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La cárcel de Pereiro mantiene una saturación de reclusos pese a perder un 23% en un lustro

28 de agosto de 2014

La prisión provincial de Ourense, con 267 celdas, alberga a unos 360 presos. Crecen los ingresos temporales, durante solo unos meses, de conductores condenados que reinciden.

FARO DE VIGO (J.FRAIZ).- La cárcel de Ourense es una sucesión de pabellones en una línea doble encastrados en el monte Chao, que pertenece -aunque el consistorio se ha quejado de que la penitenciaría no revierta ni un euro en sus cuentas- al municipio de Pereiro de Aguiar. Desde las celdas, los reclusos no ven alambradas, ni un hormigón alienante. Aunque el calor aprieta en verano por el efecto invernadero de los cristales, dominantes en la fachada, algunos incluso pueden tratar de evadirse con la vista del bosque tupido que envuelve al centro penitenciario provincial, una instalación de 35.600 metros cuadrados abierta desde 1987.

En la prisión ya no se hacinan los condenados como era obligado en situaciones extremas hace años. En 2009, el centro absorbió a un total de 471 reclusos pese a que las instalaciones están diseñadas para dar cabida a unos 250. La construcción proyectó 243 celdas más otras 24 complementarias (267 en total). En las cimas de sobre ocupación, algunas estancias tuvieron que habilitarse con medidas de circunstancias y "4 o 5 literas" en una celda para un grupo de internos, según señalan fuentes del personal. En la actualidad, indican, el centro ourensano acoge en diferentes regímenes a unas 360 personas (una treintena de hombres y mujeres, en situación de tercer grado). Aunque exista un 23,5% menos de ocupación que hace un lustro el exceso de reclusos, según a normativa, se mantiene.

La última estadística oficial diferenciada por centros penitenciarios es de 2013. Según los registros al cierre del año pasado, el Ministerio del Interior cifraba el número de presos de Pereiro de Aguiar en un total de 350. Con lo que va de año se ha producido un repunte, por tanto, de la población reclusa.

Según los últimos datos institucionales, más de una treintena de internos permanecían en la prisión provincial de Ourense tras haber sido detenidos y haber acordado el juez su encarcelamiento como medida cautelar. En 2013, un total de 33 hombres y 2 mujeres se encontraban en esta situación de reclusión con carácter preventivo.

En 2009, sirva o no como una medida de la delincuencia de aquella época de inicio de crisis, en la cárcel de Pereiro, el 18% de los reclusos de entonces (80 hombres y 4 mujeres) ocupaban instalaciones como presos preventivos.

Desde ese año, la población reclusa se ha reducido en todos los parámetros, por regla general, a un ritmo paulatino. En 2010, 2011, 2012 y 2013, el número total de personas recluidas como medida cautelar fue de 47,36,39 y 35 internos. Durante el mismo periodo de tiempo, la población del penal de Pereiro que se encontraba cumpliendo una condena firme evolucionó desde los 358 hombres y 29 mujeres (387 en total) del año 2009, hasta los 344 y 21 (365) de 2010, los 313 y 18 (331) de 2011, los 312 y 16 (328) de 2012, y los 300 hombres y 15 mujeres (un total de 315 personas) entre rejas en 2013.

La clasificación penitenciaria no cataloga a Pereiro de Aguiar como una cárcel para presos conflictivos. Otras dinámicas definen la vida en la prisión de Ourense.

Algunos reclusos, con más muescas en su historial, pueden atestiguar los 27 años de funcionamiento de la penitenciaria y alguno queda incluso, según los funcionarios consultados, que llegó a estar recluido en la antigua prisión de la Rúa Progreso.

Tampoco es ajena la cárcel provincial al hecho de que un total de 1.118 personas (casi el doble que en la provincia de Lugo pese a una población similar) fueran condenadas durante el último año por cometer delitos contra la seguridad vial. Se han disparado los casos de infractores que reinciden, obviando prohibiciones en sentencia de volver a conducir, o acumulando varios delitos de tráfico, que permanecen periodos breves, "3, 6 o 9 meses", entre los presos de Pereiro.

Los trabajadores consultados se quejan de falta de personal suficiente aun con el paliativo del descenso del número de presos. A punto de que se entregue la vigilancia del perímetro entre muros a la seguridad privada -de momento función de la Guardia Civil-, denuncian el déficit de funcionarios de interior (rondan las 200 personas) tras jubilaciones -la media de edad es alta-, pasos a segunda activad y una oferta pública de empleo inexistente desde 2008.

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