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RCL 1987\1822 Legislación

Tratado de 25 febrero 1986, ratificado por Instrumento de 19 mayo 1987

JEFATURA DEL ESTADO
BOE 5 agosto 1987, núm. 186, [pág. 23992];

PERÚ. Transferencia de personas sentenciadas a penas privativas de libertad y medidas de seguridad privativas de libertad, así como de menores bajo tratamiento especial


Texto: 

Por cuanto el día 25 de febrero de 1986, el Plenipotenciario de España firmó en Lima, juntamente con el Plenipotenciario del Perú, nombrados ambos en buena y debida forma al efecto, el Tratado entre el Reino de España y la República del Perú sobre transferencia de personas sentenciadas a penas privativas de libertad y medidas de seguridad privativas de libertad así como de menores bajo tratamiento especial.

Vistos y examinados los trece artículos del Tratado,

Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el artículo 94.1 de la Constitución (RCL 1978\2836 y Ap. 1975-85, 2875).

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, Mando expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

Tratado entre el Reino de España y la República del Perú sobre transferencia de personas sentenciadas a penas privativas de libertad y medidas de seguridad privativas de libertad, así como de menores bajo tratamiento especial

El Reino de España y la República del Perú habiendo convenido en la necesidad de cooperar mutuamente en la lucha contra la criminalidad, en la medida en que los efectos de ésta trasciendan sus fronteras, y animados por el propósito de asegurar la mejor administración de la justicia mediante la adopción de métodos adecuados que faciliten la rehabilitación social de los reos y el tratamiento especial de los menores.

Por el presente resuelven concertar un Tratado sobre transferencia de personas sentenciadas a penas privativas de libertad y medidas de seguridad privativas de libertad, así como de menores bajo tratamiento especial, de la forma siguiente:

Artículo 1. 1. Las sentencias a penas privativas de libertad y medidas de seguridad privativas de libertad, impuestas en el Reino de España a nacionales de la República del Perú, podrán ser cumplidas en establecimientos penales de la República del Perú o bajo la vigilancia de sus autoridades, de conformidad con las disposiciones del presente Tratado.

2. Las sentencias a penas privativas de libertad y medidas de seguridad privativas de libertad, impuestas en la República del Perú a nacionales españoles, podrán ser cumplidas en establecimientos penales del Reino de España o bajo la vigilancia de sus autoridades, de conformidad con las disposiciones del presente tratado.

Artículo 2. Para los fines del presente tratado:

1. Estado Trasladante significa la Parte de la cual el reo habrá de ser trasladado.

2. Estado Receptor significa la Parte a la cual el reo habrá de ser trasladado.

3. Reo significa una persona que, en el territorio de una de las Partes, haya sido condenada en virtud de sentencia firme a una pena privativa de libertad o medidas de seguridad privativas de libertad, incluso hallándose en situación de libertad vigilada o en régimen de condena condicional.

Artículo 3. El presente Tratado se aplicará únicamente bajo las siguientes condiciones: 1. Que el delito por el cual el reo fue declarado culpable y condenado sea punible en el Estado Receptor, en la inteligencia que, no obstante, esta condición no sea interpretada en el sentido de requerir que el delito descrito por las leyes de ambos Estados sea idéntico en aquellas cuestiones o aspectos que no afecten a la naturaleza del delito.

2. Que el reo sea nacional del Estado Receptor.

3. Que el reo no haya sido condenado a muerte, a menos que tal condena haya sido conmutada.

4. Que el reo no haya sido declarado culpable de un delito exclusivamente militar.

5. Que la parte de la condena del reo que quede por cumplirse en el momento de hacerse la solicitud sea por lo menos de seis meses.

6. Que la sentencia sea firme o definitiva, y por tanto se hayan agotado todos los recursos, no quedando pendiente procedimientos extraordinarios de revisión en el momento de invocar las disposiciones del presente Tratado.

7. Que las disposiciones de la sentencia, fuera de la privación de la libertad, hayan sido satisfechas.

Artículo 4. El traslado del reo puede ser rechazado si éste no ha cumplido o garantizado el pago, a satisfacción del Estado Trasladante, de las multas, gastos de justicia, reparación civil y condenas pecuniarias de toda índole que corran a su cargo de acuerdo a lo dispuesto en la sentencia condenatoria.

Artículo 5. 1. Las Partes designarán a las autoridades encargadas de dar cumplimiento a las funciones dispuestas en el presente Tratado.

2. Las autoridades competentes del Estado Trasladante informarán de oficio, a todo reo con sentencia firme nacional del otro Estado, sobre la posibilidad que se le ofrece, en aplicación del presente Tratado, de obtener su traslado al Estado Receptor para el cumplimiento de su pena o medida de seguridad privativa de libertad, dándole conocimiento asimismo de las consecuencias jurídicas que podrían derivarse de tal traslado.

Artículo 6. 1. Cada traslado de reos españoles se iniciará mediante una petición hecha por escrito y presentada por la Embajada del Reino de España en la República del Perú al Ministerio de Relaciones Exteriores.

