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La Audiencia Nacional no ha recibido peticiones de traslado a cárceles vascas de presos de ETA

2 de julio de 2014

EL DIARIO - EFE.- El juzgado central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional no ha recibido hasta el momento ninguna solicitud de presos de ETA pidiendo el acercamiento a cárceles del País Vasco.

Así lo ha asegurado el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, en la tercera jornada del curso de verano "El fin de ETA y la recuperación de la convivencia en el País Vasco: temas pendientes", organizado por la Secretaria de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco.

"No se ha recibido una sola solicitud en el juzgado", ha subrayado Castro ante las "informaciones que apuntan a que están llegando estas peticiones", tras lo cual ha asegurado que desconoce sí existen peticiones de traslado de presos de la banda remitidas a juzgados de lo contencioso-administrativo.

Durante su intervención, el juez ha desgranado la situación actual de los beneficios penitenciarios a reclusos de ETA y ha aclarado que no pueden considerarse beneficios "sino más bien derechos" de los internos el acercamiento a cárceles próximas al lugar de residencia o los permisos de salida del centro penitenciario.

Sobre estos últimos, Castro ha señalado que actualmente doce presos etarras han pedido permisos de salida, de los cuales once están siendo disfrutados en estos momentos, al tiempo que ha recordado que estas medidas son ordinarias y se están beneficiando solo los reclusos de ETA acogidos a la vía Nanclares.

Es decir, ha explicado, aquellos presos que han cumplido con unos requisitos "rígidos" y "más propios de un tercer grado", en el que el recluso etarra debe tener cumplida la mitad de la condena, haber respondido a la responsabilidad civil de sus acciones, mostrar arrepentimiento y colaborar con la justicia.

Respecto a este tercer grado, actualmente hay tres presos en esta situación, el último de ellos el etarra Asier Arronategui, del que hoy se ha sabido que Castro ha otorgado la libertad condicional, después de que éste repudiara ante notario de la banda terrorista.

Y aunque Castro ha eludido valorar su resolución, fechada el pasado 27 de junio, sí ha dejado claro que "no quedaba más remedio" de conceder la libertad condicional porque cumplía con todos los requisitos.

Castro ha aprovechado también su discurso para subrayar que, si bien las víctimas del terrorismo, "no pueden marcar" las decisiones penitenciarias, sí que estas no deben tomarse "a sus espaldas y sin contar con ellas", pues durante muchos años han sufrido una total ignorancia.

Además de Castro, la última jornada del curso ha contado con la participación de los magistrado del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, Joaquín Giménez y José Ricardo de Prada, respectivamente, que han coincidido en que la excepcionalidad de la respuesta penal contra el terrorismo se ha acabado convirtiendo en una generalidad.

Para Giménez, en la situación actual, con ETA sin desaparecer definitivamente pero sí cesada su actividad, es necesario revisar de forma "sosegada y seria" el mantenimiento de muchas de las excepciones en las garantías procesales que se aplican a los etarras.

Es el caso de la incomunicación de los detenidos con sus familiares, la ampliación del plazo de arresto con respecto a otros criminales o, en materia penitenciaria, la política de dispersión, medidas que, se ha preguntado el magistrado del Supremo, "qué efecto tienen hoy en día y hasta qué punto se pueden mantener".

Frente a estas "excepcionalidades", el magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada ha apostado también por seguir explorando las vías de la justicia restaurativa, como la abierta hace años para los presos que manifestaban una ruptura con la banda, la vía Nanclares.

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