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Más de 10.000 alternativas a prisión

11 de agosto de 2014

El buen resultado del sistema y la eficaz gestión ha multiplicado las sanciones que no suponen cárcel.- El Servicio Vasco de Gestión de Penas, que controla desde 2011 el sistema de penas alternativas, alerta de que «la masificación está provocando que se reduzca el seguimiento individual».

EL DIARIO VASO (ALEXIS ALGABA).-Este mes se cumplen tres años desde que el Gobierno Vasco firmara con Instituciones Penitenciarias un convenio por el que acordaba encargarse de gestionar todas las penas no privativas de libertad que los jueces imponen a los ciudadanos mayores de 18 años en Euskadi. Desde finales de 2011 hasta ahora, según las cifras que maneja el Servicio de Gestión de Penas (SVGP), organismo que fue creado expresamente para encargarse de dicha labor, ya son más de 10.000 las personas con delitos penales leves -penas de tráfico, agresiones sexistas, robos...- que han pasado por castigos alternativos a prisión, suspensiones de penas o por sustituciones de condena en Euskadi.

La cifra es considerable. Las previsiones -con la normativa de seguridad vial y la Ley de Violencia de Género cumpliéndose con total rigurosidad- y la percepción del equipo del SVGP indican que los casos que llegan desde los juzgados seguirán al mismo ritmo que se han registrado en los tres años con un progresivo incremento, principalmente en el último año, cuando se registró la entrada de 4.858 nuevos autos. «Este año llevamos un ritmo parecido, aunque me da la sensación de que los casos de sanciones por delitos contra el seguridad vial han descendido ligeramente», señala el responsable del SVGP, José Luis Vadillo.

Según las cifras recogidas en la memoria de 2013, eran 8.982 los autos de ejecución que habían llegado hasta el SVGP, más de la mitad de ellos registrados precisamente durante los doce meses del pasado año. De esta forma, parece evidente que el número de personas con delitos en su mayoría leves que han evitado la prisión con medidas alternativas en Euskadi ya ha superado holgadamente la barrera de los 10.000. En principio, el Gobierno Vasco estimaba que el servicio gestionaría cada año la nada desdeñable cifra de 3.000 casos, una estimación que en el último año ya se ha quedado corta, provocando una cierta preocupación entre los integrantes del servicio.

Si en un principio el pliego de condiciones para poner en marcha el servicio contemplaba la necesidad de un equipo formado por 11 personas para los tres territorios (seis en Bilbao, tres en Donostia y dos en Vitoria), ya en 2013 eran 16 las personas que lo integraban y ahora, como destaca su responsable no dan abasto con 18 profesionales. «Sin duda necesitaríamos más personal. Lakua nos apoya y sabemos que en cuanto haya una oportunidad se incrementarán los medios. Ahora somos 18, algunos con reducción de jornada y realizando los cursos de reeducación los viernes y sábado. Antes todo lo controlaban desde Instituciones Penitenciarias con su amplio personal, pero ahora somos pocos para ello», describe José Luis Vadillo.

Aun así, ni desde el propio organismo ni desde la Dirección de Justicia del Gobierno Vasco observan que llegue un punto en el que se pueda colapsar el servicio y no pueda absorber la demanda de los juzgados para derivar penados hacia penas alternativas a prisión. «El programa es eficaz y se ha desarrollado positivamente en los tres años que lleva», asegura el director de Justicia Manuel Valín.

