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El 70% de los presos con discapacidad intelectual ingresó sin un diagnóstico

12 de abril de 2014

Un 6% de la población reclusa de España sufre este tipo de problema

EL CORREO (AINHOA DE LAS HERAS).- El 69% de las personas con discapacidad intelectual que ingresó en un centro penitenciario lo hizo sin que previamente se le hubiera detectado la minusvalía, lo que «puede derivar en consecuencias negativas irreversibles», denunció ayer en Bilbao Torcuato Recover, coordinador de la red de juristas de la FEAPS (Federación española de organizaciones a favor de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo), durante la celebración de una jornada en el Colegio de Abogados de Bilbao.

Responsables de Instituciones Penitenciarias reconocen que un 6% de la población reclusa -4.500 de los alrededor de 70.000 presos que hay en España- sufre esta situación. Según la FEAPS, para estos casos deberían establecerse medidas de seguridad a cumplir en centros especializados, en lugar de penas de cárcel. Se trata, según Recover, de un «fallo del sistema judicial». El Código Penal establece como circunstancia eximente la discapacidad intelectual cuando ésta afecta a los hechos y se puede acreditar.

El 60% de los discapacitados intelectuales que llegan a los tribunales penales lo hace en calidad de víctima, principalmente de los delitos de lesiones, amenazas, hurtos, malos tratos y delitos sexuales, mientras que un 33% son acusados y el 7% testigos, según un estudio de la Guardia Civil. Dentro de este grupo de personas que tienen «dificultades de interacción social», según la definición de Recover, se incluyen las disfunciones del desarrollo como síndromes Down, autismo o Asperger, además de los 'borderline' o inteligencia límite o inferior, entre otros.

LENGUAJE PROPIO

Los discapacitados intelectuales «tienen una limitación de acceso a la información, a veces no comprenden lo que se les está diciendo, más aún cuando se utiliza el argot jurídico», advierte Torcuato Recover. La FEAPS propone que los abogados reciban una formación para tratar a este tipo de personas de forma adecuada. «Necesitan un lenguaje propio, se puede utilizar la lectura fácil para hacerles comprensibles determinados aspectos».

«El abogado acusador tendrá que tener en cuenta los principios éticos y deontológicos ya que, ante el conocimiento de que una persona tiene dificultades de comprensión, ¿hasta qué punto resulta ética la realización de preguntas complejas que sabemos que la persona no va a comprender o que le van a bloquear?». El coordinador de la red de juristas de FEAPS denuncia que se están dictando «sentencias nocivas de discapacidad» no sólo en los procedimientos penales, sino también en los asuntos civiles.

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