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Pagar con cárcel y por la cárcel

18 de marzo de 2014

Holanda quiere cobrar a los reclusos 16 euros al día por la prisión. Los contrarios alertan de que endeudar a los presos lastrará su futura inserción social. El Estado ahorraría 65 millones anuales.

EL PAIS (ISABEL FERRER).- Desde un punto de vista tradicional, la cárcel es el local donde se encierra a los presos. Vista como un servicio público, también es un lugar que genera grandes gastos a la sociedad por culpa de los delitos de unos pocos. Según esta segunda acepción, la privación de libertad, la mayor pérdida imaginable en vida, solo es la consecuencia directa de haber quebrantado la ley. La indirecta consiste en exigir al recluso que contribuya a pagar la prisión. Y eso último es lo que se ha propuesto en Holanda, un proyecto que aún debe pasar por el Congreso y el Senado; en el Senado el Gobierno no tiene mayoría, pero todo apunta a que habrá un acuerdo en este asunto. Así que los presos allí tendrán que pagar con cárcel y por la cárcel.

En Holanda ya está hecha la suma: 16 euros diarios, durante un total de dos años —aunque la pena total de reclusión sea mayor— equivalen a 11.680 euros por interno. El mantenimiento de una celda en Holanda asciende hoy a 240 euros al día, y la nueva suma así obtenida, junto con el abono de costas judiciales y una reparación para las víctimas, supondrá un ahorro de 65 millones de euros anuales al erario público.

El Ministerio de Justicia ha incluido entre los pagadores a los encerrados en instituciones psiquiátricas dependientes del departamento de prisiones. También a los padres de menores y jóvenes, entre 12 y 23 años, internados en centros de reinserción. El correspondiente proyecto de ley ha sido remitido a la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Magistratura para su análisis, y ha creado dos bandos opuestos. A un lado, aparecen los partidarios de tratar al reo como un ciudadano más a efectos contables. Debe abonar, por tanto, una cuota similar a la exigida por el Estado para cualquier transacción. Del otro, se amontonan las críticas contra una medida que puede entorpecer la reinserción al imponer una abultada deuda.

Con 16,7 millones de habitantes, Holanda dispone de casi 13.000 celdas. En 2012 la población carcelaria ascendía a 38.000 personas (la cifra oficial más reciente), pero no todos están dentro a la vez. “Como el promedio de estancia es de cuatro meses, en un día cualquiera puede haber 10.000 condenados entre rejas”, señala Jochgmen van Opstal, encargado por Justicia de explicar el nuevo régimen. El recorte presupuestario que fuerza el pago de las celdas repercutirá a su vez en las prisiones, y en 2017 solo quedará una veintena de las 46 actuales. “La cárcel es un tipo de castigo que no puede variarse, pero tiene que ser humana. Sin lujos, y con servicios, ya sea televisión, biblioteca, comidas, deporte o trabajo. Sin embargo, cuando alguien acaba ahí, el resto asume los gastos. Lo lógico es que el delincuente abone una pequeña parte de la estancia, y 16 euros es bien poco”, sigue Van Opstal.

La deuda no se condona, puede devolverse a plazos y empieza a contar cuando el exrecluso dispone de un sueldo. “Recuerde que el proyecto de ley se deriva del pacto de Gobierno entre la actual coalición de liberales y socialdemócratas. Por eso esperamos que sea una realidad en 2015”, añade.

Las próximas elecciones legislativas están previstas para 2017, de modo que hay suficiente margen de maniobra en un Parlamento en principio proclive al nuevo modelo carcelario. Pero el proyecto de ley no cristalizará si asociaciones como la Federación de Infractores, que representa desde 1972 sus intereses, pueden evitarlo. Pieter Vleeming, su responsable, considera un abuso que un interno adquiera un compromiso de casi 12.000 euros sin haber cometido otro delito para ello. Teniendo en cuenta que en el año 2000 los reclusos holandeses perdieron el derecho a la seguridad social, y en 2008 se quedaron sin becas de estudio ni pensiones de jubilación, “es ilusorio pensar que el mecanismo de ayudas oficiales recupere el ritmo nada más salir a la calle”, dice.

