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Unas 2.000 personas que cumplen condena en España sufren un trastorno mental grave cronificado

27 de marzo de 2014

ABC - EFE.- Unas 2.000 personas que se hallan en las prisiones cumpliendo condena sufren un trastorno mental grave cronificado, lo que supone un 3,7% del total de los reclusos, que son atendidos por 500 especialistas, entre médicos y enfermeras, en el sistema sanitario penitenciario.

Estos datos han sido aportados hoy por el subdirector general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria del Ministerio del Interior, José Manuel Arroyo, antes de participar en las jornadas "Salud mental y sistema penal", organizadas por la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Castilla y León (FEAFES).

Según ha explicado Arroyo, "delito y enfermedad mental no están relacionados, ya que no es el grupo social que comete más delitos, aunque sí es cierto que los que cometen determinados enfermos mentales son más extravagantes e inesperados y por eso son más llamativos".

Además ha advertido que "el sistema sanitario penitenciario se cubre con medios propios" y ha recordado que "la ley establece que la responsabilidad asistencial del sistema penitenciario se refiere a la atención primaria, mientras que la atención especializada y hospitalaria corresponde a cada comunidad".

"La ley de Cohesión y Calidad de 2003 establece en su disposición adicional sexta que el servicio sanitario penitenciario debería ser asumido por la comunidad en la que se encuentre la prisión, pero las comunidades han tenido poco interés en asumir esa transferencia, salvo el País Vasco, que la tiene desde hace tres años", ha explicado.

Arroyo ha aclarado que "los enfermos que están en el sistema penitenciario son los que han sido considerados culpables de un delito y cumplen pena privativa de libertad, mientras que los hospitales psiquiátricos acogen a aquéllos que no han sido imputados pero requieren una vigilancia o un tratamiento bajo tutela".

El subdirector general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria ha incidido en la importancia de la labor de este campo de la salud pública "para redirigir a las personas que entran en prisión y que generalmente pertenecen a grupos sociales deprimidos y, sin el apoyo de los sistemas sanitarios penitenciarios, no serían capaces de volver al circuito de salud pública".

A este sistema llega todo tipo de personas, "las que ya llegan diagnosticadas con enfermedades crónicas que muchas veces por falta de asistencia en las comunidades acaban por desestructurarse y las que han pasado desapercibidas durante el proceso judicial y son diagnosticadas en prisión".

"Las prisiones no son los sistemas ideales para este tipo de personas, pero cuando están cumpliendo una pena, nuestra obligación es diagnosticarlas, estabilizarlas, procurarlas rehabilitación y, sobre todo, conseguir que, una vez salgan de la cárcel, sean derivadas al circuito asistencial adecuado para que no vuelvan a desestabilizarse", ha añadido.

Según Arroyo, "el sistema penitenciario sanitario de España es uno de los más valorados en Europa" y "continuamente" están recibiendo "peticiones de Naciones Unidas y de otros países para que vengan expertos de sus sistemas penitenciarios a ver cómo funciona la sanidad penitenciaria española".

José Manuel Arroyo es uno de los 140 expertos que han intervenido en las jornadas organizadas por FEAFES para tratar sobre la situación de las personas con enfermedad mental que se hallan en prisión, la escasez de recursos adecuados para su atención o la dificultades en la coordinación de las instituciones.

Entre estos especialistas también se incluye el jefe de Área de Penas y Medidas Alternativas del Ministerio del Interior, Enrique Ballano, quien ha desvelado que el 20% de las personas condenadas por un delito de violencia de género son tratadas como enfermos mentales y "en un alto porcentaje consiguen ser rehabilitadas".

Un elevado número de esas personas que han cometido un delito penado con hasta dos años de prisión, y que cuentan con atenuantes por problemas de salud mental, sufren esquizofrenias, comportamiento psicótico o depresiones, como enfermedades más habituales, siendo susceptibles de ser derivadas a cumplir servicios comunitarios.

En ningún caso entrarían en el programa de medidas alternativas las personas acusadas de un delito de sangre, puesto que las penas suelen ser superiores a los dos años de prisión, aunque sí podrían hacerlo aquéllas cuyos atenuantes por enfermedad mental redujeran a un tercio la pena, como en los casos de intento de homicidio.

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