vigilantes privados para hacerse cargo de la seguridad perimetral de varios Centros Penitenciarios, entre ellos Castellón, incrementando dichos efectivos ahora en 550 efectivos, con un total de 800 vigilantes privados que cubrirán unos 203 puestos distribuidos por los 67 Centros Penitenciarios.

Las prestaciones en los puestos serán de 24 horas y de 12 horas, y se ha establecido un precio unitario por hora sin que el Ministerio del Interior haya trasladado a los agentes sociales el precio del servicio ni el montante total.

Aquellos servicios cuya prestación necesite el uso de arma, se le aplicará un sobrecoste y la duración del contrato será de un año, contemplándose la posibilidad de prórroga.

CSI.F Prisiones denuncia que mientras existe una Oferta de Empleo Privada de 800 trabajadores anuales, la Oferta de Empleo Público para Instituciones Penitenciaria en los tres años de legislatura popular ha sido de 84 Empleados, insuficiente para un sector prioritario y para la calidad del servicio que presta este colectivo que pone en riesgo sus vidas por la cantidad de agresiones que padecemos.

Si a esta situación dramática en recursos humanos que padece Instituciones Penitenciaria, tenemos que añadir el envejecimiento paulatino de las plantillas que ronda una media entre los 48 y 58 años y las jubilaciones anuales que se estiman entre los 350 y 400 empleados públicos penitenciarios anuales, por lo que “el modelo penitenciario está abocado a un fallo en el sistema” por falta de recursos humanos.

CSI.F entiende que prevalecen los intereses económicos a una buena gestión de los recursos humanos de la Institución Penitenciaria con un gasto público para empresas privadas que es totalmente inaceptable, y máxime cuando en el anteproyecto presupuestario 2015 se está barajando la tasa de reposición en toda la Función Pública en el entorno del 50% solamente para sectores prioritarios (eso quiere decir que por cada 10 jubilados cubren 5 efectivos a año vencido).

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