2. Cada traslado de reos peruanos se iniciará mediante una petición hecha por escrito y presentada por la Embajada de la República del Perú en el Reino de España al Ministerio de Asuntos Exteriores.

3. Si el Estado Trasladante considera procedente la petición de traslado del sentenciado, y él da su consentimiento expreso, el Estado Trasladante comunicará al Estado Receptor su aprobación de tal solicitud de modo que una vez que se hayan completado los arreglos internos, se pueda efectuar el traslado.

4. La entrega del reo por las autoridades del Estado Trasladante a las del Estado Receptor se hará en el lugar que convengan ambas partes. El Estado Receptor será responsable de la custodia del reo y de su transporte desde el Estado Trasladante.

5. Para tomar la decisión relativa al traslado de un reo y de conformidad con el objetivo que el traslado contribuya positivamente a su rehabilitación social, la autoridad de cada una de las Partes considerará, entre otros factores, la gravedad del delito, los antecedentes penales del reo, de tenerlos, su estado de salud y los vínculos que pueda tener con la sociedad del Estado Trasladante y la del Estado Receptor.

6. El Estado Trasladante suministrará al Estado Receptor copia certificada de la sentencia relativa al reo, haciendo constar su firmeza. Si el Estado Receptor considera que tal información es insuficiente, podrá solicitar, a su costa, las principales partes de las actas del juicio u otra información que se estime necesaria.

Los documentos que se entreguen de Estado a Estado, en aplicación del presente Tratado, están exentos de las formalidades de legalización, salvo solicitud en contrario.

7. El Estado trasladante tiene absoluta discrecionalidad para rechazar el traslado del reo, sin necesidad de expresión de causa. Tal decisión se comunicará sin demora al Estado Receptor.

8. Antes de efectuarse el traslado, el Estado Trasladante brindará al Estado Receptor, si éste lo solicita, la oportunidad de verificar, mediante funcionario designado conforme a las leyes del Estado Receptor, que el consentimiento del reo fue dado de manera voluntaria y con el pleno conocimiento de las consecuencias legales inherentes al mismo.

9. El Estado Receptor no tendrá derecho a reembolso alguno por gastos contraídos con motivo del traslado del reo o del cumplimiento de su condena.

Artículo 7. Un reo entregado para el cumplimiento de una condena en virtud del presente Tratado no podrá ser detenido, enjuiciado o condenado nuevamente en el Estado Receptor por el delito que motivó la condena impuesta por el Estado Trasladante.

Artículo 8. Sólo el Estado Trasladante mantendrá jurisdicción sobre la sentencia impuesta y cualesquiera otros procedimientos que dispongan la revisión o modificación de las sentencias dictadas por sus Tribunales. Cada parte podrá solicitar de la otra la concesión del indulto, amnistía o clemencia al reo, sin embargo el Estado Trasladante retendrá la facultad de indultar o conceder amnistía o clemencia al reo. El Estado Receptor, al recibir aviso de cualquier decisión al respecto, deberá adoptar con prontitud las medidas que correspondan en concordancia con su legislación sobre la materia.

Artículo 9. La ejecución de la pena del reo trasladado se cumplirá de acuerdo a las normas del régimen penitenciario del Estado Receptor. En ningún caso puede modificarse por su naturaleza o por su duración, la pena privativa de libertad pronunciada por el Estado Trasladante.

Artículo 10. 1. El presente Tratado se aplicará asimismo a personas sujetas a supervisión u otras medidas, conforme a las leyes de una de las Partes relativas a los menores de edad. Las Partes, de conformidad con sus leyes, fijarán el tipo de tratamiento que se aplicará a tales personas al ser trasladadas. Para el traslado se obtendrá el consentimiento de un representante legalmente autorizado.

2. Nada de lo estipulado en el presente Tratado se interpretará en el sentido de limitar las facultades que las Partes puedan tener independientemente del presente Tratado, para conceder o aceptar el traslado de un menor de edad.

Artículo 11. Con el objeto de cumplir con los propósitos del presente Tratado, cada una de las Partes adoptará las medidas legislativas necesarias y establecerá los procedimientos administrativos adecuados para que la sentencia con pena privativa de libertad y medidas de seguridad privativas de libertad impuestas por el Estado Trasladante tenga efecto legal dentro del Estado Receptor.

Artículo 12. El presente Tratado podrá aplicarse al cumplimiento de sentencia a pena privativa de libertad o medidas de seguridad privativas de libertad, dictadas ya sea con anterioridad o con fecha posterior a la entrada en vigor del presente Tratado.

Artículo 13. 1. El presente Tratado estará sujeto a ratificación y entrará en vigor en la fecha del canje de los Instrumentos de Ratificación. Dicho canje tendrá lugar en la ciudad de Madrid.

2. El presente Tratado tendrá una duración indefinida. Cualquiera de las Partes podrá denunciarlo mediante notificación escrita. La denuncia surtirá efecto a partir del sexto mes de haberse efectuado dicha notificación.

Hecho en Lima el 25 de febrero de 1986, en dos originales igualmente auténticos.

El presente Tratado entró en vigor el día 9 de junio de 1987, fecha del intercambio de los Instrumentos de Ratificación, según se establece en su artículo XIII.