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Varios jueces abren el debate sobre las condenas y derechos de los presos etarras ante el fin del terrorismo

2 de julio de 2014

¿Deben rebajarse las penas a los condenados por terrorismo? ¿Y qué beneficios o derechos se les pueden reconocer a estas personas? Estas son algunas de las cuestiones que han planteado este miércoles dos jueces que han abierto una reflexión sobre la situación jurídica de los etarras ante el fin de terrorismo. El magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada ha calificado las condenas a miembros de la banda terrorista ETA de "altas y desproporcionadas" y el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, ha animado a hacer una "reflexión constructiva" sobre el estado actual de la banda.

DIARIO CRÍTICO.- El magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada ha calificado las condenas a miembros de la banda terrorista ETA de "altas y desproporcionadas" y señala que, sobre todo, "hay un régimen de cumplimiento de penas totalmente desigual en relación con el resto de presos". De Prada se ha referido en estos términos en uno de los cursos del Campus de Verano que organiza la Universidad Complutense de Madrid y ha defendido que las penas han de responder "a una necesidad, que sean humanas y que se apliquen en un régimen de igualdad en relación con otros presos".

En su opinión, "un momento clave" se constituye con la aplicación de la Doctrina Parot cuando una serie de penas se empezaron a computar "de una forma distinta", algo "jurídicamente inadmisible", ha denunciado. Pero "más jurídicamente inadmisible", según ha defendido, es que haya tenido que ser el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) el que haya tenido que decir que eso "estaba mal". "Algo que estaba en la conciencia de todos los aplicadores de las normas", ha sostenido.

A su juicio, "no es exigible" un perdón que implique "una necesidad de arrepentimiento absoluto sobre todo en hechos, situaciones o delitos que son consecuencia de planteamientos ideológicos". Eso sí, defiende la necesidad de reconocer "el daño causado" y el interés de "comunicar esa situación a la persona". "Son situaciones mucho más individualizas", ha subrayado.

DEL PROCESO DE PAZ AL PROCESO DE RECONCILIACIÓN

De Prada ha señalado que aunque se niegue, existe "un proceso de paz". "Este proceso de paz tiene que ir a un proceso de reconciliación", ha advertido destacando que es "muy importante" hacer hincapié "en el perdón y la justicia restaurativa" porque "no solo afecta a víctimas sino que interesa a toda la sociedad en su conjunto".

Así, aconseja "poner en valor la experiencia colectiva surgida" y advierte que obtener resultados "positivos y útiles" dependerá de "cómo se trate, interactúe y se les reintegre en la sociedad" a los penados terroristas. Eso sí, ha aclarado que "no se trata de renunciar a la Justicia, ni a la verdad, ni al derecho a la reparación ni por parte de las víctimas ni de la sociedad en general sino de actuar con el derecho de deber gestionar los traumas causados por la violencia política terrorista en un sentido positivo".

"Para ello, todos, las víctimas, la sociedad, los causantes de la violencia, las propias instituciones y poderes del Estado jugamos un papel determinante", ha explicado.

UNA REFLEXIÓN CONSTRUCTIVA

Por su parte, el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, ha animado a hacer una "reflexión constructiva" sobre el estado actual de la banda terrorista ETA, durante una conferencia en los Cursos de Verano organizados por la Universidad Complutense de Madrid. De Castro ha afirmado que no sabe qué pasará en un futuro porque funciona como juez y tiene "mentalidad de jurista" pero ha planteado una serie de pasos a seguir. A su juicio, hay que conocer "cuál es el estado actual" y "qué está ocurriendo en las cárceles".

Así, ha señalado que con estos datos habría que pensar en el futuro para ver "qué perspectivas de beneficios" y qué derechos "se pueden o deben reconocer" a estas personas. Eso sí, ha explicado que "hay que hacerlo siempre con el máximo cumplimiento de la legalidad y a las víctimas". Sobre éstas ha subrayado que "merecen todo el respeto y cariño".

Además, ha expuesto que, en tercer lugar, hay que plantear si con los "instrumentos jurídicos" actuales se podría dar una solución en caso de que mañana diga ETA "esto se ha acabado". Qué pasaría entonces, ha cuestionado.

De Castro ha argumentado que se podrían diferenciar dos posturas para esta hipótesis. Por un lado, un planteamiento desde "la perspectiva de la interpretación de la norma" con la que se podría entender el fin de la banda terrorista como una situación "excepcional" en la que se podrían omitir o solventar algunos requisitos "excepcionales". Eso sí, ha advertido que estos presos tendrán que seguir "las normas generales de la Ley de ordenamiento penitenciario". Por otro lado, cuestiona si por parte del legislador habría que formular una norma "específica" que estudiase la situación "en el momento" y a través de esa reflexión "estableciese una legislación" para resolver el asunto. "Dejaría yo la vía abierta para el debate", ha asegurado.

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