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Cuando conseguir un tratamiento médico es noticia

1 de abril de 2014

Las restricciones impuestas por los recortes económicos están imposibilitando que las personas presas accedan a un derecho básico como es el de la protección de la salud.

EL DIARIO (MARIAN PÉREZ BERNAL - Área de cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía).- Hoy es un buen día. Hoy, Manuel Jesús Trancoso, un hombre de 42 años diagnosticado de coinfección de VIH y hepatopatía crónica, va a comenzar a recibir el tratamiento de Telaprevir prescrito por el especialista del Hospital Virgen del Rocío y que es imprescindible para salvar su vida. Si le resulta extraño que destaquemos como noticia el que una persona acceda a un medicamento que precisa para su curación y cuya administración está normalizada en la sanidad pública seguramente sea porque no sabe cuántas cosas han tenido que pasar desde que el doctor especialista de infecciosos prescribió el tratamiento hasta que hoy Trancoso va a empezar a recibirlo.

Hace más de dos años que a Manuel Jesús se le mandó esta medicación como única terapia posible pero en este caso, por desgracia, no bastó con la prescripción médica.

Para que este hombre accediera al tratamiento que precisaba para curarse han sido precisas muchas cosas. Han sido necesarios una serie de informes de seguimiento en consulta del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital demostrando la evolución negativa de su enfermedad por no haber recibido ninguna terapia y advirtiendo del riesgo inminente de desarrollar cirrosis o cáncer, han sido necesarios varios artículos publicados en la prensa escrita - algunos en este periódico- denunciando que la salud de este hombre empeoraba sin que se hiciera nada, han sido necesarios un informe, una queja en el Juzgado denunciando la terrible situación que estaba viviendo esta persona y varios comunicados de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), ha sido necesaria una resolución judicial que establecía que este hombre debía recibir el tratamiento que se le había prescrito, ha sido necesario una pregunta escrita sobre este problema en este caso y otros como el suyo en el Congreso de los Diputados realizada al Gobierno, han sido necesarias dos intervenciones en la sede del Parlamento Andaluz de la consejera de Igualdad Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, ha sido necesaria una recomendación del Defensor del Pueblo Andaluz solicitando que se le suministre la medicación, ha sido necesaria una queja de la Defensora del Pueblo de España ante Instituciones Penitenciarias y su recomendación de que reciba ya el tratamiento, ha sido necesaria una madre que ha luchado sin parar para conseguir que su hijo reciba el tratamiento que precisaba y ha sido necesario el anuncio de la apertura de una investigación de oficio conjunta entre el Defensor del Pueblo Andaluz y la Defensora del Pueblo Nacional ante la vulneración del derecho a la salud por la restricción de medicamentos de la hepatitis C.

¿Todo esto por qué? ¿Por qué ha sido tan difícil para este hombre acceder al medicamento que precisaba cuando otras personas lo reciben en cuanto que les es prescrito? El único motivo que explica todo esto es que Manuel Jesús Trancoso está ahora mismo preso en la cárcel de Sevilla I y mientras que se aclaraba si era la Junta de Andalucía o Instituciones Penitenciarias quien debía pagar el caro tratamiento, la salud de Manuel iba empeorando día a día.

Las restricciones impuestas por los recortes económicos están imposibilitando que las personas presas accedan a un derecho básico como es el de la protección de la salud. Si Trancoso hubiera estado libre, hace dos años que hubiera comenzado a recibir la medicación. Las consecuencias de este retraso son terribles. El no recibir tratamiento ha supuesto la evolución desde fases iniciales hasta alcanzar una fibrosis muy avanzada en estadio cirrótico.

No existe razón o excusa alguna que justifique que las personas que están en centros penitenciarios no puedan recibir igual trato y asistencia médica que el resto de la población y que eso suceda supone una vulneración de la legislación penitenciaria española, de la legislación sanitaria así como de la propia Constitución y que está obligando a que la población reclusa tenga que recurrir a los Tribunales de Justicia para que sean garantizados sus derechos fundamentales, lo que se complica además en Andalucía ya que desde hace dos años, por los recortes de la Junta de Andalucía, las personas presas no disponen de asistencia letrada gratuita para temas penitenciarios.

Este artículo no lo escribimos para M.J. Trancoso, que comienza su tratamiento hoy. Lo escribimos para todas las personas presas que en distintas cárceles de España se están encontrando ante un muro similar que limita su acceso a la salud y pone en peligro su vida. Esas personas que aún no tienen nombre ni nadie que denuncie, tienen igual derecho que cualquier otra persona a su derecho a la salud y a la vida.

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