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Interior rechaza las peticiones de 293 presos de ETA que ha recibido

21 de julio de 2014

Los reclusos de la banda están solicitando ser excarcelados o acercados al País Vasco. Hay 391 en prisión. Cien de ellos no han pedido nada, pese a poder hacerlo.

EL MUNDO (FERNANDO LÁZARO).- Desde que la organización terrorista ETA dio luz verde a sus presos para acogerse a los beneficios penitenciarios, las peticiones de acercamiento han sido continuas. Pero en vano, porque la respuesta que están recibiendo es negativa.

Según explicaron a este periódico fuentes del Ministerio del Interior, hasta ahora han sido 293 los presos de ETA que han enviado escritos a Instituciones Penitenciarias solicitando o bien ser acercados a prisiones del País Vasco o de las zonas limítrofes, o bien salir de la cárcel mediante la progresión de grado. En la mayoría de los casos el motivo expuesto es la salud.

Desde el departamento dirigido por Jorge Fernández, a través del responsable penitenciario se han rechazado todas y cada una de esas solicitudes. Las que finalmente se han concedido han prosperado a través de la vía judicial, después de que el juez haya atendido el recurso presentado por el etarra contra la decisión del Ministerio.

Recuerdan las fuentes consultadas que la cifra actual de presos de ETA es de 391. Y constatan el caso de un centenar de internos que no ha realizado ningún movimiento, a pesar de que los que les mandan en la

banda les han dejado libertad para hacerlo.

Estas fuentes recuerdan que la política de dispersión sigue viva porque ETA sigue viva. Para lograr el acercamiento no sirve con hacer un escrito aduciendo tal o cual motivo, sino que se deben cumplir todos y cada uno de los requisitos fijados: la renuncia expresa a la lucha armada, la petición de perdón, la colaboración con la Justicia... Si no se dan esos pasos, el Ministerio no bajará la guardia y no cambiará su política penitenciaria.

Recuerdan asimismo estas fuentes que, hasta ahora, los presos que han obtenido privilegios penitenciarios -como es el caso de Valentín Lasarte o José Luis Urrusolo Sistiaga, entre los más llamativos- han sido gracias a la actuación del juez de vigilancia penitenciaria, que en los últimos meses está atendiendo todas las peticiones de los presos de ETA que le llegan.

SEGUIR EL CRITERIO DE LA LEY

Desde el departamento de seguridad recuerdan que su política -que algunos tachan de inmovilista- es seguir el criterio de la ley y que hasta que ETA no desaparezca no se estudiará el final de una política penitenciaria que, a su entender, históricamente ha dado muy buenos resultados.

No está dispuesto el Ejecutivo a atender por tanto las reclamaciones ni de la izquierda abertzale (vía la suspendida Herrira) ni de los nacionalistas. De hecho, entiende que es precisamente esa firmeza la que está obligando a ETA a dar pasos. En esa clave se interpreta, de forma interna, el último movimiento de los terroristas, mostrado en el comunicado del sábado.

También recuerdan las fuentes consultadas que hay cerca de medio centenar de etarras pendientes de ser detenidos por estar reclamados por la Justicia. Y abundan en la idea de que hay más de un centenar de asesinatos pendientes de esclarecer.

Precisamente esa es una de las peticiones más claras de las asociaciones de víctimas: que los presos de ETA colaboren en el esclarecimiento de los casos pendientes, muchos de ellos de los llamados años del plomo.

Aunque la política penitenciaria del Gobierno tuvo un episodio poco entendible al principio de la legislatura -la excarcelación de Bolinaga, el carcelero de Ortega Lara, por «razones humanitarias»-, lo cierto es que, desde entonces, no ha existido ni un acercamiento más por decisión política.

La intención del Gobierno es mantener su línea de firmeza y no cambiar una coma de la actual política penitenciaria. Sólo la desaparición de ETA abriría nuevas perspectivas, según indican desde el departamento de Jorge Fernández.

Según las fuentes consultadas, la idea es seguir por la misma línea, sin aventuras como la de Bolinaga. En este contexto se explica la decisión de abrir un expediente a José Luis Urrusolo Sistiaga por utilizar un permiso carcelario otorgado por el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional para hablar en público -el mismo día del aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco-, «con lo que ello puede suponer de dolor para las víctimas».

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