Un 25% de penas pendientes

La memoria de 2013 sí que indica que existe cierta ralentización en los trámites de ejecución de los autos. De los casi 9.000 casos registrados hasta finales del pasado año, se encontraban pendientes de ejecución 2.505, o lo que es lo mismo el 27,89% de los expedientes. Aparte se contemplan los que se encuentran en gestión para su activación, que eran 1.104 (12,29%). 1.923 (21,41%) se encontraban en cumplimiento y un 38,41% -3.450 personas- ya habían completado su proceso de reinserción en la sociedad. El continuo goteo de casos provoca que la actividad en el SVGP sea vertiginosa. «En cuanto nos llega el auto tratamos de contactar con el penado por carta para reunirnos con él y analizar las posibilidades», apunta Vadillo. En este punto se registran las primeras dificultades, ya que en ocasiones las direcciones no son las correctas o los teléfonos diferentes. «Es la parte en la que más tiempo perdemos», añade. Una vez reunidos con el infractor se analiza su situación personal y se deriva a la mejor opción.

Las penas de prisión que pueden ser reemplazadas por trabajos alternativos son las sanciones leves de menos de dos años de duración y en personas que no sean reincidentes. Predominan las penas por violencia de género y por delitos contra la seguridad vial. «La inclusión de estos dos delitos ha provocado una avalancha de casos que antes no estaban en el circuito de la justicia penal», señala Vadillo. De hecho, más de 3.100 de los autos llegados el pasado año (un 65% del total) hasta el SVGP corresponden a delitos enmarcados en esos casos. «Además atendemos a penados por robos, agresiones, estafas...Y otros que atañen a delitos bajo los efectos de las drogas o con enfermedad mental que se enmarcan en la suspensión de penas -de hasta 5 años- y medidas de seguridad -de hasta 25-», aclara el responsable del servicio.

Normalmente el plazo hasta completar los trámites para poder ejecutar el plan adecuado para cada caso se aproxima a los tres meses desde la recepción del auto desde el juzgado. «Nos gustaría que arrancaran con las penas estimadas por el tribunal con la mayor inmediatez posible, pero hasta que podemos dar solución a la medida pueden pasar aproximadamente tres meses. Todos los casos recibidos, eso sí, hasta los que figuran como pendientes, se encuentran activados, lo que pasa es que nos falta esa inmediatez que nos gustaría tener», admite el responsable del SVGP.

En este aspecto, resulta conveniente que la mayoría de expedientes no se queden en ese cajón de pendientes, ya que la mayoría de penas, las que no superan las 30 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad, prescriben al año de ser impuestas. El resto, lo hacen a los cinco años.

Trabajos por la comunidad

Más de la mitad de los inculpados desde la asunción de estas funciones por parte del Ejecutivo vasco han sido orientados a cumplir su condena mediante trabajos en beneficio de la comunidad (TBC). Concretamente 4.783 personas (el 53%) y principalmente infractores con delitos contra la seguridad vial y maltratadores. Éstos encaran talleres de reeducación vial (programa Gakoa) o eligen desarrollar una actividad laboral en beneficio de asociaciones o de entidades locales. Acompañamiento a la tercera edad, recogida y reparto de alimentos, tener a punto las instalaciones deportivas de un club, o formar parte de asamblea de la Cruz Roja son algunas de las tareas que realizan para enjugar sus penas sin tener que pasar por prisión. Los maltratadores deben realizar un tratamiento para que traten de reconducir esa agresividad contra sus parejas

«El catálogo de asociaciones dispuestas a acoger a estas personas se incrementa año tras año y los ayuntamientos están reduciendo sus reticencias por los buenos resultados del programa en estos años», asegura Vadillo. En el arranque del programa no todos los ayuntamientos se mostraban dispuestos a tener que colocar un responsable para controlar las tareas de estas personas. «Quizá algún ayuntamiento grande si que sigue mostrándose reacio pero ya han comprobado que estas personas no son malas malísimas y no entorpecen ni dinamitan su normal funcionamiento».

Tan solo el 20% de los penados no cumple estos TBC, pero vuelven a ser reconducidos a una nueva actividad. «Elaboramos informes periódicos para el juzgado, contactamos con los responsables del puesto en el que se encuentran y hasta con los alcaldes y no perdemos el contacto nunca», apostilla el responsable del SVGP.

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