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La mujer que se suicidó en la cárcel de Alhaurín ingresó por el impago de 3.700 euros de una condena por hurto

26 de marzo de 2014

Un juez revocó la suspensión de la pena de seis meses de cárcel porque incumplió una de las condiciones que le impuso, que era el pago de la indemnización.

DIARIO SUR (JUAN CANO).- Ingresó en prisión a las 14.00 horas del jueves. Tras pasar por el módulo de ingresos, fue derivada al área de mujeres del centro penitenciario de Alhaurín de la Torre. A las siete de la tarde, un funcionario la encontró muerta en su celda. Se había quitado la vida.

La mujer, de 60 años, entró en la cárcel tras ser detenida en virtud de una orden de busca y captura dictada por un juzgado de la capital. El motivo: el impago de 3.784,34 euros por la responsabilidad civil a la que fue condenada -se dictó sentencia de conformidad- por un delito de hurto.

Los hechos por los que ingresó en prisión sucedieron entre diciembre de 2011 y julio de 2012. La mujer, que trabajaba como empleada del hogar, fue denunciada por sustraer varias joyas que posteriormente vendió en tiendas de 'compro oro'. La policía solo recuperó una de las alhajas sustraídas, valorada en 280 euros.

En el juicio, la acusada mostró su conformidad con el relato que hizo el fiscal. El juez le impuso una pena de seis meses de prisión y la condenó a indemnizar a las perjudicadas con la cantidad de 3.784,34 euros. No obstante, al carecer de antecedentes, la sentencia quedó suspendida a condición de que no volviera a delinquir y abonara esa cantidad en concepto de responsabilidad civil.

En el propio fallo, el magistrado le dio un plazo máximo de 24 meses -desde el 3 de octubre de 2013 hasta el mismo día de 2015- para saldar la deuda, a razón de 157,9 euros mensuales. Fuentes judiciales explicaron que se le preguntó si había entendido bien la responsabilidad en que incurriría en caso de no pagar. O lo que es lo mismo, se le advirtió de que, si no lo hacía, debería ingresar en prisión.

En febrero de 2014, el juzgado remitió un escrito al fiscal para informarle de que la mujer no estaba abonando las cantidades estipuladas. El magistrado pidió al Ministerio Público que se pronunciara sobre si procedía revocar la suspensión de la sentencia. Las mismas fuentes precisaron que desde el juzgado intentaron contactar con ella en varias ocasiones, tanto por teléfono como por correo, sin éxito.

El pasado día 11 de marzo, la abogada de la mujer presentó un escrito pidiendo la declaración de insolvencia -al parecer, carecía de recursos económicos- y que se sustituyera la pena de prisión por trabajos en beneficio de la comunidad.

El juez dio traslado de la solicitud al fiscal, que se pronunció tres días después. El representante del Ministerio Público consideró, con arreglo al Código Penal, que no era viable concederle un nuevo beneficio, ya que la pena estaba en fase de ejecución, y se mostró partidario de revocar la suspensión de la sentencia.

Una semana después, el juzgado dictó un auto en el que ordenó la busca, captura e ingresó en prisión de la mujer para que cumpliera la condena. La policía la detuvo el miércoles en su domicilio y al día siguiente la puso a disposición judicial. De ahí pasó directamente al centro penitenciario de Alhaurín de la Torre.

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