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Piden mejorar la asistencia sanitaria a los reclusos

El preso Honorio Gómez perdió cinco operaciones 'como castigo'

12 de febrero de 2014

Acusan a jefes de seis cárceles de trasladar por sistema a un enfermo reivindicativo. Los traslados anularon cirugías programadas, denuncia Derechos Humanos. El interno, ahora en Sevilla-II, cuenta su caso en un vídeo de la APDH-A. Según la APDH-A, "la salud se usa como moneda de cambio para que el preso no reivindique".

EL MUNDO (EDUARDO DEL CAMPO).- La ley dice que los presos tienen derecho a una atención sanitaria equivalente a la de la población libre. Pero que le pregunten a Honorio Gómez Alfaro, cuyo caso presentó ayer la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdh-A) como ejemplo de la falta de cuidados que sufren «miles de internos».

Honorio Gómez, albaceteño de 45 años, preso desde 1996, exdelincuente, ahora monitor de artesanía, ha pagado caro, con su salud, ser reivindicativo con sus derechos. Los responsables de Instituciones Penitenciarias en las seis cárceles por las que ha pasado hasta llegar a la de Sevilla-II lo trasladaban de prisión cada vez que conseguía cita para que lo operaran en un hospital de las enfermedades que sufría, según denunció ayer Derechos Humanos. El afectado da su testimonio en un vídeo (ver en Youtube «Entrevista Honorio Gómez Alfaro»).

La falta de intervención médica por sucesivos «castigos encubiertos» en forma de traslado (lo han cambiado ocho veces) le han provocado la amputación de un dedo y parte del dorso de una mano «y el padecimiento de dolores y sufrimientos constantes con cólicos nefríticos habituales», dijo la coordinadora general de la asociación, la abogada Maribel Mora. Por ello, la Apdh-A ha presentado con él una denuncia penal en Madrid en la que acusa por posible delito de torturas o contra la integración moral, prevaricación y rigor innecesario a quienes eran durante el periplo de Honorio subdirector general de Tratamiento y Gestión Penitenciaria, subdirector general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y los directores y subdirectores médicos de las cárceles de Carabanchel, Herrera de la Mancha, Aranjuez, Soto del Real, Navalcarnero y Valdemoro.

La asociación explicó que desde que Honorio Gómez entró en prisión desarrolló una litiasis renal derecha que «le ha provocado frecuentes cólicos nefríticos complicados con dolor intensísimo». Además, «ha padecido la enfermedad de Dupuytren, que le ha provocado también dolores en los dedos de la mano, la inmovilización de los mismos y su retracción».

La coordinadora general de la asociación llama la atención sobre el hecho de que mientras Honorio no tenía posibilidades de que lo operaran no lo trasladaban, como en Aranjuez, donde estuvo ocho años. «Sin embargo, cada vez que ha tenido próxima la posibilidad de intervención quirúrgica, ha sido trasladado». En cada nuevo destino tenía que hacerse nuevas pruebas en los hospitales públicos, que se frustraban cuando lo volvían a trasladar antes de la operación. Así perdió «cinco operaciones programadas». Todo ello pese a que, como subraya Pro Derechos Humanos, «la Circular de Instituciones Penitenciarias 2/98 dispone la suspensión de los traslados cuando existan tratamientos o pruebas médicas pendientes, y de que la ley general penitenciaria en su art. 3.4 LOG establece la obligación de la administración penitenciaria de velar por la vida, integridad y salud de las personas presas». Con ayuda de la asociación, logró que lo operaran en Sevilla.

Recuerda Derechos Humanos que Honorio Gómez está clasificado en el FIES (Fichero de internos de especial seguimiento) y que se le intervienen todas sus comunicaciones «por realizar, en los últimos años, campañas reivindicativas contra la tortura y falta de asistencia médica en las prisiones, según Instituciones Penitenciarias junto con grupos en el exterior de pretendida 'ideología anarquista y antisistema' aunque sin referir actividad delictiva alguna».

Maribel Mora denuncia que ser anarquista, hacer huelgas de hambre o escribir cartas a la ONU, los Juzgados y a los Defensores del Pueblo estatal y andaluz no es un delito y defiende que, por el contrario, Honorio tiene «una conducta intachable e implicada en su reinserción». Pone como prueba de ello que no tenga sanciones «desde hace muchos años», esté clasificado en segundo grado, ejerza de monitor de un curso ocupacional de madera en Sevilla-II y acabe de disfrutar un permiso concedido por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 11 de Sevilla. A este Juzgado le han alertado de la posibilidad de un nuevo traslado como «posible castigo encubierto por sus continuas reivindicaciones y denuncias».

La Apdh-A recordó ayer que los médicos de las cárceles deben ser independiente y no miembros de los servicios penitenciarios según el Comité contra la Tortura de la ONU. Añade en este sentido que la Ley española de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud obligaba antes del 1 de diciembre de 2004 a que los servicios sanitarios de Instituciones Penitenciarias se transfirieran a las comunidades autónomas para integrarse en sus servicios de salud, pero critica que sigue pendiente «por falta de interés de la Junta de Andalucía desde el 2004 y del gobierno central actual». Este cambio, dice, «permitiría que la salud deje de ser una moneda de cambio utilizada por Instituciones Penitenciarias para que el preso se apacigüe y cese en actitudes reivindicativas, pues los médicos no lo tolerarían. Actualmente no deciden ellos».

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