Skip navigation.

M.I. Colegio de Abogados de PamplonaM.I. Colegio de Abogados de Pamplona
M.I. Ilustre colegio de abogados de pamplona
Derecho penitenciario
Subcomisión Bibliografía Centros penitenciarios Enlaces
La WebPresentaciónNormativaJurisprudenciaOrganismos internacionalesDoctrinaEncuentrosNoticias
Derecho Penitenciario > Jurisprudencia

Jurisprudencia

Organo Judicial: Tribunal Constitucional
Tipo de disposición: Sentencia
Resumen: STC 40/2010, de 19 de julio. DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS (DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL. MALOS TRATOS Y RIGOR INNECESARIO. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA). Se otorga el amparo. El TC aprecia vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) en relación con el derecho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE). El recurrente presentó denuncia ante el Juzgado Decano de Aranjuez por los malos tratos, físicos y psicológicos que afirmaba haber recibido en el Centro Penitenciario Madrid VI. Tras solicitar informe al Centro Penitenciario y tomar declaración al denunciante, el Juzgado instructor dictó auto de sobreseimiento y archivo de la causa. Hay vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en este ámbito si no se abre o se clausura la instrucción cuando existan sospechas razonables de que se ha podido cometer el delito de torturas o de tratos inhumanos o degradantes denunciado, y cuando tales sospechas se revelen como susceptibles de ser despejadas, ya que respecto a la investigación de indicios de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes sufridos bajo la custodia de autoridades policiales, de los Acuerdos internacionales firmados por España y del propio tenor del art. 15 CE se desprende un especial mandato de agotar cuantas posibilidades razonables de indagación resulten útiles para aclarar los hechos. En estos supuestos, en los que el valor superior de la dignidad humana puede verse comprometido con motivo de una situación especial en la que el ciudadano se encuentra provisionalmente bajo la custodia física del Estado, es necesario acentuar las garantías, de tal modo que el ordenamiento constitucional pueda amparar al ciudadano fácticamente desprotegido ante cualquier sospecha de excesos contra su integridad física o moral. En el caso de autos, no se produjo una investigación judicial eficaz, toda vez que se decidió archivar las diligencias abiertas cuando podía no haberse esclarecido suficientemente la realidad de los hechos denunciados y existían aún medios razonablemente disponibles para despejar las posibles dudas al respecto.
Número: 40/2010
Fecha: 19-07-2010
Documento PDF: PDF 100 KB

Volver al listado

© M. I. Colegio de Abogados de Pamplona - Iruñeko Abokatuen Elkargo T. Arg. - Avenida del Ejército, 2 - Planta 10ª, 31002 Pamplona