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Martín Pallín, magistrado emérito del Supremo: «La prisión permanente revisable va a convertir las cárceles en un polvorín»

20 de marzo de 2014

Julio Villarrubia coordinó en el Congreso una jornada con cuatro juristas que rechazan la reforma penal por inconstitucional. * Francisco Javier Álvarez Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid: «Ningún experto ha apoyado esta reforma porque es un disparate, con graves defectos de inconstitucionalidad» * Luis Arroyo Rector honorario de Castilla-La Mancha: «Tenemos más presos que nadie en Europa, aunque mantenemos la tasa más baja de criminalidad». * José Antonio Martín Pallín Magistrado emérito del Tribunal Supremo: «La prisión permanente revisable va a convertir las cárceles españolas en un polvorín; habría que poner un tope máximo». * Mercedes Pérez Manzano Catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid: «En los países donde imponen la condena permanente revisable no han descendido los delitos más graves. Es una medida innecesaria».

EL NORTE DE CASTILLA (M.J. PASCUAL).- Una piedra se puede saltar, rodear o pisar, pero no obviar, y la cuestión de inconstitucionalidad que pende sobre la reforma penal es una piedra demasiado grande que el legislador no tiene más remedio que tener en cuenta. Fueron las primeras palabras del rector honorario de la Universidad de Castilla-La Mancha, Luis Arroyo Zapatero, que inauguró la jornada organizada por el portavoz en la comisión de justicia del Grupo Socialista en el Congreso, Julio Villarrubia, y que le servirá para seguir dando forma a las enmiendas que van a presentar los socialistas a la reforma del Código Penal que pilota el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Una vulneración de los mandatos constitucionales que todos los invitados a la mesa corroboraron con afiladas puntualizaciones al texto que está en trámite en el Parlamento, como las del magistrado emérito y exfiscal José Antonio Martín Pallín, que fue tajante al afirmar que medidas como la prisión permanente revisable «va a convertir las cárceles en un polvorín» y que considera que, en lugar de una medida que es «innecesaria», lo que considera «urgente e ineludible» es impedir que los casos de corrupción prescriban a los pocos años o que los funcionarios que han metido mano en la caja de todos se beneficien de medidas como el indulto. «No puede haber indulto para los funcionarios públicos corruptos», subrayó el jurista.

En realidad, apuntó Luis Arroyo Zapatero, que dirige el Instituto Penal Europeo e Internacional con sede en el campus de Ciudad Real, la reforma del Código Penal «no se trata de una reforma, sino de un nuevo código» que no solo caería en la inconstitucionalidad, sino que, sostienen estos expertos, va a servir para llenar las cárceles, a pesar de que España es el país de Europa con menor tasa de criminalidad y que, paradójicamente, es la que más población reclusa tiene (casi 80.000) y que más tiempo de condena pasa, 18 meses de media por reo respecto de la media europea, que está en 8 meses. Con la estadística en la mano, puntualizó que además se dispararán los gastos penitenciarios. «Si ahora cada preso le cuesta al Estado mil euros al mes, con los cien millones al año se puede financiar una universidad completa», argumentó.

LAS FALTAS

Además de la revisable, que consideran una medida inconstitucional «porque conculca el principio de que el preso tiene derecho a conocer la duración de su condena», los expertos se mostraron también en contra de que las faltas desaparezcan de la tipología y se conviertan en delitos, «lo que de ninguna manera va a descongestionar la Administración de Justicia, sino todo lo contrario», apuntó la catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid Mercedes Pérez Manzano.

Para el penalista Francisco Javier Álvarez, que ya ha comparecido como experto ante la comisión de justicia del Congreso, «ningún jurista ha apoyado esta reforma porque es un disparate, porque desde el comienzo de la democracia no se ha presentado una ley peor hecha. No se puede hacer reformas penales sin razón y para ello tirar a la basura toda la jurisprudencia anterior», Consideró este catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid que «estamos en un ambiente jurídico sospechoso, puesto que todos los informes que se han realizado sobre las leyes en marcha han encontrado graves defectos de inconstitucionalidad». En concreto, anotó, en la ley de seguridad ciudadana «se ha llegado a traspasar una línea roja al someter los derechos fundamentales a unas cláusulas de orden público». En relación con el anteproyecto de seguridad privada afirmó que «el mismo núcleo constitucional se está poniendo en solfa en un modelo que entrega la seguridad a las empresas privadas». Aludió al antecedente de la vigilancia perimetral de las prisiones, ya en marcha en algunas, «y que conculca el articulo 63 del Reglamento Penitenciario, que le encarga expresamente y únicamente esta misión a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

LA «IGNORANCIA» DE ALONSO SOBRE LA JUSTICIA UNIVERSAL

Minutos antes del comienzo del acto en la sala Ernest Lluch, Julio Villarrubia calificó de «interesante» el debate jurídico en torno a la aplicación de la justicia universal que se ha producido por parte de algunos magistrados, por lo que ha pidió «respeto» a la discrepancia que puedan mostrar los jueces. El pasado martes, el portavoz del grupo popular en el Congreso, Alfonso Alonso, advirtió al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de que está obligado a cumplir las leyes y que, por tanto, no se puede negar a aplicar la reforma de la justicia universal al caso de la muerte del cámara José Couso en la guerra de Irak.

Además, Alonso tildó de «bastante pintoresca» y sin «ninguna base» las declaraciones de Baltasar Garzón, quien afirmó el pasado martes que la reforma supone una injerencia en la independencia judicial y podría tener consecuencias penales para los diputados que la aprobaron.

Villarrubia atribuyó a una «ignorancia excusable» las críticas de Alonso que evidencian, en su opinión, «el escaso conocimiento de esta persona sobre este asunto». El portavoz socialista de Justicia abogó por defender el respeto y la coherencia hacia las resoluciones judiciales. Preguntado sobre la posibilidad de que la Fiscalía plantee una cuestión de inconstitucionalidad, Villarrubia ha explicado que esta acción indica la existencia de «un debate vivo que hay que escuchar».

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