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Cuando la política penitenciaria 'acerca' a un fiscal, un abogado y un senador de Amaiur

14 de febrero de 2014

Juan Calparsoro, fiscal superior del País Vasco, el abogado Xabier Etxebarria y el senador de Amaiur y letrado de presos de ETA, Iñaki Goioaga, debaten sobre los efectos de las políticas de dispersión y la legislación penitenciaria. Calparsoro: "Cuando ETA se disuelva, y ETA debe disolverse, se podrá exigir que el País Vasco recupere la competencia de Vigilancia Penitenciaria y del enjuiciamiento de estos delitos". Etxebarria: "ETA ha terminado con su actividad. Ahora, que la desmilitarización alcance a los presos, que se les dé libertad de acción y pensamiento". Goioaga: "La incomunicación o los cinco días de detención al final crean espacios opacos de impunidad del propio Estado. La negación de la tortura es un insulto a la inteligencia".

EL DIARIO (AITOR GUENAGA).-El fin de la violencia de ETA -que no su desaparición como organización terrorista- hace ya más de dos años está permitiendo debates y encuentros de víctimas impensables en el País Vasco en los años de plomo o de la guerra sucia. Víctimas de la barbarie de ETA se reencuentran con luz y taquígrafos con sus verdugos, jueces de la Audiencia Nacional debaten sobre la 'doctrina Parot' con abogados de presos etarras a los que antes solo miraban desde el estrado y por encima del hombro.

Las experiencias se multiplican. Y este jueves, de la mano del Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz, Juan Calparsoro, fiscal superior del País Vasco, el abogado y catedrático de Derecho Penal Xabier Etxebarria y el ahora senador de Amaiur y letrado de presos de ETA durante los últimos 28 años, Iñaki Goioaga, debatieron sobre los efectos de las políticas de dispersión y la legislación penitenciaria aplicada a los reclusos acusados o condenados por terrorismo en España. Moderó un debate de guante blanco e incluso porosidad entre las tres visiones el presidente del foro de asociaciones, Gorka Ruiz.

Hubo terreno para la discrepancia. Por ejemplo cuando Iñaki Goioaga colocó sobre el tapete de discusión la terminología de presos políticos vascos, concepto que no fue aceptado ni por el fiscal Calparsoro, ni por el abogado Etxebarria a la hora de referirse a los presos condenados por terrorismo. El máximo representante del ministerio público en Euskadi dijo que los presos de ETA "no son presos políticos" y recordó que solo aquellos que han "cometido delitos de contenido político en un sistema no democrático donde se reprime una acción política son presos políticos". Y el catedrático de Derecho Penal redondeó la idea apuntando que quienes mataron, extorsionaron, mandaron cartas y aterrorizaron no son políticos. "Eso es terrorismo. No tiene vuelta de hoja". A lo largo del debate, que duró unas dos horas y al que también acudió como público la directora de Derechos Humanos, Monika Hernando, Etxebarria admitió que efectivamente la política penitenciaria del PP, las excepcionalidades que chocan con derechos fundamentales y la legislación actual "dificultan enormemente e imposibilitan" la reinserción de los presos. "¿Eso legitima de algún modo el terrorismo? De ningún modo". Los reclusos de ETA decidieron entrar en la organización terrorista voluntariamente, "las víctimas no eligieron serlo", le espetó Etxebarria a Goioga.

Goioaga exhibió el vademecum clásico de la izquierda abertzale. No en vano ha sido de todo en el mundo político que nunca ha condenado a ETA: ha defendido a presos de ETA en la Audiencia Nacional y ha recorrido muchos juzgados de vigilancia penitenciaria durante 28 años. Él mismo pisó la carcel para quedarse al otro lado de los barrotes durante dos años. "He estado en una galería de aislamiento, sé lo que es eso. He sido preso preventivo y luego fui absuelto", relató.

El ahora senador de Amaiur -que estuvo presente en el registro de su despacho, contiguo al que ocupaba hasta su detención el pasado 9 de enero la letrada Arantza Zulueta- pisa moqueta. Pero esto no le ha hecho variar su discurso clásico: en Euskadi "hay un conflicto político", ETA sería una consecuencia de ese conflicto y considera que para que haya "garantías" de que no se vuelva a repetir lo que sucedió "hay que resolver las consecuencias de un conflicto doloroso, para todos" a través de una salida política. Es verdad que habló de la necesidad de reivindicar la "memoria de lo que ha ocurrido" y de la necesidad de la "reparación" de las víctimas, pero dentro de ese concepto que maneja ahora Sortu y EH Bildu con reiteración de la "justicia transicional", algo "que nada tiene que ver con la justicia blanda", precisó.

"CAMBIO DE PERSONAS EN EL MINISTERIO DE INTERIOR"

Pero también hubo momentos para el acercamiento y el terreno común. Sobre todo cuando Etxebarria y Goioaga compartieron su visión sobre las "excepcionalidades" que rodean a la aplicación "práctica" de la política penitenciaria a los presos por delitos de terrorismo y de la legislación penal y procesal. En esa crítica se encontraron los dos letrados. De hecho, ambos han encontrado dificultades a la hora de conseguir beneficios penitenciarios para sus defendidos. Etxebarria ha estado en la órbita de los presos de la vía Nanclares y lanzó ayer una andanada contra el Ministerio del Interior y el Gobierno del PP por haber cortocircuitado, vino a decir, una política de reinserción que con el Gobierno socialista de Zapatero había permitido una "evolución de calado desde el punto de vista ético" a unos 27 ya expresos de ETA.

"Hace falta un cambio de política penitenciaria y de personas. No parece que con este Ministerio del Interior podamos avanzar en ninguna dirección", sostuvo, reconociendo que los cambios legislativos y las reformas de las prácticas diarias son "tan necesarias como improbables" con el PP. Y propuso pasos concretos a dar: acabar con clasificación generalizada en primer grado [la más dura y la que todos los reclusos de ETA tienen durante buena parte de su condena] y "como principio general que se cumplan las penas cerca del lugar donde uno se va a reinsertar. Pueden estar cerca y no juntos", precisó Etxebarria, intentado así diferenciar el concepto de alejamiento del de la dispersión. Pero en todo caso defendió que "la excepción debe estar justificada".

Este coto a la excepcionalidad también fue reivindicado por el fiscal Calparsoro. "Cuando ETA se disuelva, y ETA debe disolverse, se podrá exigir que el País Vasco recupere la competencia del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria [centralizado en la Audiencia Nacional desde 2003 por decisión del gobierno de Aznar] y del enjuiciamiento de estos delitos".

El senador de Amaiur Iñaki Goioaga puso en valor el paso dado por el colectivo de presos etarras con el comunicado del EPPK del 28 de diciembre pasado. Y frente a la visión que algunos han querido dar de los presos excarcelados tras tumbar el Tribunal de Estrasburgo la 'doctrina Parot' celebrando, festejando y casi mofándose de las víctimas, Goioaga dijo -en respuesta a una pregunta del público que habló de unos presos vanagloriándose de su pasado terrorista-: "no he visto que se vanaglorien. He visto silencio. Reconocen el daño causado y además han dejado claro que no van a utilizar esos métodos [el terrorismo], sino que se integran en otro método de actuación. El peligro de reincidencia queda fuera".

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