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¿Enfermos mentales y presos para siempre?

6 de abril de 2014

La reforma del Código Penal permite el encierro preventivo perpetuo para internos con delitos. Pacientes, familiares y profesionales critican que se les asocie con la idea de peligrosidad. La norma prevé recluir a quienes se crea que vayan a delinquir. El proyecto levanta una gran oposición por su efecto estigmatizador.

EL PAIS (JAIME PRATS).- Encierro perpetuo o peligrosidad social son expresiones que remiten a tiempos pretéritos al hablar de enfermedad mental. Y, sin embargo, no hacen referencia al pasado, sino al futuro. Ambas figuran en el proyecto de ley de modificación del Código Penal diseñado por el Ministerio de Justicia que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, que en estos momentos se tramita en el Congreso de los Diputados, y que introduce cambios en materia de medidas de seguridad (internamientos, libertad vigilada) aplicables a personas afectadas por una patología mental (esquizofrenia, trastorno bipolar) o por una discapacidad intelectual (Síndrome de Down, trastornos autistas).

La reforma ha levantado una fuerte oposición entre las principales asociaciones de pacientes y familiares, como la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes) o la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps).

También en la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), quienes califican las novedades que se pretenden introducir como una involución cargada de “efectos hostiles” y “estigmatizantes” para una población especialmente vulnerable. La reforma “incide de modo severo en el factor seguridad en detrimento notable del factor reinserción y rehabilitación social”, añade la AEN, asociación interdisciplinar que agrupa a 2.000 profesionales relacionados con la salud mental (psiquiatras, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas) y que ha dejado patente su rechazo en un pormenorizado análisis del proyecto.

El Ministerio de Justicia sostiene, sin embargo, que lo que se ha hecho es introducir garantías adicionales en las medidas de seguridad a través de las cuales se pretende “incluso restringir la adopción” de iniciativas como los internamientos.

Uno de los aspectos que ha despertado mayores críticas consiste en la posibilidad de privar de libertad indefinidamente, mediante el encadenamiento de medidas de internamiento, a personas con enfermedad mental, algo que ahora la ley no permite.

Si una persona comete un delito y se le considera por motivos de salud mental no imputable (es decir, no responsable de sus actos) lo habitual es que se le aplique una medida de seguridad que consiste generalmente en el internamiento en un centro psiquiátrico en lugar de ir a prisión. Pero, de acuerdo con el actual Código Penal (de 1995), no puede estar ingresado más tiempo del que hubiera tenido que cumplir si hubiera ido a la cárcel por ese delito. Y ese internamiento se cumple en una de las tres instalaciones psiquiátricas penitenciarias que hay en España, situadas en Alicante, Sevilla y Barcelona.

Sin embargo, la reforma del Gobierno contempla la posibilidad de que el encierro en uno de estos centros pueda ser perpetuo. Y la última palabra estaría en el juez, no en el psiquiatra. En principio, no podría ser superior a cinco años —aunque el juez podría imponer esa duración incluso si la pena prevista fuera inferior—, pero, una vez cumplida la duración de la medida, se abre la puerta a que el juez la pueda prorrogar por periodos sucesivos de cinco años sin límite, si lo cree oportuno. Al fin de cada uno de estos periodos de cinco años la autoridad judicial, previa propuesta de la junta de tratamiento del centro penitenciario, debe decidir si “el internamiento continúa siendo necesario para evitar que el sujeto que sufre la anomalía o alteración psíquica cometa nuevos delitos a causa del mismo”.

Es cierto que este proceso se ha sometido a mayores garantías respecto a la redacción inicial. El Ministerio de Justicia destaca que la prórroga debe solicitarse por parte del equipo terapéutico del centro en el que se encuentra el interno. La petición la presenta el fiscal ante un juez o tribunal que deberá decidir en una especie de juicio en el que intervendrá el propio afectado, al que defenderá su abogado. También es verdad que esa prórroga de cinco años (que a su fin puede prorrogarse otra vez) se aplicaría en el caso de delitos de “gravedad relevante”. Los que la ley define como penados con tres o más años de prisión. El Ministerio de Justicia destaca que el hecho de que un juez o tribunal tenga la decisión final sobre la prórroga, “lejos de ser un problema, es una garantía de seguridad”. Y destaca que se ha introducido una nueva condición. No basta con haber cometido un delito; para internar a una persona con enfermedad mental, además se exige que pueda cometer otras acciones punibles “de especial gravedad”.

El problema es que, al dejar en manos de los jueces la decisión última sobre el internamiento y su prórroga, estos siempre podrán curarse en salud y mantener al enfermo mental encerrado por el temor de que, en caso de que, una vez liberado, vuelva a cometer alguna infracción penal, se les señale como responsables. Por ello, según varios expertos, este tipo de decisiones deberían corresponder a los especialistas en estas enfermedades, no a los jueces.

Estos mismos expertos subrayan que los enfermos mentales y las infracciones que puedan cometer son un problema de batas blancas —médicos— que la reforma deja en manos de togas negras —jueces—. Y eso puede situar a los inimputables fuera de las garantías constitucionales: dejarlos sin la presunción de inocencia que rige para cualquier otro ciudadano.

Según la AEN, esta fórmula para decidir los ingresos sucesivos en una penitenciaría psiquiátrica sería contraria a la seguridad jurídica, “pues introduce la inconcreción de la duración de la medida” y es discriminatoria “porque solo se aplica a personas con trastorno mental o discapacidad intelectual”. ¿Qué hay detrás de esta medida? Para las personas con enfermedad mental, familiares y la AEN, una estrategia de encarcelamiento preventivo peligrosa ligada a una falsedad: la peligrosidad social de los afectados por este problema de salud.

La norma, en su exposición de motivos, justifica la prórroga del internamiento “cuando resulte imprescindible porque exista una probabilidad elevada de comisión en el futuro de delitos de especial gravedad”. El proyecto ilustra esta circunstancia con un ejemplo. Señala que en el caso de “una persona que sufre una grave patología psiquiátrica que le ha llevado a cometer reiterados delitos contra la vida o la libertad sexual” se tomarían estas medidas “cuando las valoraciones psiquiátricas disponibles confirmen que continúa existiendo una elevada probabilidad de comisión de delitos de especial gravedad”.

Ello se completa con la opinión de que las medidas de seguridad deben ser proporcionales “no solo a la gravedad del hecho delictivo, sino también a la de aquellos que se prevea que se pudiera cometer, y por ello, a su peligrosidad”.

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