“El Estado tiene la obligación de pagar la manutención y las medicinas del preso, no de cobrar. Encima no les estimula para que trabajen y recompongan su vida. Muy pocos encuentran un empleo con que pagar la renta de una casa cuando salen. Y sin domicilio fijo tampoco hay subsidios.

Una cosa va ligada a la otra. Con la condena pierden a veces familia y amigos; su red de apoyo. Dada la escasez de viviendas sociales, con unas listas de espera de hasta 20 años, si encima les imponen otro pago, volverán a delinquir. Es un giro contrario a la reintegración pregonada desde las instituciones”, continúa Vleeming. Como alternativa, la Federación apuesta por las pulseras o tobilleras electrónicas para controlar los movimientos del condenado en el exterior. Si aplicaran este sistema con mayor frecuencia, apuntan, el preso podría trabajar y ahorrar dinero. “Una celda tradicional es más cara que el control electrónico. Pero si no hay otra forma de parar la norma, acudiremos al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Entre recursos y apelaciones, creemos que este Gobierno no la aplicará durante la actual legislatura”, asegura.

A pesar de que Justicia afirma haberse mirado en el espejo de Alemania y Dinamarca para ajustar el proyecto de ley, sendas catedráticas de ambos países matizan la comparación. Así, Kristin Drenkhahn, especializada en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre de Berlín, recuerda que el reo que paga en su tierra “una parte de los gastos de la celda suele estar en régimen abierto y tiene un empleo, o bien dinero personal”.

Aunque según el sistema federal germano cada uno de los 16 länder dispone de un régimen penal propio, “en 2012 había unos 50.000 sentenciados en todo el todo el país”, de 82 millones de habitantes. “Si trabajan en la cárcel, no pagan. El que acaba en el paro una vez libre, o bien está jubilado, tampoco. Lo esencial es que no contraigan nuevas deudas. De otro modo sería prolongar la pena ya impuesta, y eso interfiere en su rehabilitación”, dice.

Su colega danesa Anette Storgaard, de la Escuela de Negocios y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Aarhus, presenta una situación similar. En Dinamarca, con 5,6 millones de habitantes y 13 cárceles, hay 4.000 reclusos, incluidos los que cumplen penas de prisión provisional. “No pagan ni acumulan deudas por estar encerrados. Además de lo que obtienen trabajando dentro, que es poco, el Estado les da una pequeña suma para vivir. Para quienes no conocen más que el circuito del crimen, es desalentador carecer siempre de algo propio por culpa de este tipo de deudas adicionales”, señala.

La cuenta que sí cargan ambos países al preso es la reparación económica destinada a las víctimas, las costas judiciales y la investigación policial. Este apartado, que en Holanda tendrá una tarifa fija y compone otro proyecto legislativo adicional, se aplica asimismo en Noruega, Italia, Austria, Portugal, Inglaterra, Gales, Suecia y Suiza, entre otros. Los holandeses tienen también aquí en cuenta la situación económica del liberado. “Si bien la obligación de pagar se mantiene, no debe interferir en la rehabilitación ni crear nuevos problemas sociales”, afirma el ministro de Justicia, el liberal Ivo Opstelten. En Dinamarca, si los hijos del preso fueron mantenidos por el Estado durante su internamiento, dicha factura es presentada con posterioridad.

“La medida de Justicia no supone rendirse en manos de Geert Wilders (el líder xenófobo y antimusulmán holandés). Forma parte del ideario liberal”, según la exministra holandesa de Interior, Rita Verdonk. Antigua directora general de prisiones, compara el pago de la celda “al exigido por pasaportes y carnés de conducir”. “Es hora de que la gente, en especial los padres de menores, entiendan que estar detenido cuesta mucho dinero”, declaró al rotativo De Volkskrant, nada más conocer el proyecto. “No tiene sentido. La mayoría de los presos están pelados y así no volverán a la buena senda”, ha replicado Exodus, otra organización de ayuda a los expresidiarios.

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