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Investigan una trama de presunta corrupción en la cárcel de Fontcalent

18 de febrero de 2014

La Policía detiene a tres sospechosos, entre ellos un funcionario acusado de introducir teléfonos móviles para venderlos a reclusos del complejo.

LA VERDAD (JOSÉ C. MARTÍNEZ).- La Policía Nacional mantiene abierta una investigación que ha permitido destapar una trama de presunta corrupción dentro de la prisión alicantina de Fontcalent. La operación ha conducido ya a la detención de tres sospechosos al menos, entre los que figura un funcionario del centro penitenciario, a quien se acusa de introducir bajo manga teléfonos móviles para venderlos a reclusos, según ha podido saber este diario.

Los responsables del caso han iniciado una ronda de interrogatorios para llegar al fondo de este asunto y calibrar el alcance exacto de las presuntas ilegalidades descubiertas. Al parecer, fueron los propios controles internos establecidos por el personal de seguridad de la prisión los que permitieron detectar el comportamiento presuntamente delictivo de uno de los funcionarios. Según fuentes cercanas al caso, los hechos fueron comunicados a la Comisaría Provincial, que de inmediato puso a trabajar en ello a uno de sus equipos de la Brigada de Policía Judicial.

De este modo, el pasado viernes se pudo coger 'in fraganti' al principal implicado cuando accedía a su puesto de trabajo y supuestamente llevaba consigo dos móviles que, según la investigación, iba a entregar a presos a cambio de dinero. El empleado público, capturado por un presunto delito de cohecho, fue conducido a dependencias policiales, donde se instruyeron las diligencias antes de que este pasado domingo compareciese en el juzgado de guardia de la capital, cuyo titular decretó su puesta en libertad provisional, con la obligación de comparecer de manera periódica, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Las medidas cautelares fueron dictadas en relación, por el momento, con un supuesto delito de cohecho que también afecta, en mayor o menor grado de implicación, a otras cuatro personas. Dos de ellas son presos del recinto penitenciario de Fontcalent que figuran como imputados en la causa, mientras que otras dos fueron puestas en libertad por el Cuerpo Nacional de Policía después de ser interrogadas, según precisaron también fuentes del TSJCV.

Las pesquisas continúan abiertas en medio de un absoluto hermetismo por parte de los investigadores, dado que el caso permanece bajo secreto sumarial, hasta que se pueda descartar si hay más implicados en este asunto. La Policía Nacional quiere averiguar si el funcionario arrestado contaba con colaboradores y si ha podido introducir otros efectos, aparte de los teléfonos móviles, lo que significaría que se habría fomentado una especie de supermercado ilegal entre la población reclusa de Fontcalent.

La dirección del centro penitenciario de Fontcalent se ha marcado como objetivo atajar de raíz este tipo de prácticas, por lo que existen órdenes de extremar los controles internos y de cooperar al máximo con los miembros de la Policía Nacional que se ocupan de esta investigación. De hecho, fue la labor de supervisión interna del penal la que llevó a poner bajo sospecha el proceder de uno de los funcionarios.

Precisamente, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias activó en 2008 cuatro inhibidores de frecuencias en Fontcalent para acabar con el mercado negro de teléfonos móviles que se había instaurado en la prisión. Algunos reclusos llegaban a pagar hasta 800 euros por disponer de uno de estos preciados terminales cuando uno se encuentra entre rejas. Seis años después, a tenor de los acontecimientos, parece que no se ha logrado erradicar por completo este negocio delictivo.

El sindicato Acaip llegó a denunciar que los inhibidores eran más eficaces fuera de la cárcel que dentro de los muros del complejo, razón por la cual trasladó su preocupación al Gobierno central. Instituciones Penitenciarias se comprometió a revisar esta tecnología.

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